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Portazo de Cooper a La Moneda: descarta referirse a “pinchazo” a Boric y apela a reserva de la causa

A pesar de las constantes filtraciones, el fiscal Cooper defendió el carácter de reservado que presenta la investigación.

El fiscal Patricio Cooper dio un portazo a la solicitud de La Moneda de aclarar si ordenó intervenir el teléfono del presidente Gabriel Boric, en el marco de la investigación por la arista ProCultura del Caso Convenios.

Sin embargo, la solicitud del persecutor, que además incluía allanar el Palacio de Gobierno, el Ministerio de Defensa y el Congreso Nacional, entre otras diligencias, fue rechazada por la Justicia.

Ante esta situación, que se conoció a través de los medios, el Ejecutivo pidió al Ministerio Público explicar si este tenía asidero, como lo dejó en claro la vocera Aisén Etcheverry.

“Las conversaciones que tienen los jefes de Estado son conversaciones que, en muchos casos, son con presidentes de otros países, son conversaciones que abordan temas estratégicos como migraciones, como economía, como en materia de seguridad, por lo tanto, por esta razón, por la naturaleza que tienen las conversaciones de los jefe de Estado en general, es que tienen un estándar de protección que es más alto, porque si son conocidas por terceros, podrían eventualmente comprometer la seguridad nacional” argumentó la secretaria de Estado.

Una postura similar expresó la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, quien precisó que dado el cargo que ostenta el presidente de la República, “el Código Procesal Penal establece que no basta con la autorización de un juez de Garantía; también debe intervenir la Corte Suprema”.

“Creemos firmemente que nadie está por sobre la ley. Si la Fiscalía considera necesaria una medida de este tipo, debe justificar plenamente su legalidad”, puntualizó.

Ante estos requerimientos, la Fiscalía Regional de Coquimbo, liderada por Patricio Cooper, quien tuvo intervenido el teléfono de Miguel Crispi por dos años, descartó referirse apelando a la reserva de la causa, que ha enfrentado una serie de filtraciones, que lleva adelante.

“Las solicitudes de medidas intrusivas son controladas por los respectivos Juzgados de Garantía y no se entrega información sobre estas a terceros ajenos al proceso”, indicó en una declaración pública.