Expulsión de extranjeros: la polémica tras crimen del teniente Sánchez y el documento que firmó Boric siendo diputado

Uno de los migrantes venezolanos involucrados en el crimen del teniente de Carabineros, Emmanuel Sánchez, tenía una orden vigente desde 2020 para ser sacado del país, antecedente que puso nuevamente en entredicho la política de expulsión de extranjeros en Chile.

Se trata de Julio César González Vargas, quien terminó muerto tras la balacera en la comuna de Quinta Normal. El delincuente extranjero ingresó a Chile el 16 de septiembre de 2020 a través de un paso no habilitado en la provincia de Tamarugal, Región de Tarapacá.

Esta situación fue denunciada ante el Ministerio Público el 6 de octubre de aquel año, para dar inicio al proceso de expulsión del migrante oriundo de Venezuela.

Tras esto, la resolución administrativa decretó que Julio César González debía ser expulsado del país “siempre que no existan causas pendientes” en contra de él, y en caso de que sí las hubiera, la orden tenía que llevarse a cabo tras el cumplimiento respectivo.

Sin embargo, dicho procedimiento no se llevó a cabo, puesto que González fue una de las cinco personas involucradas en el enfrentamiento que terminó con la muerte del teniente de Carabineros, Emmanuel Sánchez en Quinta Normal.

¿Por qué no se ejecutó la orden de expulsión?

Bajo este contexto, el delegado regional de Tarapacá, Daniel Quinteros, se refirió al decreto de expulsión que mantenía vigente el migrante venezolano abatido.

“Es una información que se está revisando, efectivamente hay antecedentes que apuntan en la línea que se señala (…) Son antecedentes que tenemos que confirmar”, expuso con respecto al documento.

Siguiendo en esa línea, la autoridad sostuvo que revisarán la información con el objeto de “saber cuál es efectivamente la situación puntual de esta persona, pero podría estar dentro del universo de todo ese cúmulo de expulsiones pendientes que las administraciones anteriores no ejecutaron”.

Por lo anterior, Quinteros aseguró que se ha realizado un trabajo para fortalecer las expulsiones administrativas y que el Ejecutivo puso suma urgencia al proyecto de ley que restablece las expulsiones penales para los individuos condenados a menos de cinco años.

Monsalve apunta a poca colaboración de Venezuela

Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, al ser consultado por la orden de expulsión vigente que no se ejecutó en este caso, dijo: “¿Qué ha fallado? El país desde el año 2018 a la fecha expulsa en promedio 300, 350 personas por año. Esa es la capacidad de expulsión como país”.

“Evidentemente, porque la principal población extranjera que ha ingresado de manera irregular a Chile, es de nacionalidad venezolana y porque para poder cruzar a ciudadanos venezolanos a Venezuela, se requiere necesariamente la coordinación con el gobierno venezolano, si no, no es posible“, agregó respecto a la poca colaboración del Gobierno de Venezuela.

En esa línea, Monsalve explicó que para ejecutar la expulsión hacia Venezuela, se requiere la autorización del ingreso de aviones al espacio aéreo y la corroboración de las identidades de las personas que se va a expulsar por parte del consulado venezolano en Chile.

El requerimiento que firmó Boric cuando era diputado para evitar expulsión de extranjeros

En diciembre de 2020, el diputado Gabriel Boric recurrió al Tribunal Constitucional junto con 42 parlamentarios con el objetivo de impedir la promulgación de 14 artículos de la Ley de Migraciones presentada por el Gobierno de Sebastián Piñera.

Entre estos artículos, se encontraba la reconducción de migrantes, que establecía que una persona que esté ingresando por un paso irregular a Chile sea reconducida a su punto de origen.

Tras el requerimiento de diputados del Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Comunista, el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional seis artículos de la nueva Ley de Migraciones.

Uno de los artículos que el TC declaró inconstitucional estaba la norma que buscaba regular la medida de expulsión de un migrante del país. De acuerdo a lo que planteaba la iniciativa, “una vez que se encuentre a firme y ejecutoriada la resolución que ordena la expulsión, se podrá someter al afectado a restricciones y privaciones de libertad por un plazo que no puede ser superior a setenta y dos horas“.

Consultado el entonces candidato presidencial Gabriel Boric por dicha decisión, dijo no recordar haber firmado el requerimiento.