El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía por el Caso Democracia Viva, que dio origen al Caso Convenios, ampliando la acción judicial en contra de la diputada Catalina Pérez (IND), como cómplice de fraude al Fisco, aseverando que estaba al tanto de las acciones de Daniel Andrade y Carlos Contreras.
El CDE incluyó en los antecedentes las conversaciones de WhatsApp que sostuvo la diputada con su ahora ex pareja, Daniel Andrade, quien es representante de Democracia Viva, lo que demostraría que conocía los traspasos de dineros a la ONG por parte de la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
Según consigna la querella, dada a conocer por La Tercera, Catalina Pérez “cooperó con su pareja, para que lograse concretar la firma de los convenios de transferencia de recursos, concertando con sus amigos y compañeros de militancia, el Sr. Carlos Contreras Gutiérrez y la Sra. Paz Fuica Contreras que, en primer lugar, incorporaran a Democracia Viva dentro de las fundaciones que se proponían para la suscripción de los convenios y, además, que fuese efectivamente elegida para adjudicarse la suma de 426.000.000 pesos mediante la transferencia directa de la totalidad de fondos públicos”.
En esta línea, el CDE planteó que la diputada intervino “para concretar, asegurar y perpetuar la ejecución de los convenios con la Fundación Democracia Viva mientras que su pareja, el Sr. Andrade Schwarze, tenía plenas facultades de administración y disposición de la suma antes dicha a fin de que no se conociera ante terceros la celebración de dichos convenios en circunstancias fraudulentas”.
“Además, dicho proceso de suscripción y posterior ejecución de los convenios apareciese respaldado por documentos y actuaciones inexistentes, lo que le permitiría a su pareja y amigos mantener oculto el delito que se venía cometiendo”, aseveróe el organismo.
Frente a este escenario, el CDE indicó que “las acciones desplegadas, omisiones y faltas a la verdad y la probidad desplegadas por la querellada Catalina Pérez se situaron en distintos momentos de los hechos denunciados”.
Junto con ello, el organismo aseveró que la diputada fue parte de una serie de episodios, entre los que destaca acompañar a su ex pareja a retirar el contrato de arriendo de la supuesta sede de Democracia Viva en Ñuñoa.
“Queda en evidencia que, de los antecedentes reunidos y la propia declaración de la Sra. Millán, que la querellada no solo acompañó a su pareja a retirar el documento, sino que conocía plenamente la conducta ilícita que se estaba fraguando, pues, cuando concurrieron a su domicilio, ambos le explicaron solo generalidades de las fundaciones”, precisa la querella.
“Resulta inverosímil que la querellada no tuviese conocimiento, como lo ha sostenido, tanto en sus declaraciones prestadas en el marco de la investigación como en diversos medios de comunicación, pues queda en evidencia que, a lo menos, colaboró en todas las etapas del proceso”, sentenció el Consejo de Defensa del Estado.
