Pensiones de gracia: a quiénes decidió el Gobierno que se les revocará
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, precisó que el beneficio se mantendrá "si hay un daño permanente".
Hay 418 pensiones otorgadas producto de lo ocurrido en el estallido social de 2019. AGENCIA UNO/ARCHIVO.
El Gobierno decidió revocar la mayoría de las pensiones de gracia otorgadas a 418 personas en el marco del estallido social del 2019, aunque dejó en claro a quiénes se les mantendrá el beneficio.
De acuerdo a lo precisado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, el beneficio se mantendrá “si hay un daño permanente“.
“Las lesiones oculares son el caso más evidente”, puntualizó el secretario de Estado, quien añadió que en estos casos el beneficio se mantendrá independiente de que existan antecedentes penales.
Durante su participación en el programa Estado Nacional, el ministro Cordero se refirió a la determinación adoptada por el Ejecutivo. “El presidente de la República lo ha definido, lo expresó la ministra Tohá y yo lo he expresado con anterioridad“, precisó el titular de Justicia.
Dijo también que “el Ministerio del Interior se encuentra estudiando cada uno de los expedientes”.
Pensiones de gracia otorgadas por el Ejecutivo
“Tenemos 418 pensiones otorgadas producto de las glosas del estallido. Esto es bien relevante, porque aquí se ocupa la atribución general, pero está por la glosa de 2021 y 2022″, manifestó.
A continuación detalló que 148 de los casos “corresponden a la administración del ex presidente Piñera y 270 a la administración del presidente Boric. Se pagaron con los recursos del 2022″, aseguró.
El ministro de Justicia añadió que “el Ejecutivo ha concentrado su labor en las personas que han sido condenadas con condenas previas o posteriores. Y en segundo lugar, que no hubiesen estado dentro de los supuestos que les permitía recibir la pensión”. Es decir, que hubiesen recibido “un daño permanente que les generó imposibilidad laboral“, añadió.
“Chile no tiene un mecanismo de compensación e indemnización por vía administrativa. Cualquier persona que sufre daño tiene que inevitablemente iniciar una demanda judicial (…) dura mucho tiempo y en el que el Consejo de Defensa del Estado hace su labor de defensa fiscal”, cerró.
