Convencional Fontaine alerta por norma que abre la puerta a expropiación de ahorro de trabajadores en las AFP
Según señaló a El DÍNAMO, reparó que una ley podría decir que “es necesario estatizar los fondos de AFP para subir pensiones, y la misma ley fijar no indemnizar” los montos expropiados.
El convencional Bernardo Fontaine, de Vamos por Chile, durante una de las sesiones en el ex Congreso Nacional.
El convencional constitucional Bernardo Fontaine (IND-RN) agudizó sus cuestionamientos a las normativas sobre derecho de propiedad y procedimientos de expropiación del Estado, que la Comisión de Derechos Fundamentales, de la Convención Constitucional, aprobó el miércoles pasado en medio de un controvertido debate.
El convencional de Vamos por Chile manifestó que, eventualmente, de aprobarse en el pleno de la entidad, los fondos de las AFP quedan en una situación de incertidumbre.
“Esto podría afectar a los fondos de AFP en una eventual expropiación, efectivamente. Una ley podría decir es necesario estatizarlos para subir las pensiones y la misma ley fijar no indemnizar”, señaló Bernardo Fontaine a El DÍNAMO.
El representante sostuvo además que de acuerdo a lo aprobado “el Estado podrá pagar menos que el valor de la propiedad expropiada como indemnización. El gobierno y el congreso fijarán cuánto pagar por su casa si el estado se la expropia. Quedaremos en manos de los políticos”.
En un documento que elaboró, el convencional hace un detallado análisis de la situación actual en la Constitución, sobre propiedad y expropiaciones, y la compara con la propuesta del artículo 26 del proyecto constitucional que se votará en el pleno.
Políticos fijando valores de indemnización
Según indica el convencional, en la actualidad, el Estado y el propietario deben acordar cuánto se debe pagar como indemnización por la expropiación. También señala que si no hay acuerdos el dueño podrá reclamar la legalidad del acto expropiatorio y el monto. Agrega que un juez fija entonces la indemnización considerando el daño patrimonial causado, o sea, el valor de mercado de la propiedad.
En su análisis Fontaine explica que el nuevo proyecto establece que la ley determinará el justo monto del pago, su forma y oportunidad, y deberá considerar tanto el interés público como el del titular. “Los políticos, a través del gobierno y el Congreso, fijarán el valor a indemnizar por la propiedad perdida. Pero el Congreso y el gobierno son parte interesada, son los que expropian ¿no será más justo que el juez fije la indemnización?”, plantea.
