¿Qué garantías de estabilidad entregará el nuevo sistema político? Debaten Marisol Peña y Domingo Lovera

Quedan pocas semanas para que los chilenos y chilenas aprueben o rechacen la Nueva Constitución este próximo 4 de septiembre. 

La Convención Constitucional ya definió que Chile será un Estado plurinacional, ecológico, regional y con una democracia paritaria.

Según señalaron desde la Convención, estas transformaciones institucionales al sistema político tienen por objetivo profundizar la democracia y así lograr una base institucional sólida que permita su concretización en un ambiente de estabilidad y cohesión social.

Cambios en el Congreso

Tras nueve meses de ardua discusión, la Convención Constitucional decidió crear la Cámara de las Regiones y terminar con el Senado y entre otros puntos. 

En la actualidad, tenemos un Congreso compuesto por una Cámara de Diputados junto a un Senado. Sin embargo, la Convención decidió mantener la Cámara Baja y reemplazar la Cámara Alta por una Cámara de las Regiones, ambos son órganos deliberativos, paritarios y plurinacionales. 

De esta forma, el Congreso de Diputados y Diputadas estará compuesto con escaños reservados y fiscalizarán los actos de Gobierno. 

En tanto, la Cámara de las Regiones estará compuesta por representantes territoriales y una ley decidirá cuántos integrantes serán por región, pero deberán ser al menos tres y cada territorio tendrá la misma cantidad. Junto a ello, quedó establecido que participarán n la formación de leyes regionales.

En cuanto a la elección del presidente, el borrador Constitucional indicó la reducción de la edad del Presidente de Chile de 35 a 30 años. Además, podrá ser reelegido. 

Marisol Peña: “Los que quisieron atenuar el régimen presidencial, en realidad, terminaron reforzándolo”

En conversación con EL DÍNAMO, Marisol Peña, académica del Centro de Justicia Constitucional UDD y ex presidenta del Tribunal Constitucional, señaló que “las garantías para las personas, las empresas y, en general, para el desarrollo del país se verán muy reducidas de aprobarse el borrador de nueva Constitución con la estructura de sistema político que propone”.

Esto porque “el nuevo Congreso de Diputadas y Diputados concentra la atribución de concurrir a la formación de cualquier clase de proyecto de ley mientras que la Cámara de las Regiones sólo puede aprobar leyes de acuerdo regional. Entre estas no se incluyen, por ejemplo, las leyes que inciden en el desarrollo económico y, por ende, en la creación y mantención de fuentes de trabajo, como el libre emprendimiento, el derecho de propiedad, el derecho al trabajo y a su libre elección y el derecho a la igualdad en materia tributaria. Estas materias quedarán sometidas sólo a la deliberación del Congreso de Diputadas y Diputados”.

“Si a lo anterior se agrega que el Congreso de Diputadas y Diputados  será elegido en la misma oportunidad que el Presidente de la República, la posibilidad de que aquel actúe como un verdadero contrapeso al Jefe del Estado se ve desvirtuada al existir la probabilidad de que el Presidente asuma con una mayoría política de su mismo partido o coalición en dicho Congreso. La teoría constitucional indica que el tipo de régimen político de un país se aprecia en base a las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo debiendo ejercer este último el verdadero contrapeso que exige el funcionamiento del Estado de Derecho. En este sentido, cabe preguntarse, ¿en qué se traducirá la facultad de fiscalizar los actos del gobierno que dicho Congreso heredaría de la actual Cámara de Diputados con una mayoría proclive al Presidente? La única conclusión posible es que los que quisieron atenuar el régimen presidencial, en realidad, terminaron reforzándolo”, agregó la ex presidenta del Tribunal Constitucional.

“En segundo lugar, el Poder Judicial desaparece en la propuesta constitucional. Se transforma en  Sistemas de Justicia donde los tribunales a los cuales hoy acudimos en defensa de nuestros derechos verán compartida su jurisdicción con la justicia indígena que se articula en base a costumbres ancestrales sin que sepamos realmente quiénes quedarán afectos a ella. Por lo demás, los jueces serán nombrados, capacitados y monitoreados en su gestión por un Consejo de Justicia con una importante integración política (7 de sus 17 miembros serán designados por el Congreso, aunque la propuesta venga de la Alta Dirección Pública, y por los pueblos indígenas)”, explicó Marisol Peña.

 “¿Podrán tener los jueces nombrados la independencia real para defender la pérdida de los derechos de aprovechamiento de aguas o de las concesiones mineras que hoy dan trabajo a tantas personas y que se verán fuertemente afectadas por la nueva regulación constitucional?”, se preguntó la académica del Centro de Justicia Constitucional de la UDD.

Domingo Lovera: “No hay aquí ninguna razón para temer algo de inestabilidad”

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales, Domingo Lovera, fue enfático en señalar a EL DÍNAMO en que “no hay ninguna forma, creo yo, en que la Constitución pueda asegurar la estabilidad política. Lo que sí se puede hacer es establecer algunos incentivos para mantener un buen clima político, pero en el fondo la estabilidad  se construye, en una buena medida, por la actitud y la forma en que las y los actores políticos desarrollan el ejercicio de la actividad política”.

“Nuestra política post dictadura ha sabido dar muestras de una estabilidad política, incluso en los momentos más álgidos como lo fue octubre del 2019 gracias a la forma en que algunos actores políticos permitieron ofrecer garantías de estabilidad. Por ello creo que es una cuestión más de actitud y de comportamientos, que de reglas propiamente tal de una Constitución”, indicó el abogado constitucionalista.

En cuanto al nuevo sistema político propuesto por la Convención Constitucional, Lovera aseguró que “el borrador de la nueva Constitución ofrece algunas herramientas interesantes que ayudarán a que esta estabilidad siga manteniéndose. Por ejemplo, que no sea un sistema Parlamentarista, ya que sigue siendo un sistema Presidencial, por lo tanto, los periodos del Presidente, del Congreso y la de la Cámara de las Regiones seguirán siendo períodos fijos, por lo que van a seguir ejerciendo sus cargos mientras dure los periodos que están establecidos en el borrador de la Constitución. No hay aquí ninguna razón para temer algo de inestabilidad”.

A pesar de ello, el académico de la UDP señaló que “creo que se traban relaciones entre el Poder Legislativo y la Presidencia, ya que si bien no eliminan el sistema Presidencial, levemente lo atenúan y eso va bien encaminado si lo que se busca lograr es una mayor estabilidad en general, ya que se trata de modificaciones donde el Congreso toma un papel más protagónico en la tramitación legislativa”.

Lo que el borrador trata de hacer en alguna medida, es proponer un mayor diálogo y una menos imposición de parte de algún Poder”.

En relación a la Cámara de las Regiones, el abogado constitucionalista indicó que “hay una deficiencia cuando no se permite al Congreso insistir en proyectos que la Cámara de las Regiones proponen. En el modelo que hay en el borrador por ejemplo, está la posibilidad de que un proyecto de ley que es discutido por el Congreso y propuesto por la Cámara de las Regiones, estos últimos deban necesariamente concurrir a la votación  y puedan observar el proyecto que les ofrezca el Congreso, quienes podrán rechazar o aceptar las observaciones que las regiones propusieron”.