Falta de oferta pública y precios inalcanzables: el trasfondo del peligroso aumento de guarderías y salas cuna irregulares

A comienzos de este mes, la muerte de una niña de tres años que se encontraba en una guardería irregular en la comuna de Quinta Normal abrió una arista preocupante acerca de los cuidados de los niños y niñas e instaló el foco en la problemática en torno a la falta de oferta pública de jardines infantiles y salas cuna para cubrir las necesidades de las familias.

El lunes 3 de junio la menor de edad falleció tras caer desde un departamento ubicado en el octavo piso de un edificio de dicha comuna de la Región Metropolitana.

La mujer encargada de cuidarla la dejó sola durante 20 minutos para ir a buscar a su hija a un jardín infantil. Sin embargo, dicho tiempo fue suficiente para que ocurriera el fatal accidente que terminó con la vida de la pequeña.

Finalmente, la mujer de nacionalidad venezolana quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario total. Tras ello, los padres de la víctima sostuvieron que optaron por acudir a este lugar después de no alcanzar un cupo en un centro educativo establecido.

Bajo este contexto, se instaló la preocupación sobre el panorama actual que viven muchas familias del país, las cuales no tienen otra alternativa que recurrir a guarderías irregulares debido a la falta de cupos en el sistema público y a los altos costos que tienen los servicios privados.

El trasfondo del explosivo aumento de guarderías irregulares en Chile

Uno de estos casos es el de Carolina, quien es madre de un niño de tres años y medio y relató lo difícil que es acceder a establecimientos preescolares públicos. “Es complejo conseguir cupos, llevo tres años postulando y nada”, dijo a EL DÍNAMO.

A raíz de esta situación, a Carolina no le quedó más remedio que ingresar a su hijo a una guardería irregular, puesto que durante el día trabaja como manicurista. Además, recalcó que no le fue posible acceder a una sala cuna privada “porque son muy costosas y no tengo la manera de pagarla”.

En este contexto, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille sostuvo: “Hemos manifestado a través de diversas instancias que la gran cantidad de guarderías infantiles clandestinas que han surgido en el último tiempo son un fenómeno preocupante, pues tiene relación directa con la falta de cupos en los jardines infantiles estatales, y el difícil acceso a estos, lo que ha propiciado a la creación de establecimientos de cuidado irregulares”.

Sumado al déficit de cupos que existe en los establecimientos públicos, la problemática también apunta a la limitada extensión horaria que ofrece el sistema.

“Existe una falta de oferta pública para cubrir las necesidades de las familias. Además, dentro del sistema educativo parvulario existen pocos programas con extensión horaria para dar respuesta a los requerimientos de la familia”, aseguró a EL DÍNAMO Katherine Valle, presidenta nacional de Asociación de Administrativos, Auxiliares, Técnicos y Profesionales de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Aprojunji).

Por otra parte, Valle explicó que “la legislación actual además es débil en supervisión de estos lugares informales para atender a niños y niñas. Lo que hace que existan y se implementen”.

La abismal diferencia de valores entre salas cunas y guarderías irregulares

El ámbito económico es otro punto que juega un rol importante en el incremento de guarderías irregulares y de los padres que acuden a ellas. De hecho, un estudio elaborado por Pluxee concluyó que los valores mensuales de jardines infantiles y salas cuna anotaron una alza de 4,5% en 2024 en comparación con el año pasado.

Luego de examinar 511 establecimientos a lo largo del país, se reveló que el costo mensual promedio es de $460.877 en el caso de las salas cunas y de $385.732 para los jardines infantiles. A este valor se le suma el costo de matrículas, cuyo promedio es de $378.478 y $314.388, respectivamente.

Considerando lo anterior, es un precio bastante alto si se compara con lo que cobran las guarderías clandestinas. Un ejemplo de ello, es el caso de Roxana, de la comuna de Macul, quien hasta el año pasado trabajó cuidando niños en su departamento.

La mujer comentó a EL DÍNAMO que llegó a estar a cargo de 10 niños, siendo gran parte de ellos de nacionalidad venezolana. En este sentido, aseguró que ofrecía su servicio por $150 mil al mes por tiempo completo (desde las 7:30 hasta las 19:30 horas) y $100 mil por media jornada de lunes a viernes.

Una cifra que está en el rango de lo que pedía la cuidadora de la niña que falleció en Quinta Normal, puesto que tenía acordado un monto de $120 mil mensual, por vigilarla de lunes a sábado. 

