¿El levantamiento del secreto bancario serviría para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado?
Esta semana el Gobierno apuró la tramitación de la Ley de Inteligencia económica, la cual contempla entre sus medidas el alzamiento del secreto bancario para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
Este lunes, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la agenda de seguridad que planea implementar el Ejecutivo. En ese sentido, recalcó la importancia de apurar la Ley de Inteligencia Económica, la cual busca combatir el crimen organizado, y junto con ello, perseguir delincuentes y la ruta del dinero que ganan con el narcotráfico.
La iniciativa plantea principalmente conducir al desarrollo de un ecosistema de inteligencia económica, la prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas, y la creación de facultades intrusivas y sancionatorias.
Sobre ello, la ministra Camila Vallejo expresó: “Ahí tenemos otra tarea pendiente que está radicada en el Congreso. Si queremos dar de mejor manera con el paradero de las armas y el negocio que está detrás de las armas, necesitamos la Ley de Inteligencia Económica. Esto no es baladí, no es un eslogan, porque son estas armas de fuego y el negocio que está detrás de ellas es la que está matando a nuestros compatriotas y está matando a nuestros niños y niñas”.
En esa línea, la vocera de Gobierno dijo que a pesar de que “no está en la agenda de fast track legislativo, es una prioridad del Gobierno sacar la Ley de Inteligencia Económica”.
¿Qué es el secreto bancario y cómo su levantamiento ayudaría a combatir el crimen organizado?
En concreto, la iniciativa nace con el objetivo de realizar la trazabilidad de los movimientos del dinero proveniente del lavado de activos y otros actos ilícitos que tengan que ver con el crimen organizado. Esto, bajo mecanismos fiscalizadores y de inteligencia, sumado al levantamiento del secreto bancario.
Este último punto es el más discutible del proyecto, el cual ha sido resistido por parlamentarios de la oposición.
Carlos Gajardo, ex fiscal del Ministerio Público se mostró a favor de este tipo de iniciativas. “Son medidas que van en la línea correcta y permitiría combatir una serie de delitos relevantes, entre ellos, la corrupción y en general todos los delitos que tengan que ver con criminalidad organizada”, comentó a EL DÍNAMO.
Sobre esta medida, el ex director de Seguridad Pública y académico de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, conversó con EL DÍNAMO y habló sobre la importancia que tendría el alzamiento del secreto bancario, ya que “apunta a la cúpula del crimen organizado”, dijo.
“No se trata sólo de pillar a los tipos que andan en la calle disparando o haciendo algún secuestro, porque normalmente ellos son subcontratados. Hay una cúpula que es la que maneja las finanzas y en la medida que tú desarmas esa cúpula, desarmas a toda la organización criminal, por lo tanto es clave lograr contar con esta herramienta del levantamiento del secreto bancario para poder desarticular todas las ganancias del narcotráfico del crimen organizado en general”, explicó.
En esa línea, detalló que “toda la actividad del tráfico de drogas y del crimen organizado en general necesita hacer lavado de dinero”, que tiene que ver con invertir recursos en negocios legales para aparentar que las ganancias que ellos tienen tengan un origen “lícito”.
Bajo este contexto, Araya asegura que la única manera de perseguir esto es levantar el secreto bancario, para que la policía en sus investigaciones puedan acceder a estos antecedentes e identificar operaciones sospechosas y cuentas abultadas que no se justifican con las ganancias de los sujetos”.
¿Qué otra medida podría ser eficaz para enfrentar la crisis de seguridad?
Según Carlos Gajardo, las medidas que tiene la legislación chilena son adecuadas, pero “es necesario tener más intensidad para llevar a la práctica. El gran organismo que en nuestro país efectúa inteligencia financiera, que se dedica a revisar y perseguir operaciones que puedan ser sospechosas es la Unidad de Análisis Financiero, que desgraciadamente cuenta con muy poco personal, ya que solo trabajan 75 personas”.
En esa línea, sostuvo que “eso hace inviable que se puedan hacer investigaciones con la calidad y el número que se requiere. Por lo tanto, más allá de efectuar modificaciones legales, que algunas pueden ser útiles en esta materia, lo importante es reforzar los equipos de trabajo que están a cargo”.
Algo similar expone Jorge Araya, quien dice que “el Estado chileno requiere mayores capacidades de fiscalización, fortalecimiento de la aduana, fortalecimiento del SII y el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero”.