La investigación de la Fiscalía de Antofagasta por los acuerdos entre la Seremi de Vivienda y la Fundación Democracia Viva, vinculada a Revolución Democrática, fue el detonante del llamado caso Convenios, donde se han cuestionado los diversos aportes recibidos por este tipo de instituciones por parte del Fisco.
Y es que ya son nueve las fiscalías regionales las que han iniciado indagatorias sobre estos convenios, la que se originó tras la presentación realizada por la diputada Yovana Ahumada el pasado 7 de junio a la Cámara, para obtener antecedentes sobre Democracia Viva.
Esto, luego que 48 horas recibiera un mensaje de WhatsApp que alertaba sobre eventuales irregularidades en la entrega de recursos a la fundación representada por Daniel Andrade, ex pareja de la diputada Catalina Pérez.
“Hola Diputada Yovana, me conseguí su contacto por la desesperación que tenemos por la forma en que hemos sido amenazados por parte del Seremi de Vivienda de Antofagasta, quien se jacta de ser amigo personal de la diputada Catalina Pérez, que además es vicepresidenta de la Cámara de Diputados”, señala el denunciante.
En esta línea, recalcó que u0022son tantas las irregularidades que hemos denunciado, y por eso estamos siendo maltratados y perseguidosu0022, poniendo como ejemplo u0022el acuerdo entre el Minvu y la Fundación Democracia Viva, una entidad de Santiago, sin experiencia en el área, y que fue contratada por el solo hecho de estar conectada directamente con el partido Revolución Democrática, pues su dueño es pareja de la diputada Pérezu0022.
“Le hacemos llegar toda la información de respaldo, para que pueda ver que es cierto, y nos apoye, porque necesitamos llegar al Ministro para que tome cartas en el asunto, de otra forma no podemos parar con el maltrato y la corrupción”, cierra el mensaje.
Al respecto, Ahumada se mostró preocupada por “la actual situación de todos los funcionarios de diversas reparticiones públicas que pudieran encontrarse amenazados e imposibilitados de dar a conocer su verdad, ante la ocurrencia de eventuales irregularidades cometidas por autoridades de gobierno”.
A su vez, emplazó al Ejecutivo, “que por tanto tiempo se ha jactado de defender los derechos humanos, a que haga lo mismo con el derecho de los trabajadores, y que soliciten investigar y sancionar con el máximo rigor a las autoridades, que abusen de su cargo y vulneren los derechos de los funcionarios”.