Sin embargo, pese a lo accesible que resulta en materia económica acceder a estos espacios al margen de la ley, los niños corren una serie de peligros al estar en lugares sin certificación, lo que puede culminar trágicamente como fue el caso de la guardería irregular en Quinta Normal.

“Los espacios informales no cuentan con certificación y los espacios de atención no son seguros. Además no cuentan con profesionales del mundo de la educación, ahí cualquier persona puede ocupar el rol de atender a los niños lo que genera un riesgo importante”, afirmó Katherine Valle.

En esa línea, desde la Defensoría de la Niñez sostuvieron que “entre los principales problemas que presentan estas guarderías, además de no contar con los elementos formales y adecuados para el cuidado de los niños y niñas, el no ser consideradas establecimientos de educación parvularia, quedan fuera de la competencia de fiscalización que realiza la Superintendencia de Educación”.

Bajo este contexto, la Subsecretaría de Educación Parvularia recalcó que la “certificación de salas cuna y jardines infantiles es un proceso muy relevante, de carácter integral, que aborda aspectos técnico-pedagógicos, de infraestructura y jurídicos, que se traducen en asegurar condiciones para la calidad educativa de las niñas y niños”.

Debido a lo anterior, “el llamado es a confiar solo en salas cuna o jardines infantiles que se encuentren certificados para la entrega de un servicio educativo”. 

¿Cómo subsanar esta problemática y garantizar el cuidado integral de los niños y niñas?

Ante esta situación, la presidenta de Aprojunji RM, Sandra López, se mostró crítica con respecto a la gestión de los últimos gobiernos en la primera infancia. “Es una responsabilidad muy grande que le queda a este Gobierno, a todo el Estado de Chile, porque acá las niñas y los niños son prioridad y no lo están siendo en este Gobierno, no lo están siendo hace más de ocho años, para poder entregarle oferta no solamente en sala cuna, porque en los tres años es nivel medio de atención”, dijo en conversación con Piensa Prensa.

“Lo que necesitamos son estudios serios de oferta y de demanda de educación parvularia, la tasa de natalidad es súper importante y por sobre todo preguntarles a las mamás, a los padres, a las familias qué es lo que necesitan de atención de educación parvularia para sus hijas y sus hijos. No todas las niñas y niños requieren estar todo el día en el jardín infantil”, apuntó.

“Entonces hay que revisar la oferta que se está dando y poder entregar otros programas de atención que den respuesta a las necesidades que están teniendo las madres trabajadoras que no tienen donde dejar a los niños y que evidentemente eso significa también un costo irregular”, detalló.

Por su parte, Valle explicó a EL DÍNAMO que “se necesita un plan de gobierno que realmente centre la mirada en el niño y la niña, a través de un trabajo articulado con el Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer y Trabajo. De manera que se pueda dar respuesta al requerimiento de la madre y padre trabajador. Además es importante que el sistema actual pueda ser modernizado visualizando todas las variables en relación a los registros de matrículas y capacidades de las unidades educativas”.

Para ello, expuso que “la primera infancia requiere que el Estado inyecte recursos para poder dar respuesta a los procesos de aprendizaje, y así contar con dotación de personal adecuada, materiales de enseñanza, materiales de aseo y mantención, etc”.

Sumado a ello, desde la Defensoría de la Niñez aseguraron que es “urgente establecer una regulación para determinar un órgano estatal que tenga las capacidades para determinar el funcionamiento y la fiscalización de estas guarderías, más allá de la patente que les otorga la Municipalidad correspondiente”.

De esta forma, recomendaron al Ejecutivo “reglamentar y supervisar por el Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación, los recintos que cuiden niñas y niños que no son reconocidos como establecimientos educativos, tales como after school y guarderías, exigiendo a estos establecimientos contar con estándares de cuidado.”

En este sentido, la Subsecretaría de Educación Parvularia hizo hincapié en el proyecto denominado Agenda Sala Cuna para Chile, el cual fue presentado el mes pasado y busca modernizar la etapa preescolar.

“Esta iniciativa, por ejemplo, propone aumentar el plazo para alcanzar el Reconocimiento Oficial, con un sentido de política de Estado, que viene asociado a un deber de establecer la forma en que se impulsará el avance de la certificación, mediante un plan de cumplimiento de las salas cuna y jardines infantiles públicos”, detalló el organismo.

“A través de esta ley de modernización se establecerá un registro de educación parvularia, para identificar de manera sistémica y con datos actualizados, a los establecimientos, sus sostenedores y sus particularidades. Esto contribuirá a mejorar la información que se tiene del nivel y tomar mejores decisiones de políticas públicas, especialmente respecto a la pertinencia de la oferta y cobertura”, concluyó.