CDE responde a críticas de comisión por Caso Convenios y la acusa de desconocer la labor del organismo

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) cuestionó las conclusiones de la comisión investigadora del caso Convenios, que imputó al organismo un actuar “cuestionable” y “reactivo” en el caso Democracia Viva y otros similares, agregando que “no resulta comprensible la lentitud” en presentar acciones judiciales de carácter penal.

Al respecto, el CDE respondió que “estas imputaciones son infundadas y revelan una incomprensión tanto del rol del Consejo de Defensa del Estado en materia penal, como de las necesidades de una investigación criminal eficaz que permita sancionar a los responsables de conductas ilícitas”.

En esta línea, el organismo explicó que “interpone querellas criminales contra personas determinadas cuando las diligencias desarrolladas en los respectivos procesos judiciales dan cuenta de hechos constitutivos de delitos, o bien en casos excepcionales, en que la imputación penal resulta evidente y expresamente reconocida por sus responsables”.

Sobre el caso Convenios, el CDE sostuvo que destinó un grupo especial de abogados para analizar el actuar de los involucrados en estas indagatorias y la aparición de nuevos antecedentes, señalando que en caso de alcanzar un grado razonable de fundamento se presentarán las respectivas querellas.

Junto con ello, aseveró que las diligencias realizadas por el Ministerio Público están bajo reserva, por los que este caso y en otros bajo esta misma figura, “no tiene conocimiento de parte importante de la investigación penal”.

“Nuestra institución debe adoptar decisiones fundadas y con antecedentes certeros para poder imputarle a una persona determinada la comisión de un delito y pedir a un tribunal, con la seriedad que nos caracteriza, las sanciones penales procedentes”, puntualizó el Consejo de Defensa del Estado.

Ante esto, que “se pretenda emplazar a una institución centenaria, de alto componente técnico y de reconocido actuar riguroso como el Consejo de Defensa del Estado a interponer acciones penales por razones diversas a las derivadas exclusivamente del marco legal y constitucional de la persecución criminal es un hecho preocupante”.