El Senado hizo oídos sordos a las indicaciones del Gobierno y despachó a ley el proyecto contra las usurpaciones, incluyendo la polémica indicación que considera la “legítima defensa privilegiada” en caso de “flagrancia permanente”.
Frente a esto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que vetará la iniciativa, señalando que “el Gobierno no va a vetar que se pueda detener a quien usurpa, no va a vetar que sea un delito permanente, no va vetar que se excluya a los campamentos”.
"Lo que va vetar el Ejecutivo es que se permita que las personas, por mano propia, con bandas armadas y de manera indefinida en el tiempo, puedan ir por sus propias manos a reivindicar sus derechos, porque para eso están el derecho, las policías, los tribunales, para eso en las sociedades civilizadas se ha establecido el monopolio del uso de la fuerza en las policías”, argumentó.
La secretaria de Estado puntualizó que “hemos visto esta discordia dramática en la Cámara y el Senado, porque este proyecto se ha ocupado lamentablemente para extremar las cosas al punto tal de que esta legislación va a permitir ahora que una persona pueda pedir apoyo de terceros para ir a reivindicar con sus propias manos el bien usurpado y pueda para ello defenderse, causando cualquier daño de manera ilimitada. De manera explícita eso es lo que dice la ley. Por eso el Ejecutivo ha dicho que va a vetar este aspecto de la ley”.
“Por eso esto no es solo una decisión política o legislativa; es una obligación moral que tenemos como Gobierno; es una obligación ética no permitir que el país retroceda en algo tan básico”, sentenció la titular de Interior.
