El Tribunal Constitucional (TC) determinó, por ocho votos a dos, la destitución de Isabel Allende (PS) de su escaño en el Senado, tras el requerimiento presentado por el Partido Republicano y Chile Vamos por su participación en la fallida compra de la casa de Salvador Allende en Providencia.
Según la oposición, la parlamentaria contravino el artículo 60 de la Constitución, que consigna que “cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado”.
Además de cesar su participación en el Senado, Isabel Allende quedará inhabilitada por dos años para ejercer cargos públicos.
En su presentación ante el Tribunal Constitucional, el abogado Emiliano García Bobadilla (Republicanos), indicó que “no hay ambigüedad posible. Se celebró un contrato de compraventa entre una honorable senadora de la República en ejercicio y el Fisco de Chile. Lo que corresponde ahora es aplicar la norma constitucional con toda la fuerza que esta norma impone”.
Por su parte, la defensa de la senadora PS, en voz de Gabriel Osorio, reiteró que el cuestionado contrato no se concretó y “está suspendido porque no se perfeccionó”.
“No hay contrato. Pero, además, si lo hubiere, no vulnera la probidad administrativa. No fue celebrado en atención al ejercicio de su cargo parlamentario. No obtuvo un beneficio arbitrario o discriminatorio, sino que decía relación con el cumplimiento de funciones públicas, con un fin público y por tanto es el interés público el que está aquí comprometido”, argumentó el abogado de Isabel Allende, los cuales no fueron considerados por los ministros del Tribunal Constitucional.
