Constituyentes socialistas y Apruebo Dignidad piden la renuncia de ministro Ossa
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia es sindicado como el principal responsable de los problemas técnicos que impidieron desarrollar la sesión de la Convención.
Una postura similar tuvieron los 28 constituyentes de la lista Apruebo Dignidad. AGENCIA UNO
Los convencionales constituyentes socialistas pidieron este lunes la renuncia del ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa, por su responsabilidad en los aspectos técnicos que obligaron a suspender una sesión de la Convención Constitucional.
Pedro Muñoz Leiva, constituyente del distrito 24, leyó una declaración a nombre del grupo, señalando que “al concurrir descubrimos con sorpresa e indignación que los cuatro salones no estaban interconectados, no había audio, ni micrófonos para comunicarnos, ni pantallas habilitadas para vernos. La deliberación y el funcionamiento resultó imposible y debimos cancelar la sesión”.
En esa línea, agregó que “el colectivo socialista solicita la renuncia del ministro Juan José Ossa, por el notable abandono de deberes y repetida falta de disposición hacia la Convención Constitucional”.
“Francisco Encina gana un sueldo de 7 millones y medio, no ha hecho su trabajo, es un funcionario que está bajo la responsabilidad del ministro Ossa”, añadió a nombre del colectivo.
“Se trata de un boicot a la tabla, hoy día teníamos puntos fundamentales que abordar, puntos políticos, hay protestas afuera, hay cuestiones respecto los presos de la revuelta que no se han resuelto. Teníamos que comenzar a dotarnos de las normas mínimas para el funcionamiento y además discutir respecto de la ampliación de la mesa”, cerró.
quienes señalaron que “se suma además la falta de respeto para las tres organizaciones representantes de familiares de presos del estallido, quienes esperaban ingresar para presentarle a la convención un informe sobre la situación de sus familiares, lo cual no se pudo realizar por esta situación”.
De esta manera, exigieron que “este Gobierno entregue las explicaciones del caso a la Convención Constitucional y a todo Chile respecto a la negligente gestión del presupuesto de más de 850 millones destinados a la habilitación de los espacios de trabajo”.
