La arremetida judicial de Luis Hermosilla por la filtración de “chats íntimos”
En la querella presentada por la defensa de Luis Hermosilla, aseguran que la filtración la cometió "un empleado público con acceso a la carpeta investigativa".
Luis Hermosilla permanece en prisión preventiva y su hermano Juan Pablo es su abogado defensor. AGENCIA UNO/ARCHIVO.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago admitió la querella que presentó la defensa del abogado Luis Hermosilla, por las filtraciones de los chat contenidos en su celular.
La acción judicial la interpuso el hermano y abogado defensor del imputado por cohecho y lavado de activos, Juan Pablo Hermosilla, quien afirmó en el documento que la filtración “debió ser cometida por un empleado público, con acceso a la carpeta investigativa“.
De acuerdo con lo manifestado por la defensa de Luis Hermosilla, su representado fue “perjudicado directamente por las filtraciones de chats de WhatsApp con personas no relacionadas a la investigación, o bien, mensajes de carácter íntimo o de su vida privada, inclusive, respecto a pesonas que tenían el carácter de cliente, lo cual además constituye una vulneración al secreto profesional”, consignó El Mercurio.
En el texto de la querella, el abogado Juan Pablo Hermosilla planteó que en la mencionada carpeta investigativa “solo debe registrarse información o antecedentes vinculados y útiles para la investigación“.
Sin embargo, el profesional recalcó que las filtraciones “no se limitaron a piezas de la investigación, sino que también se extendieron a la vida privada del señor Luis Hermosilla”.
Querella de Luis Hermosilla pide incautar teléfonos
Con el propósito de determinar cómo se han producido las filtraciones sobre el caso, la defensa de Luis Hermosilla solicitó revisar y/o incautar los teléfonos celulares y funcionarios policiales que han tomado parte tanto en las indagatorias como en las diligencias investigativas.
En ese sentido, en la querella “se solicita despachar una orden de investigar a la Policía de Investigaciones (PDI) para que, entre otras cosas, se individualice a los funcionarios del Ministerio Público y Carabineros que han conocido o accedido a la investigación“.
Además de lo anterior, se pide “la entrega voluntaria de sus celulares y aparatos electrónicos, incluidos a los fiscales del caso. De no acceder, se pide evaluar la necesidad de solicitar la incautación de estos elementos“.
