Los tira y afloja entre Chile y Argentina por la extradición de Galvarino Apablaza y el viaje que prepara la directiva de la UDI para agilizar el caso

“Nosotros queremos que Galvarino Apablaza vuelva a Chile a cumplir con la justicia a cumplir lo que tiene que cumplir. No hay que confundir el estatus de un refugiado político con alguien que asesina en democracia”. Con esas palabras, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bulllrich, anunció en el contexto de Enade 2024 —el pasado 25 de abril— que el gobierno trasandino trabaja por acelerar la extradición del chileno acusado del homicidio del senador Jaime Guzmán, fundador de la UDI, y el secuestro de Cristián Edwards.

Unas horas antes, en entrevista con CNN Chile, Bullrich había señalado que “Argentina no va a ser tierra que mantenga asesinos. Estamos acelerando y pidiéndole a la justicia que acelere los tiempos para resolver el caso”.

“Es justo que Argentina no solamente le haya sacado el refugio de manera administrativa. Sino, también, que la justicia hable y termine de cerrar un caso. Está claro que no es un caso de un refugio por persecución política, sino por haber cometido asesinatos”, agregó en esa oportunidad.

Las declaraciones de la ministra argentina generaron una serie de reacciones. La titular de Interior, Carolina Tohá, valoró la disposición de la administración de Javier Milei para la extradición del ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Sin embargo, recordó que “es un proceso que está judicializado en Argentina. Entonces, depende realmente de los tribunales lo que queda pendiente. Es ahí donde se debe resolver este recurso que se presentó en su momento por el señor Apablaza”.

En tanto, la bancada de diputados de la UDI resaltó que “llevamos mucho tiempo solicitando avanzar con este anhelado proceso. Pero lamentablemente fueron todos los partidos de izquierda que administraron Argentina los que decidieron proteger a un criminal e impidieron que se hiciera justicia en Chile”.

El senador Javier Macaya, presidente de la colectividad, insistió en que “no solamente en Chile, en Latinoamérica, no se puede aceptar la impunidad. Y nuestro continente, así como un hermano país como Argentina, no puede ser tierra de asesinos. También en nuestro país tenemos que ser capaces de que se haga justicia. Habiendo transcurrido tanto tiempo, habiendo existido tanta impunidad y tanta colaboración de red internacional de izquierda”.

El viaje fallido de la UDI a Argentina y las intenciones del gremialismo

Tras el anuncio de Patricia Bullrich, la directiva de la UDI —querellante en el caso Guzmán— comenzó a planificar un viaje a Buenos Aires. En la gira, que se realizaría a partir del lunes 6 de mayo, estaba programado que participaran el timonel del partido, Javier Macaya, la secretaria general, María José Hoffmann, el diputado Cristián Labbé y el abogado Pablo Toloza.

El objetivo de la visita era claro: revisar el estado actual de las distintas causas judiciales que involucran a Galvarino Apablaza en Argentina y agilizar su retorno a Chile, que estiman podría concretarse en un plazo cercano.

“Buscábamos conocer en qué va el proceso de la apelación de Apablaza ante la Cámara de Apelaciones por la revocación de su estado de refugiado por parte del gobierno de Mauricio Macri y la orden de expulsión”, cuenta Toloza. El abogado agrega —en conversación con EL DÍNAMO— que en la agenda se contemplaban reuniones con el embajador José Antonio Viera-Gallo y con el estudio jurídico Gené Abogados, contratado por el Estado chileno desde el Gobierno de Ricardo Lagos.

Al mismo tiempo, esperaban conocer si existen medidas cautelares para “evitar que Galvarino Apablaza se vaya de Argentina”.

Este miércoles hubo un cambio de planes. La directiva del partido fundado por Jaime Guzmán decidió suspender el viaje para priorizar la agenda legislativa. ¿La razón? Para la próxima semana está agendada la tramitación en el Senado de la ley corta de Isapres, en la que debe presentarse el líder de la UDI. Además, está previsto que continúe la votación de los proyectos de seguridad, de particular interés para los parlamentarios gremialistas.

