Aisén Etcheverry, vocera de Gobierno, expresó que La Moneda espera que la Fiscalía Nacional, a través de Ángel Valencia, confirme si se ordenó o no intervenir el teléfono del presidente Gabriel Boric.
Según precisó Ex-Ante, el fiscal Patricio Cooper, a cargo de la investigación por la arista ProCultura del Caso Convenios, solicitó la medida al tribunal, ya que contaría con registros de Alberto Larraín, fundador de la fundación, que darían cuenta de antecedentes vinculados al jefe de Estado, lo que fue rechazado por el tribunal.
Ante esta situación, la vocera Etcheverry expresó que “las conversaciones que tienen los jefes de Estado son conversaciones que, en muchos casos, son con presidentes de otros países, son conversaciones que abordan temas estratégicos como migraciones, como economía, como en materia de seguridad, por lo tanto, por esta razón, por la naturaleza que tienen las conversaciones de los jefe de Estado en general, es que tienen un estándar de protección que es más alto, porque si son conocidas por terceros, podrían eventualmente comprometer la seguridad nacional”.
La representante de La Moneda dejó en claro que “esa es la gravedad del asunto, que aquí estamos hablando de jefes de Estado”, en alusión al presidente Boric.
“Es por eso que nosotros lo que esperamos, estamos a la espera de aquello, es que el Ministerio Público, que el fiscal nacional, Ángel Valencia, pueda confirmar o negar este trascendido de prensa. Porque por ahora lo que tenemos es eso, un trascendido”, puntualizó.
La vocera de Gobierno reiteró que “estamos a la espera de que sea la propia Fiscalía quien pueda aclarar si es que este trascendido es cierto o no, y a partir de ahí tomar los resguardos que sean necesarios”.
Los “pinchazos” ordenados por el fiscal Patricio Cooper han causado controversia, ya que mantuvo intervenido por dos años el aparato de Miguel Crispi, por su eventual rol en la arista ProCultura como subsecretario de Desarrollo Regional, cargo que dejó en 2022, lo que generó además que abriera una investigación por eventual tráfico de influencias en el Caso Guardia Vieja.
