La Fiscalía Nacional otra vez está en el ojo del huracán, luego que en los últimos días se conocieran los antecedentes del “pinchazo” al teléfono de Miguel Crispi, ex jefe de asesores del Segundo Piso, en el marco del Caso Convenios, y que dejó al descubierto supuestas presiones de la ex senadora Isabel Allende en la fallida compraventa de la casa de Guardia Vieja.
“O sea (Isabel Allende) llamó hasta al portero del Ministerio. Hueveando, hueveando, hueveando, que se haga, que se haga, que se haga así… Ella tiene mucha responsabilidad y también el abogado de la familia Allende”, es parte de las conversaciones de Crispi con su madre que salieron a la luz pública.
Esta situación provocó el cuestionamiento de Carolina Tohá, candidata presidencial PPD-PL-PR, quien instó al Ministerio Público a aclarar las razones para mantener intervenido el teléfono de Crispi por su eventual vinculación en la arista ProCultura del Caso Convenios en su rol de subsecretario de Desarrollo Regional, dado que dejó el cargo en 2022.
“¿Por qué seguían escuchándose conversaciones de él años después? Yo creo que es algo que la Fiscalía debiera aclarar porque, efectivamente, llama mucho la atención (…) requiere una aclaración de parte del Ministerio Público”, se preguntó la ex ministra del Interior.
La respuesta de Ángel Valencia por filtraciones en la Fiscalía Nacional
Ante estos emplazamientos, el fiscal nacional Ángel Valencia defendió la labor del organismo y especialmente la reserva de las indagatorias, aseverando que han sido “bastante apropiados”.
Junto con ello, apuntó que este tipo de antecedentes ha salido a la luz, porque “lamentablemente, y esto lo hemos dicho, lo voy a decir, e incluso hasta el extremo de la majadería, cuando se vencen los plazos de secreto y reserva estamos obligados a entregar copias”.
Ángel Valencia centró el foco de sus explicaciones en el aspecto legislativo, ya que por ley están obligados a entregar copias de las investigaciones a todos los intervinientes, incluyendo a la parte querellante.
Junto con ello, tuvo palabras para la intención del fiscal Patricio Cooper de buscar la incautación de los teléfonos de Miguel Crispi, Maya Fernández e Isabel Allende, aseverando que es parte de “un mecanismo que establece nuestro sistema de justicia”.
“En nuestro sistema de justicia, los fiscales son los que decretan las diligencias, y en ciertos casos estas diligencias de investigación que pueden afectar garantías constitucionales, como por ejemplo la interceptación telefónica, de acuerdo a nuestra ley, eso requiere una autorización judicial”, argumentó Valencia.
El jefe de la Fiscalía Nacional detalló que “los jueces para este efecto no son notarios, no son simples ministros de fe. El control judicial tiene por objeto apreciar si hay mérito o no hay mérito, hay proporcionalidad, no hay proporcionalidad, hay justificación o no hay justificación, atendido la gravedad de los hechos que se investigan, la identidad de los antecedentes, la importancia y el peso de los antecedentes. Por lo tanto, si un fiscal pide una diligencia, y esa diligencia necesita autorización judicial, y un juez estima que esa autorización judicial no es procedente, es simplemente un mecanismo que establece nuestro sistema de justicia”.
Sobre la situación de Isabel Allende, Valencia reiteró que “ya fue citada a declarar en una oportunidad a la Fiscalía y ella decidió guardar silencio”.
“Si ella ejerce su derecho a guardar silencio es porque tiene la calidad de imputada en la causa, más allá de lo que en definitiva pueda suceder respecto al destino de la investigación, pero esa es una situación procesal que hoy no tiene mayor cuestionamiento”, sentenció.
