Los motivos de Gabriel Boric para indultar a condenados con amplio prontuario despiertan dudas en el oficialismo y la oposición

Se cierra la arista constitucional, pero no la política. Así resumen en el oficialismo y en la oposición el escenario que se abre para el Gobierno, el cual apunta a que La Moneda exponga los motivos que se consideraron para indultar a 13 de los 40 condenados por delitos asociados al estallido social, que cumplen cárcel efectiva, y de los cuales 7 mantienen condenas y prontuario.

El fallo del Tribunal Constitucional que rechazó el recurso de 15 senadores objetando los indultos presidenciales, si bien desestima la posibilidad de argumentar una acusación constitucional contra el presidente Gabriel Boric, y también cierra la revisión de Contraloría, aún deja abierto el flanco político: las desprolijidades.

“Las desprolijidades que todavía no conocemos”

“Se produjo una tormenta política y la caída de una ministra de Justicia por las llamadas desprolijidades, que todavía no conocemos cuáles son y que derivaron en dar una señal equívoca respectó a la delincuencia”, señala a EL DÍNAMO, el senador Juan Luis Castro (PS).

Una visión que se comparte en la oposición. Por ejemplo, el senador de la UDI, Iván Moreira, observa que la información que rodea los “perdonazos” se mantiene en la oscuridad. “Los indultos impugnados fueron un error, una seguidilla de decisiones oscuras, con información saliendo a cuentagotas”, afirmó.

La grieta que se hiende en el Gobierno radica en las razones que tuvo el presidente Gabriel Boric al indultar a 7 presos, que ostentan entre 1 y 5 condenas previas al estallido social, y que además registran entre 3 y 17 detenciones en sus antecedentes policiales. A ello se agrega que 10 de los 13 indultados cuentan con un informe desfavorable de Gendarmería.

“Teníamos la convicción que 7 de los 13 condenados no eran merecedores de un indulto del presidente Boric, por eso acudimos al Tribunal Constitucional. Han sido varias las incongruencias y desprolijidades en torno a los indultos por parte de personeros de Gobierno que confunden y generan inseguridad en la población”, sentenció a EL DÍNAMO el senador José García Ruminot (RN).

Los restantes 67 presos del estallido social

En el debate político surge una pregunta difícil de soslayar: qué sucederá con otros 40 condenados, que, de acuerdo con fuentes del Ejecutivo, se mantienen con penas de cárcel efectiva. A esos 40, se suman otros 27, que según analistas del Ministerio de Justicia permanecen en prisión preventiva por delitos similares. 

“El problema político debe cerrarse, eso es no avanzar más por ahí por ahora. Saber que había carpetas de Gendarmería con antecedentes prolíficos de delitos comunes previos en una parte de los indultados no le hace un favor al indulto desde el punto de vista político”, advierte Castro (PS)

Según senadores de la Comisión de Constitución y Justicia, a esas cifras se agregan otras que no han sido precisadas como el número de condenados en libertad. En el Congreso, legisladores opositores comienzan a pedir una explicación de las desprolijidades del proceso.

“El gobierno improvisa y confunde, no separa la protesta apropiada de la acción del lumpen, el que aprovecha esa situación”, advierte el senador Carlos Kuschel (RN).

Motivos para indultar a 7 presos con nutrido prontuario

Luego de que el 7 de enero pasado Gabriel Boric pidiera la renuncia a la ex ministra de Justicia Marcela Ríos, junto a su amigo y jefe de gabinete Matías Meza Lopehandía, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró al día siguiente, en un punto de prensa, que “si el presidente Boric hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta”.

Sus declaraciones emergieron, además, luego de que se conociera el nutrido prontuario por delitos comunes de Luis Castillo Opazo, condenado a 4 años de cárcel por atacar la oficina del Registro Civil de Copiapó, y otros 6 puntos de la ciudad.

Los dichos de la vocera apuntaban a blindar al presidente, pero, según afirman abogados del Ministerio de Justicia consultados por EL DINAMO, los emitió en el marco de una estrategia de control de daños de La Moneda, que debió ser cambiada a los pocos días.

