Expulsión de extranjeros y extradición desde Venezuela: el engorroso proceso para deportar y solicitar la captura de criminales

La crisis migratoria es uno de los escenarios más complejos que ha tenido que enfrentar el Gobierno de Gabriel Boric, situación que ha estado aparejada con el aumento de la participación de extranjeros en criminalidad violenta y la llegada de grupos de crimen organizado provenientes de diversos países de América Latina.

Organizaciones como el Tren de Aragua, Los Gallegos, Los Trinitarios, el asesinato del teniente venezolano (r), Ronald Ojeda, y el crimen del mayor de Carabineros, Emmanuel Sánchez, han provocado que esta problemática se tome la agenda y ejerza presión sobre el Ejecutivo para que tome cartas en el asunto.

Esto último abre otro flanco en relación a las gestiones diplomáticas, puesto que los sospechosos del crimen de Ojeda y de Emmanuel Sánchez escaparon del país.

De hecho, este martes 23 de abril en Colombia detuvieron a Dayonis Orozco, uno de los acusados de asesinar al mencionado carabinero, y gracias a un acuerdo de extradición entre ambos países, el proceso debiera tener bastante fluidez. A diferencia con lo que ocurre con Venezuela, ya que dicho país no cuenta con una política de extradición.

Extradición desde Venezuela: ¿qué dice la Constitución?

Tras lograr la captura del ciudadano venezolano Dayonis Orozco, el presidente de Colombia, Gustavo Petro aseguró: “Le entregaremos a Chile el asesino del mayor Emanuel Sánchez del cuerpo de Carabineros”.

Sin embargo, hay otro tema pendiente con respecto al prófugo del crimen de Ronald Ojeda, quien se encontraría en Venezuela.

Ante esta situación, la ministra del Interior, Carolina Tohá, expuso que “como país hemos tenido experiencias complejas en casos similares en que hemos buscado a personas acusadas de delitos graves que se encuentran localizadas en Venezuela. En el último año, tuvimos cuatro casos y la experiencia no fue positiva. Creemos que el caso del ex teniente Ojeda no puede correr la misma suerte”.

“Venezuela no tiene política extradición”, explicó a EL DÍNAMO Adriana Palomera, directora ejecutiva Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago (USACH).

De acuerdo con el Código Penal de Venezuela (2000), actualmente vigente, el artículo 6 es categórico en exponer que “la extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo; pero deberá ser enjuiciado en Venezuela, a solicitud de parte agraviada o del Ministerio Público, si el delito que se le imputa mereciere pena por la ley venezolana”.

En ese sentido, Álvaro Iriarte, director de Contenidos del Instituto Res Publica, dijo a EL DÍNAMO: “Tratándose de un extranjero, el mismo Código señala que es procedente siguiendo todos los trámites establecidos en Tratados Internacionales suscritos por Venezuela”.

En este caso, Chile y Venezuela tienen vigente un Tratado de Extradición, suscrito por ambos países el 2 de Junio de 1962. Bajo este contexto, Tohá ha pedido colaboración en la investigación a las autoridades de dicho país, en primer lugar, deteniendo a los responsables y en segundo lugar, facilitando que enfrenten la justicia.

“Será una prueba de fuego, y habrá que ver si Venezuela cumple de buena fe con las obligaciones contraídas en virtud de dicho instrumento. Con todo, si los investigados por el crimen del teniente Ojeda son venezolanos, no hay posibilidad de que se pueda tramitar una extradición a Chile para que sea juzgado en nuestro país: tanto por aplicación del Código Penal de Venezuela como por el artículo tercero de Tratado de Chile y Venezuela, que dice que los Estados contratantes no están obligados a entregar a sus nacionales”, explicó Iriarte.

De esta forma, Adriana Palomera comentó a EL DÍNAMO que “la única solución, tiene que ver con con el diálogo diplomático, no existe otra posibilidad”.

Los mecanismos de expulsión desde Chile

Por otro lado, el Gobierno se ha abocado en avanzar en materia de expulsiones. De hecho, durante la semana pasada, se concretó un vuelo con dirección a Colombia, Ecuador y Bolivia para expulsar a personas provenientes de dichos países. Sumado a ello, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que Venezuela autorizó un vuelo para recibir 150 ciudadanos deportados, el cual se materializaría en mayo.

Para llevar a cabo una expulsión, ya sea de forma administrativa o judicial, se requiere de un largo y complejo proceso, donde se necesita una coordinación diplomática y policial para que se realicen.

La expulsión administrativa comienza por medio de un procedimiento de una autoridad competente que decrete la expulsión de un extranjero, la cual puede ser el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) o el Ministerio del Interior.

Pese a ello, en ciertos casos, este tipo de deportaciones pueden ser delegadas a las Intendencias Regionales. Lo anterior, particularmente en casos de ingresos por pasos no habilitados o en que el extranjero no cuente con una visa que no sea de turista.