Sin embargo, desde la tienda descartan que la gira se haya cancelado definitivamente. Una opción que se ha barajado, preliminarmente, es aplazarla una semana, comenzando el próximo 13 de mayo, y manteniendo la planificación original.

La larga espera del caso Apablaza

Tras el secuestro de Cristián Edwards, el 9 de septiembre de 1991, Galvarino Apablaza habría huido a Cuba. Por años se ignoró su paradero hasta que, en noviembre de 2004, fue detenido en Moreno, Argentina. En esa localidad, vivía junto a su pareja —la secretaria de medios de la Presidencia argentina— y sus hijos, y se hacía llamar Héctor Daniel Mondaca.

Tras su captura, permaneció preso siete meses y, en julio de 2005, el juez del caso dio el visto bueno para la extradición del chileno. Sin embargo, sólo unas pocas horas después de la detención, Apablaza pidió ser aceptado como refugiado político en el Comité de Elegibilidad para Refugiados (Conare). Desde ahí en adelante, el caso se complicó. Mientras, desde Chile, el Gobierno contrató los servicios del estudio Gené para supervisar los avances de la causa.

En 2007, la Corte Suprema suspendió el trámite de los recursos de apelación del Ministerio Público argentino y de Chile en relación al refugio de Apablaza. En medio de las indefiniciones, tres años después, en septiembre de 2010, el tribunal decretó la extradición del imputado. Pero se encontró con un límite: la situación de refugiado o asilado del chileno. Así, el caso quedó en manos del gobierno argentino —liderado entonces por Cristina Fernández de Kirchner—, que optó por otorgarle el asilo.

El Gobierno de Chile, a través del abogado Gustavo Gené, presentó un recurso ante la Conare para que se revisara la decisión. Por años, el caso no tuvo novedades, hasta que en 2017 la administración de Macri le quitó la calidad de refugiado político y dispuso la expulsión inmediata de Galvarino Apablaza.

El ex frentista chileno judicializó la situación a través de una apelación en los tribunales administrativos y, en 2023, el juzgado dictaminó que el decreto firmado por Macri se ajustaba a derecho. Apablaza volvió a apelar, esta vez ante la Cámara de Apelaciones de Argentina. Según conocedores del caso, la apelación debiese revisarse a mediados de 2024. En caso de confirmarse la resolución administrativa, el ex líder del FPMR podría ser, tras más de 30 años, extraditado a Chile.

El abogado Pablo Toloza sostiene que “la causa se ha movido, más o menos, se ha acelerado o ralentizado, por el signo político del gobierno de turno. En Argentina hay Estado de Derecho, pero se estima que la Cámara debiese actuar en plazos más acotados de lo que fue la resolución del tribunal administrativo”.

“El proceso se ha demorado muchísimo, también, porque la mayoría de los que aparecen como autores del asesinato de Jaime Guzmán, sólo uno de ellos ha podido llegar a la justicia. Apablaza no ha podido enfrentar a la justicia en Chile. Palma Salamanca está en Francia, y así”, añade.

En diálogo con El Mercurio, el embajador José Antonio Viera-Gallo manifestó que existe “la voluntad del gobierno argentino de que se pueda llevar a cabo la extradición. Pero esto no depende del gobierno. En este momento está en sede judicial y lo que ocurre es que hay recursos pendientes por apelaciones que ha hecho Galvarino Apablaza en un juicio que es entre él y el Estado argentino”.

Respecto al futuro del caso, el diplomático agregó que “cuánto tiempo, depende del funcionamiento de los tribunales y no del Poder Ejecutivo. Lo que ha manifestado la ministra Bullrich es en el sentido de que el gobierno argentino actual no hará nada para que no avance el proceso. Porque está que se cumpla también el pedido de extradición de Chile, pero eso depende de la justicia […]. En ese momento, lo último que queda es resolver si Galvarino Apablaza debe tener o no la calidad de refugiado político”.