José Miguel Vivanco: “Si la xenofobia no se combate enérgicamente con políticas públicas el próximo escenario puede ser ataques a personas”

El director de la División de las Américas de Human Right Watch (HRW), José Miguel Vivanco, acaba de salir de una reunión en el Departamento de Estado en Washington sobre Derechos Humanos. Ha seguido con sorpresa los sucesos de una marcha en Iquique que terminó con la quema de los bienes de venezolanos ilegales que acampaban en la calle. Critica el actuar del Gobierno en materia migratoria y sostiene a EL DÍNAMO que debe perseguirse judicialmente lo ocurrido en el norte para que no se repita en otras regiones y que califica como xenofobia.

—¿Cómo ve la magnitud de lo que ocurre en Iquique?
—Yo no creo que estemos ante una situación apocalíptica. Algunas personas lo comparan con lo ocurrido en Siria o en otras latitudes, pero estamos lejos de eso. Sin embargo, lo ocurrido en Iquique es particularmente grave. De ninguna manera se puede minimizar o normalizar, me parece bien que la Fiscalía abra una investigación para determinar quienes participaron en estos hechos.

—¿Por qué es particularmente grave?
—Es particularmente grave porque es la primera manifestación patente de xenofobia en Chile. Antes hubo algunos incidentes aislados, qué ofrecían indicios solamente de xenofobia, discriminación y de lo que podríamos catalogar de racismo, ahora estamos ante un hecho de xenofobia donde se busca la degradación de migrantes pobres a los que le destruyeron sus pertenencias. Si la xenofobia no se combate enérgicamente, con políticas públicas, comunicacionales y medidas judiciales, para atajarla a tiempo, el próximo escenario puede ser ataques a  personas y no a la propiedad.
De no combatirse la xenofobia y perseguir a los responsables, en Iquique, se puede repetir en otras regiones. Ahí se entra en una etapa muy distinta de aquí es muy difícil salir. El gobierno tiene la responsabilidad de atacar la xenofobia de manera integral y hasta ahora no se ha visto.

—¿En qué lo nota?

—El énfasis gubernamental parece estar en las deportaciones, pensando que con estas se van a desincentivar el flujo migratorio en Chile, eso es un error. No se puede dejar a la gente a su suerte a la intemperie, donde quedan expuestos al maltrato, a la naturaleza, esa no es una política migratoria ni  humanitaria de acuerdo a las normas internacionales vigentes. Las convenciones internacionales sobre migraciones y los tratados sobre DD.HH obligan al Estado de Chile a garantizar el bienestar, las condiciones mínimas de salud y de convivencia de los ciudadanos, independientemente de su origen su nacionalidad, de si son ilegales o no. El Estado tiene la obligación de prevenir que la población agreda a extranjeros o destruya sus pertenencias. Para eso se construyen albergues y se pone freno a todo acto de xenofobia.

—¿Cómo se conjuga la protección de fronteras y la inmigración ilegal?
—Si uno va a Estados Unidos, Canadá o cualquier país, en la frontera se le va a preguntar cuál es el propósito de su viaje. El control fronterizo es responsabilidad del Estado, que debe hacer un control normal. Si alguien dice quiero ingresar porque soy perseguido, en esa condición, el Estado receptor del migrante está obligado a escuchar. Cuando esa conversación se produce en la frontera, el Estado no puede cerrarle las puertas en las narices a todos los que aparezcan, tiene que escuchar y debe discriminar.

“Declaraciones desafortunadas del ministro Delgado”

—¿Qué pasa si la persona ya ingresó al país?
—Cuando se ingresa ilegalmente, y no tiene estatus migratorio legal, como ocurre en distintas partes del mundo, esa persona se expone a una deportación, pero primero se le debe escuchar y analizar caso a caso. No puede haber deportaciones sumarias, hay numerosas irregularidades en los procesos de deportación en Chile, el tema se ha abordado mal. Hay 21 fallos de la justicia, incluyendo a la Corte Suprema en ese sentido y el gobierno debe acatarlas. He visto declaraciones desafortunadas del ministro Delgado donde se ha quejado y cuestionado los fallos de la Corte Suprema señalando que tiene las manos atadas.

“El gobierno está cometiendo errores que debe corregir con fuerza. Una política migratoria no es adecuada si descansa solamente en la deportación, y sin debido proceso, como ha habido muchos casos. Muchos recursos de protección son acogidos por la Corte cuando los deportados ya se encuentran en Venezuela. La práctica que ha hecho Chile con las deportaciones está reñida con sus obligaciones internacionales”, concluye Vivanco.