Por otra parte, la expulsión judicial es la que es determinada por un tribunal como parte de una sentencia de un proceso penal. Este mecanismo opera en el caso de que un migrante haya cometido delitos graves en territorio nacional y se le haya condenado a una pena de cárcel.

Esta sentencia puede ser complementaria a la pena de prisión, en casos en donde el responsable sea un extranjero en situación irregular y que la condena por el delito no supere los cinco años de presidio.

Expulsiones en Chile: las cifras de los mandatos de Piñera y Boric

De acuerdo a los datos entregados por el Servicio Nacional de Migraciones, se aprecia que en los dos primeros años del gobierno de Sebastián Piñera se materializaron cerca del doble de los procesos concretados en los dos años de mandato de Gabriel Boric.

Con respecto a este año, hasta el 19 de abril de 2024, se han realizado 313 expulsiones: 178 administrativas y 135 judiciales.

Dentro de las cifras del presente año, el detalle indica que el listado de nacionalidades lo encabeza Colombia, con 152 deportaciones, seguido por Venezuela con 61 y Bolivia con 36.

Para explicar la diferencia entre los números del gobierno de Piñera con el de Boric en relación a esta materia, Adriana Palomera apunta a la modificación de la Ley de Migración.

“Tiene que ver con los cambios de las políticas de Chile, que ingresó recientemente una ley migratoria. La ley se hace el 2021 y comienza a aplicar en febrero del 2022, es decir, esa ley comienza a ser operativa cuando recién comienza el Gobierno de Gabriel Boric”, explicó.

Los problemas para concretar las órdenes de expulsión

De acuerdo a lo dicho por el director nacional del Servicio de Migraciones, Luis Thayer, entre 2022 y lo que va de 2024, se han emitido 3.550 decretos de expulsión administrativa y existe un presupuesto para concretar dos mil de ellos.

En este escenario, materializar dichas expulsiones implica una coordinación diplomática, con las policías y el costo que tiene llevar a cabo estas operaciones.

“La expulsión administrativa y la judicial requieren de una serie de coordinaciones al interior del aparato estatal. Concretar la medida tiene elevados costos económicos, sabido gran demanda de expulsiones versus bajo número de funcionarios del Servicio de Migraciones y Policía de Investigaciones. Sumado además a las coordinaciones con los países de origen de los extranjeros expulsados”, explicó Iriarte.

De esta forma, agregó: “Un expulsado judicialmente no puede ser dejado en la frontera, debe ser puesto a disposición en su país de origen y debe ser escoltado por funcionarios de policía desde Chile”.

En este sentido, Palomera ejemplificó con lo que sucede con Venezuela: “Una de las primeras complicaciones son justamente tener que avanzar en una propuesta de expulsión con personas migrantes donde no existen acuerdos ágiles, rápidos, ni siquiera acuerdos con los gobiernos, lo que pasa con el caso venezolano”.

“Para poder expulsar y mandar un avión necesito tener la autorización y un acuerdo bilateral con Venezuela, si no existe ese acuerdo bilateral con Venezuela, es muy difícil que se produzcan expulsiones rápidas. Además, estamos pensando en expulsiones de gente que ha cometido delito en la mayoría de los casos”, añadió.

Sobre la estrategia del Gobierno chileno con Venezuela en relación a este punto, la académica de la USACH sostuvo: “Claramente hay que avanzar con la diplomacia. Me parece que se están haciendo cosas que pueden estar más cerca de una solución para esta población que ha cometido delitos en nuestro país”.

“Insisto que no pongan en el mismo lugar a las personas que están en condición irregular con personas que han cometido delitos, que es algo que también circula muy frecuentemente, como esta idea de que lo irregular es como delictivo”, manifestó.

¿Cómo se podría solucionar esta problemática?

Las fuentes consultadas por EL DÍNAMO coinciden en que se debe avanzar en materia de acuerdos con los países de América Latina para agilizar el proceso de expulsión de extranjeros.

“Es urgente contar con el apoyo de los países limítrofes, o por último con algún compromiso en esta materia, pues en el fondo son países de paso y no están interesados en hacerse cargo. Finalmente hay que llegar a acuerdos con los países de donde provienen la mayoría de los casos de inmigrantes ilegales, para establecer un sistema expedito tanto para evitar que ingresen a Chile como para deportarlos”, aseguró el director de Contenidos del Instituto de Res Pública.

Por su parte, Palomera expuso: “Esto se puede agilizar en la medida de que haya un acuerdo bilateral con los distintos países de América Latina respecto al tema migratorio. Pero también me parece que las propuestas tienen que ser regionales, no puede ser que un país con otro tenga un tipo de medida y el país de más allá con el otro país de más allá tenga otra”.

“Un acuerdo regional en que los gobiernos de América Latina o por lo menos que en la zona sur comenzaran a trabajar regionalmente sería una de las soluciones primarias”, cerró.