Justicia militar: la indicación opositora que complicó el debate sobre Reglas del Uso de la Fuerza

Tras tres jornadas de debate, las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados despacharon a la sala el proyecto de reglas del uso de la fuerza (RUF). La iniciativa, que se votará este viernes en la Corporación, incluye una polémica indicación introducida por la oposición.

Se trata de una norma que permite que los delitos imputados a funcionarios de las Fuerzas Armadas y Carabineros durante su servicio sean conocidos por la justicia militar. Tras una extensa discusión, el artículo fue admitido con 14 votos a favor y 12 en contra y, luego, aprobado con la misma votación.

La indicación, esbozada inicialmente por el republicano Luis Fernando Sánchez, fue presentada por los diputados Andrés Jouannet (Amarillos), Ximena Ossandón (RN), Camila Flores (RN), Andrés Longton (RN), Jorge Alessandri (UDI) y Diego Schalper (RN).

En concreto, la adición al proyecto de seguridad establece que “durante la vigencia de los estados de excepción constitucional, la protección de la infraestructura crítica, el resguardo de áreas de zonas fronterizas y el resguardo del orden público en relación a los actos electorales y plebiscitarios a que se refiere la Constitución Política de la República, los delitos imputados a militares en actos de servicio militar, en cumplimiento de sus labores o con ocasión de ellas, serán siempre conocidos por los tribunales señalados en el artículo primero del Código de Justicia Militar“.

“En ningún caso o circunstancia, los civiles que hayan intervenido en esos hechos podrán ser juzgados por los tribunales militares”, añade el texto que modifica la competencia de la justicia militar, considerando también como militares a efectivos de Carabineros.

“Es una indicación mal formulada”: los reparos del oficialismo a la propuesta opositora

Entre los cuestionamientos del oficialismo estuvo, durante la sesión, que la indicación se aleja de los objetivos del proyecto RUF. Además, plantearon que añade funciones a organismos judiciales, lo que es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, y que se debe consultar a la Corte Suprema.

En esa misma línea, la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que el Gobierno hará uso de la reserva de constitucionalidad. Esto, porque la indicación no entrega garantías a las partes involucradas. Tras el despacho del proyecto, la autoridad dejó la sala visiblemente molesta.

Para el diputado Raúl Leiva (PS), la norma “no sólo es un retroceso desde el punto de vista de técnica legislativa. También, de lo que señala el concierto internacional y las sentencias judiciales que tiene nuestro país en contra de este proceso inquisitivo”.

“Pero, además, tiene un claro vicio de inconstitucionalidad. Se incorpora en un mensaje presidencial donde se aparta absolutamente de las ideas matrices. En caso alguno existía norma que permitiera establecer reglas procesales respecto de la competencia de tribunales. Por eso, es inadmisible y se hizo reserva de constitucionalidad”, asegura en conversación con EL DÍNAMO.

Leiva sostiene que “esta indicación se puso en conocimiento de la comisión en la última semana y nunca se debatió. Una norma tan importante y fundamental desde el punto de vista procesal, requiere necesariamente un adecuado análisis y debate. Al incorporarse de manera irregular, se vota un proyecto de ley sin conocer la opinión de expertos en la materia. Ni del Ministerio Público, ni de la Defensoría Penal Pública, ni de los auditores de las Fuerzas Armadas que comparecieron a nuestra comisión, donde nunca fue tema”.

El diputado por el distrito 14 comenta que espera que el proyecto de justicia militar se rechace por falta de quorum, pues es materia orgánica constitucional.

Por su parte, el jefe de bancada del PPD, Jaime Araya (ind-PPD), plantea a EL DÍNAMO que “espero que se rechace la justicia militar. Nos parece que es una muy mala idea. Ayer todo Chile lo vio: un carabinero en un procedimiento disparó, una bala rebotó y le pegó un transeúnte. Esa víctima del procedimiento policial, ¿tiene que ir a la fiscalía militar? ¿Tiene derecho a que un juez imparcial, un juez de garantía, y un fiscal imparcial del Ministerio Público haga la investigación?”.

“No se puede pretender que los militares sean juez y parte en este tipo de hechos. La norma no distingue qué es lo que pasa cuando la víctima es un civil. Lo que dicen es que si el imputado es un civil, va a la justicia ordinaria. Ningún problema. Pero aquí las víctimas van a ser los civiles y no se dice dónde van”, añade.

A juicio de Araya, “este es un proyecto que está mal hecho. Está mal formulada esta indicación. Nosotros esperamos que aquí haya sentido común. Si quieren legislar esto, habría que hacer un proyecto distinto. Porque además esto es una iniciativa exclusiva del presidente de la República”.

“Este es un proyecto hecho para la galería. Durante todo el debate dijeron que los fiscales y los jueces persiguen los militares y carabineros. La ministra Tohá lo dijo con toda claridad: sólo hay 12 condenas. No estamos hablando de cientos o miles de condenados. Es importante que la oposición diga la verdad completa, porque esto está pensado hacia el futuro, no resuelve el problema de los condenados y es, técnicamente, un desastre”, remata el legislador.

