Tren de Aragua: acusan “atropello” del Gobierno sobre el juez que ordenó entregar identidades de testigos

El caso sigue teniendo repercusiones. Luego de que el juez del Tribunal de Garantía de Arica, Héctor Barraza, ordenara a la fiscalía mediante una resolución judicial la entrega de las identidades de 56 testigos protegidos en la causa de “Los Gallegos” vinculados al Tren de Aragua, el Gobierno y la Corte de Apelaciones cuestionaron la decisión.

El máximo tribunal de la Región de Arica y Parinacota frenó el fallo, abrió una investigación en contra del magistrado y, además, el Ministerio de Justicia presiona para que la revisión de su actuar tenga resultados en lo inmediato antes las dudas que surgen por la decisión que pudo poner en peligro a una serie de ciudadanos involucrados en un caso que ha sido catalogado por las autoridades como “peligroso”.

Si bien la resolución fue bloqueada, la defensa de este clan que pertenece a la organización delictual de origen venezolano accedió a sobres con nombres, por lo que estas personas que han declarado y entregado información en el proceso fueron reubicadas.

“A todas estas personas civiles los reubicamos… Hemos invertido en la protección de esas personas, en su reubicación, en darles un alojamiento en otro lugar. La preocupación está en las víctimas, en los testigos y, eventualmente, en los funcionarios judiciales y de la PDI”, explicó el fiscal Mario Carrera.

“Por instrucción del presidente se ha remitido a la Corte Suprema los antecedentes que disponemos sobre la decisión del juez. Nosotros creemos que la forma y modo en que se adoptaron las decisiones es posible que hubiese incumplimiento a deberes funcionarios”, confirmó el ministro de Justicia, Luis Cordero.

Magistrados consideran “atropello” al juez Barraza

La resolución de la Corte de Apelaciones y la respuesta del Gobierno tuvo eco en la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas (ANMM), donde estiman que al revertir el fallo de Héctor Barraza en Arica se pierde, supuestamente, la independencia del juez para decidir.

“Creemos que la decisión del Gobierno de remitir a la Corte Suprema los antecedentes que disponen sobre la decisión del juez de garantía Héctor Barraza, que en opinión del Gobierno constituyen hechos graves que puedan comprometer su conducta ministerial, es una intromisión y un atropello a la independencia de los jueces y las juezas en nuestro país“, dijo la presidente de la ANMM, Mariela Hernández.

“Si bien no podemos calificar una decisión jurisdiccional, ni menos referirnos a las acciones del Ministerio Público, como se evidencia—en este caso, como en otros—las partes han hecho uso de las herramientas que confiere la ley, por lo que estimamos que el ejercicio de la facultad establecida en la Constitución, en este caso se afecta notoriamente a la independencia judicial”, agregó.