La Contraloría General de la República (CGR) tomó razón este lunes del reglamento que permitirá poner en marcha la ley de las empresas de aplicación de transporte (EAT), más conocida como la Ley Uber, la que fue aprobada por el Congreso el 19 de abril de 2023.
De esta forma la Contraloría le dio el vamos a un reglamento ampliamente criticado por las plataformas como Uber, Cabify, DiDi, entre otras, las que ya anunciaron que recurrirán a instancias internacionales.
Aquello, porque según las EAT el reglamento aprobado por la Contraloría “excede las facultades otorgadas por la Ley 21.553“.
Qué implica la aprobación del reglamento de la Ley Uber y cuándo entrará en vigencia
La aprobación del reglamento de la Ley Uber tardó casi dos años en concretarse, y en el intertanto el Gobierno lo retiró en dos oportunidades.
Ahora que es una realidad, el marco legal establece una serie de requisitos tanto para las empresas a las que prestan servicio los automóviles, como a los conductores de los mismos.
De acuerdo con lo manifestado por el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, el dictamen de la Contraloría “no solo permitirá regular una modalidad que ya operaba de facto, sino también bajo estándares de seguridad para conductores y pasajeros, además de establecer reglas claras y que ya existen para otros modos de transporte”.
Tras la aprobación del reglamento por parte de la Contraloría, la Ley Uber comenzará a regir 30 días luego de que éste sea publicado en el Diario Oficial; es decir, a inicios de mayo próximo.
Sin embargo, desde el gremio cuestionaron varios aspectos del reglamento, como los vinculados a la antigüedad de los vehículos, el límite de tres conductores para cada auto registrado y la exigencia de entregar información sensible, como el historial de viajes o la geolocalización de los vehículos.
Las empresas estiman que el 40% de los conductores se verían afectados por los requisitos que se les exigirán cuando entre en vigencia la ley.
Ante esta realidad, las EAT confirmaron que acudirán a instancias internacionales debido a que el reglamento vulneraría las normas en materia de protección de los datos personales de los usuario.