Cercanos a la crisis sostienen que, si se argumentaba que el presidente Boric no conocía los expedientes de los indultados, se abría la posibilidad de recurrir a un Tribunal, alegando que los decretos no estaban bien fundados. Ello, debido a que el mandatario los habría firmado sin conocer toda la información, lo cual, advierten asesores de La Moneda, podía incluso escalar a una acusación constitucional en su contra.

De hecho, el líder del PC, Guillermo Teillier, así lo planteó en una entrevista este fin de semana. “Con los indultos, Piñera y estos parlamentarios de la derecha, como contrapartida, buscan replicar la acusación constitucional contra Piñera, por el estallido social, la cual estaba basada en el uso excesivo de la fuerza para reprimir que causó muertes y una cantidad importantísima de heridos”, dijo.

Las versiones opuestas de Monsalve, Cordero y Vallejo

El presidente Gabriel Boric no podía aparecer desconociendo el contenido de los expedientes. Ese es el motivo, sostienen en el oficialismo, por el cual el ministro de Justicia, Luis Cordero, y el subsecretario Manuel Monsalve han insistido en que el mandatario conocía todos los detalles.

Pero, pese a la “versión oficial”, en La Moneda y en el Frente Amplio, aseguran que el jefe de Estado delegó la selección de indultados en su jefe de Gabinete, Matías Meza Lopehandía, y no revisó todos los expedientes.

Detractores de Meza-Lopehandía, que no son pocos, agregan también que el trabajo de selección de candidatos a indultar lo realizó practicamente él mismo, sin ayuda del Segundo Piso de La Moneda ni la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos.

Quienes lo conocen señalan que era un “admirador del estallido social” y que públicamente defendía que “los presos de la revuelta eran parte de los movimientos sociales que harían cambiar la Constitución de Pinochet”.

Los cuestionamientos que se abren a Meza-Lopehandía

En el Frente Amplio, agregan que Meza-Lopehandía propuso a Mateluna y Castillo, y que buscaba a un preso de ascendencia mapuche que pudiera resultar emblemático para incluir en la nómina. Quienes conocieron del proceso explican, que asimismo se pensó en una mujer para la lista, pero que la más posible seleccionada no estaba sentenciada.

En Palacio cuentan que el ex jefe de Gabinete quería efectuar los indultos porque era una promesa de campaña y hacerlo al ganar el plebiscito del 4 de septiembre. La derrota hizo cambiar sus planes.

Junto con eso, señalan que Meza-Lopehandía confeccionó la mayoría de la lista de indultos personalmente, sin siquiera informar a un pequeño equipo de Justicia comisionado para ayudarlo.

“Meza-Lopehandía es responsable de la visita a Temucuicui de Izkia Siches y también de la idea de que Vega llamara a Héctor Llaitul. Él trabajó los indultos y se comunicaba con Ríos solo para solicitar información o informar lo que ya estaba decidido. Él es el autor de este bochorno”, señala alguien que colaboró con el ex jefe de Gabinete.

Fuentes del Gobierno tratan de bajar el perfil al “tema prontuario”. En la segunda administración de Sebastián Piñera, de los 25 indultados, 18 tenían antecedentes penales previos por otros casos, mientras que en el de Michelle Bachelet de los 10 indultados, ocho registraban condenas.

En el oficialismo esperan poder dar vuelta la página, y que de haber más beneficios presidenciales, no recaigan a condenados con un alto compromiso delictual.

“Cada indulto presidencial, en cada momento, ha generado debate, polémica, y esa es una discusión política, legítima, que genera en la sociedad, pero otra cosa es la atribución del presidente, amparada en la actual Constitución, y en la legalidad. El TC ha desestimado el requerimiento de Chile Vamos, en mi opinión hay que dar vuelta la página, y centrarse en los temas que a la ciudadanía le interesan”, señaló el senador Juan Ignacio Latorre (RD).