“Los políticos están tocando la puerta a los militares”: la defensa de la oposición a la justicia militar

“Aliento al Gobierno a no transformar esto en una cuestión ideológica o de preconcepciones sobre lo que puede haber pasado antes y miremos la realidad hoy. ¿Cuál es la realidad hoy? Que es que los políticos le están tocando las puertas a los militares. Que es que alcaldes del Frente Amplio le están tocando la puerta a los militares. Y, por lo tanto, lo que los militares piden es certeza jurídica. Y lo mínimo que están pidiendo es que los juzguen tribunales especializados”, sostiene el diputado Diego Schalper (RN).

En diálogo con EL DÍNAMO, el diputado añade que “tenemos que entender que, para participar en faenas que no les son propias, los militares están pidiendo que les demos certeza jurídica. Parte de esa certeza jurídica es que el que conozca sus causas sea un tribunal que entiende de la legislación militar. Si no escuchamos ese clamor, puede pasar una cosa muy complicada. Que es que de papel generemos una condición pero que en la práctica eso no se cumpla. Y lo que los chilenos necesitan es que los militares se sientan empoderados para hacer su trabajo”.

Consultado respecto a que la norma de justicia militar sea un retroceso, Schalper aseguró que “es necesario tener un poquito de criterio de realidad. Estamos enfrentados a bandas con alto poder de fuego, al punto de que alcaldes de izquierda están pidiendo la presencia de militares, en una comuna como Maipú. Esa es la realidad que estamos enfrentando. Yo aliento a los actores políticos a sacarse los prejuicios y a mirar qué nos está indicando la realidad cotidiana de miles y miles de chilenos”.

Según el diputado Andrés Jouannet, presidente de Amarillos, es entendible “que pueda haber resistencia con este tema porque se relaciona con lo que vivimos la dictadura, de la cual yo fui opositor. Efectivamente, en esa época se hizo muy mal uso de esta herramienta. Pero estamos con otro ejército y que es otro momento histórico”.

“Es como que todavía muchos estuvieran pensando en la época de Balmaceda. Si nos seguimos pegando al pasado, vamos a seguir desconfiando de los militares. ¿Para qué pedimos, entonces, que los militares vayan a La Araucanía o a la zona norte?”, cuestiona Jouannet en conversación con EL DÍNAMO.

El parlamentario de la Región de La Araucanía insiste en que “el texto es súper claro. Esto no es a todo evento, sino sólo en cuatro supuestos. Es ahí donde nosotros estamos diciendo que se modifica la competencia de tribunales de justicia militar“.

“Los militares actúan muy poco en los enfrentamientos en la región. Y no actúan, fundamentalmente, porque tienen miedo a que si ocupan su arma van a ir a la justicia civil y van a salir condenados. Varios militares hoy están presos por haber actuado en estado de excepción o de emergencia y nadie los protege. Esta norma es absolutamente lógica. Los militares no van a salir a enfrentar el crimen organizado y el terrorismo si no tienen una norma que los proteja en ciertas circunstancias”, argumenta.

La incomodidad en La Moneda

El despacho del proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza, que incluyó normas de justicia militar, cayó como una bomba en el Palacio de La Moneda.

Además de la ministra Tohá, el titular de Justicia, Luis Cordero, expresó su preocupación por la indicación aprobada. “Es compleja porque es un gran retroceso en el sistema institucional“, dijo en entrevista con Emol.

El secretario de Estado agregó que “está fuera de toda discusión, por cierto, que nosotros tenemos que dictar RUF. Pero cuando se involucra a la justicia militar, se distorsiona en parte el sistema. Porque ya no estamos hablando de RUF, sino de otro debate, que es la jurisdicción o el fuero penal en este tipo de asuntos”.

Cordero explicó que “las razones por las cuales puede intervenir la justicia militar son cualificadas. Habitualmente tienen que ver con delitos militares, no con delitos comunes. Además, hay otra particularidad: la justicia militar tiene un sistema de organización que no garantiza imparcialidad e independencia. Opera sobre la base de miembros de las Fuerzas Armadas que no tienen inamovilidad judicial. Entonces, descansa en un sistema extremadamente frágil. Tan frágil que durante largos años los especialistas de todas las tendencias políticas han estado de acuerdo en que es un ámbito que hay que reformar”.

“En rigor, es dar un privilegio respecto del cual el país había venido corrigiendo en los últimos años“, planteó.

El proyecto de RUF se votará la tarde de este viernes, entre las 16:00 y las 19:00 horas. Al ser una materia orgánica constitucional, requiere al menos 78 votos para su aprobación. Esa tarea, sin embargo, parece difícil, pues bancadas como la de la Democracia Cristiana ya anunciaron que rechazarán la iniciativa. En tanto, Chile Vamos, el Partido Republicano y sectores de centro suman sólo 70 apoyos.