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No hubo cambios: Corte mantiene prisión preventiva para el desaforado diputado Mauricio Ojeda

La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó la solicitud de la defensa del desaforado diputado, la cual buscaba rebajar la medida cautelar más gravosa por la de arresto domiciliario. Lo anterior, en medio de la investigación en su contra por fraude al fisco.

Este lunes 13 de enero, la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso que presentó la defensa de Mauricio Ojeda y determinó que el desaforado diputado continúe en prisión preventiva, mientras sigue la investigación en la que se le imputa el delito de fraude al fisco reiterado en la arista Manicure del Caso Convenios.

El abogado defensor, Raúl Pérez Cofré presentó este requerimiento que permitió la realización de una audiencia de revisión de la medida cautelar que se decretó el pasado 3 de enero, con el objetivo de modificar la prisión preventiva por arresto domiciliario total.

Sin embargo, los integrantes de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, Cecilia Aravena, Georgina Gutiérrez y el abogado Luis Díaz, rechazaron este recurso al considerar que la libertad de Mauricio Ojeda constituía en un peligro para la seguridad de la sociedad.

De esta forma, el desaforado diputado y ex integrante de la bancada del Partido Republicano permanecerá en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, sitio en el cual cumple su prisión preventiva.

Bajo este contexto, el fiscal regional de La Araucanía, Carlos Cornejo, se manifestó conforme con la resolución de la Corte, y además, abordó la pena que arriesga Ojeda.

Es superior a los 10 años y un día de privación de libertad, incluso, adoptando una postura prodefensa, creemos que los elementos no le permitirían optar por una sanción ni siquiera inferior a los cinco años de libertad“, aseguró el persecutor.

¿De qué se le acusa al desaforado diputado Mauricio Ojeda?

Por su presunta responsabilidad en el delito de fraude al fisco reiterado en la arista Manicure del Caso Convenios, el imputado arriesga una pena que parte en cinco años de cárcel efectiva.

Dicha arista tiene que ver con el millonario fraude del Gobierno Regional de La Araucanía, desde donde se traspasaron 730 millones de pesos a las fundaciones Folab y Educc.

El propósito era financiar cursos destinados a mujeres vulnerables de las comunas de Temuco y Padre Las Casas, pero que en realidad nunca se realizaron.


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