El fundador de Democracia Viva, Daniel Andrade, y el ex seremi de Vivienda en Antofagasta, Carlos Contreras, serán formalizados esta jornada en Antofagasta en el marco del caso Convenios.
Ambos están acusados de varios delitos, entre ellos fraude al Fisco, cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible y malversación de caudales públicos.
Pero, ¿en qué consiste cada uno? ¿Cuáles son las diferencias entre ellos y a qué penas se arriesgan quienes los cometen?
Los delitos que les imputarán a Andrade y Contreras
El fraude al Fisco es una forma de estafa en la que el autor es un empleado público, que le produce un daño económico al Estado.
Quienes lo cometen arriesgan una pena de presidio menor en sus grados medio a máximo (541 días a cinco años), en caso de que el monto de lo defraudado sea inferior a las 40 UTM. Si es mayor a este monto, puede ser condenado a presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo (tres años y un día a 10 años).
Por otra parte, si el fraude al Fisco supera las 400 UTM la condena puede ser de presidio mayor en sus grados mínimo a medio (cinco años y un día a 15 años).
Cohecho es el delito que comete un empleado público al aceptar o solicitar un soborno para ejecutar u omitir un acto propio de su cargo.
Quienes lo cometen arriesgan una pena de reclusión menor en su grado mínimo, además de la suspensión temporal o inhabilidad absoluta para trabajar en el sector público.
El tráfico de influencias consiste en influir en un funcionario o autoridad pública a través de una relación de superioridad, confianza o prestigio, para conseguir un beneficio económico.
Su comisión conlleva una pena de reclusión menor en sus grados medio a máximo, así como la inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos. Incluye además una multa.
Negociación incompatible y malversación de caudales públicos
Por su parte, la negociación incompatible, en el caso de los empleados públicos, se refiere a cuando, directa o indirectamente, intenta obtener un beneficio en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual debiera de intervenir en razón de su cargo.
Este delito se sanciona con la pena de reclusión menor en sus grados medio a máximo, inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos. También conlleva una multa.
La malversación de caudales públicos, en tanto, consiste en el uso indebido, a través de actos de apropiación o alteración, de bienes públicos por parte de quien los tiene a su cargo en virtud de sus funciones.
En Chile este delito se castiga con una pena de presidio menor en grado medio a máximo si la substracción excede de 1 UTM y no pasa las 4 UTM. Si excede las 4 UTM, pero no supera las 40 UTM, la condena es de presidio menor en grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. En caso que sea superior a las 40 UTM, se arriesga presidio mayor en grado mínimo a medio.
