Daniel Andrade pide ser imputado y abre sus cuentas en la investigación a Democracia Viva

Mientras el ministro Carlos Montes de Vivienda y Urbanismo reunía los antecedentes para entregar a la Fiscalía de Antofagasta y Revolución Democrática (RD) presentaba una querella para establecer responsabilidades en el polémico convenio de Democracia Viva con el seremi de Antofagasta, uno de los implicados, Daniel Andrade Schwarze, ex pareja de la diputada Catalina Pérez, exponía en tribunales un recurso para ser considerado “imputado” en esta investigación.

Como representante legal de la ONG, el militante RD acordó con Carlos Contreras tres pagos que en total suman 426 millones en un pacto que ha sido cuestionado al tratarse de compañeros de partido y por las irregularidades encontradas en el funcionamiento de esta firma que no tiene mayor experiencia en trabajos con campamentos y tomas, donde supuestamente estaba destinado el dinero entregado.

Pérez suspendió sus funciones en la Cámara de Diputados, la subsecretaria Tatiana Rojas también dejó el cargo tras el llamado del presidente Gabriel Boric y el seremi junto con Andrade podrían ser expulsados del partido en paralelo al trabajo del Ministerio Público que investiga fraude al fisco y otros delitos en miembros de esta colectividad que conforma el Frente Amplio y el oficialismo.

Andrade, en este contexto, presentó un oficio en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago para abrir sus cuentas corrientes, colaborar en la causa judicial y solicitar ser tratado como imputado en este proceso que incomoda en La Moneda y tiene en crisis a la colectividad que lidera el senador Juan Ignacio Latorre.

La petición de Daniel Andrade

Si bien este tribunal se ha declarado incompetente en las querellas al ser un caso de Antofagasta y Ñuñoa (por la dirección de Democracia Viva), el oficio de Daniel Andrade ya está en conocimiento de este juzgado.

“Debido a que, en mi calidad de representante legal y presidente de la fundación sin fines de lucro denominada ‘Democracia Viva’, suscribí, entre los meses de septiembre y octubre del año 2022, con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta (Seremi Antofagasta) y el Servicio de Vivienda y Urbanización de Antofagasta (Serviu Antofagasta), tres convenios de transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria y diagnósticos socio territoriales y planes de intervención de diversos campamentos ubicados en la ciudad de Antofagasta, por este acto solicito que se me tenga como parte o interviniente en este procedimiento penal, en calidad de imputado, para todos los efectos legales”, explicó en el oficio.

“Se autoriza la revisión por parte de la fiscalía de todos mis dispositivos electrónicos y los antecedentes materiales que se requieran para facilitar la investigación… De forma expresa, el total acceso por parte del persecutor y órganos auxiliares a todas mis cuentas bancarias, donde consten cartolas bancarias que consignen o registren todas las operaciones de dinero que se hayan realizado, tales como depósitos, transferencias, captaciones u otras operaciones”, complementó.