Las graves falencias que detectó la Contraloría en la entrega de pensiones de gracia
El documento se conoció horas antes de que la Cámara de Diputados vote el informe de la comisión investigadora de posibles irregularidades en la entrega del beneficio.
El informe elaborado por la Contraloría menciona 58 beneficiados que tienen antecedentes penales. AGENCIA UNO/ARCHIVO.
Un informe elaborado por laContraloría General de la República (CGR) dio cuenta de las graves falencias en la entrega de numerosas pensiones de gracia a raíz de la represión durante el estallido social.
De acuerdo con el reporte de la entidad fiscalizadora, entre las personas beneficiadas con la medida se incluyen 58 que “tienen antecedentes penales por condenas, con resultado de multa, prisión y reclusión o presidio, incluidos delitos violentos”.
El texto difundido por la Contraloría detalló también que un total de 19 expedientes de beneficiarios a la pensión de gracia en estudio que remitió el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), “no presentaban antecedentes médicos“.
“O bien, los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios respecto del daño o con una fecha anterior a octubre de 2019“, añadió el informe.
La Contraloría también consignó que “se constató que 10 de los casos revisados no presentaban antecedentes médicos, o bien los respaldos no permiten acreditar el relato del postulante”.
Según el organismo, lo anterior “da cuenta que el INDH no realizó indagaciones adicionales a los documentos entregados inicialmente por la víctima, para verificar los hechos relatados“.
Delitos violentos
De acuerdo a lo revelado en el informe emitido por la Contraloría, se comprobó que 58 de las 419 personas beneficiadas con una pensión “tienen antecedentes penales por condenas”.
“En efecto, se tuvo a la vista antecedentes que dan cuenta de beneficiarios que tienen más de 10 condenas, por diversos tipos penales“, detalla el texto.
Entre otros, mencionó “delitos de estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar“.
La entrega del informe de la Contraloría se produjo horas antes de que la Cámara de Diputados vote el informe de la comisión investigadora que estudió posibles irregularidades en la entrega de dichas pensiones.
