La presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), mostró sus reparos a una carta que fue firmada por 34 constituyentes electos -entre ellos, integrantes de la Lista del Pueblo, de escaños reservados e independientes-, quienes se mostraron en contra de las reglas impuestas para la Convención Constitucional, las que surgieron tras el acuerdo del 15 de noviembre de 2019, el que permitió la convocatoria al plebiscito.
En el texto, los convencionales llamaron a “hacer efectiva la soberanía popular de la constituyente, expresada tanto en el reglamento como en las normativas que debe darse, sin subordinarnos a un Acuerdo por la Paz que nunca suscribieron los pueblos”.
En declaraciones a radio Duna, la senadora Provoste recordó que tras la elección de 155 constituyentes ningún grupo quedó con la capacidad de vetar a otro, por lo que el diálogo seguirá siendo fundamental.
“Yo creo que tenemos que dejar que ellos hagan su trabajo. Ningún grupo tiene hoy día la posibilidad de imponer al otro normas de funcionamiento. Eso requiere en que se avance rápidamente en imponer las condiciones de reglamento, de cómo va a funcionar la Convención, que es una tarea desde un principio asumida por la propia Convención”, expresó.
La legisladora agregó que “ningún sector tiene posibilidad de veto, y por tanto eso obliga que todos tengan que dialogar por nueve meses y más tres adicionales, puedan hacer una propuesta al país por una nueva Constitución”.
“El mandato de la Convención está absolutamente claro. Todos los chilenos que hemos participado de este proceso, incluidos ellos, es para cumplir un mandato que es escribir en ese plazo una nueva Constitución y eso es lo que el país entero espera que ellos hagan pensando en cómo se reconfigura una nueva sociedad. Ya consideramos que los plazos son bien acotados. Pero esas fueron las reglas del juego”, manifestó Provoste.
La senadora recordó que fue el acuerdo de noviembre de 2019 el que permitió avanzar en el plebiscito, en donde se estableció el cronograma constituyente a partir del triunfo del Apruebo en octubre de 2020.
