Jaime Mañalich y ley corta: “Las isapres fueron advertidas, pero se la jugaron porque la reforma no ocurriera. Se pudo haber hecho más”

El domingo 12 de mayo de 2024 es el plazo fatal que tiene el Congreso para aprobar la Ley Corta de Isapres, que busca generar un mecanismo para que las aseguradoras privadas den cumplimiento al fallo de la Corte Suprema por la devolución de fondos a los afiliados por la tabla de factores.

La discusión en torno a la iniciativa está radicada, actualmente, en la comisión mixta, que recibió una serie de indicaciones por parte del Ejecutivo. Una de ellas es el aumento del plazo de 10 a 13 años para que las isapres devuelvan los montos que adeudan a los usuarios del sistema de salud.

A juicio del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich (ind), el escenario de las isapres es preocupante. En entrevista con EL DÍNAMO, asegura que de no aprobarse la ley corta en el Congreso, las aseguradoras podrían quebrar antes de diciembre de 2025.

La principal responsabilidad en la demora en la regulación de las prestaciones de salud ―sostiene― es de los parlamentarios que no han tomado “en serio las preocupaciones de la ciudadanía”.

Jaime Mañalich: “Hay una responsabilidad del Parlamento en demorar este trámite”

―¿Cómo ha visto la discusión de la Ley Corta de Isapres?

―Hay algo claro. Estamos frente a un problema. Si no se legisla con la ley corta, el superintendente de Salud está obligado, a partir del lunes, a mandar una circular y cumplir con el fallo de la Corte Suprema sin miramientos. El fallo obliga a las isapres a devolver una cifra del orden de $1.400 o $1.600 millones de dólares en un plazo máximo de un año o un año y medio. Eso, por supuesto, haría quebrar a todas las isapres inmediatamente.

En ese sentido, la ley corta permite, con mucha tensión y dificultades financieras, que el sistema de isapres siga funcionando. Y, a través de ese funcionamiento, las clínicas privadas que atienden beneficiarios de Fonasa ―lo que es el eje, para mí― pueden seguir con sus puertas abiertas. Evidentemente, esto va a implicar un ajuste, en la línea de que los costos de las isapres tienen que disminuir, tienen que ser más eficientes. Por otra parte, alguna isapre podría entrar en insolvencia, y van a aparecer otras isapres con planes más caros.

Pero insisto. La no aprobación de la ley corta produce una crisis sistémica, no solo a las isapres, sino también, y muy gravemente, a los beneficiarios de Fonasa, y eso hay que prevenirlo.

―Y en ese sentido, ¿qué características debiese tener esa ley corta?

―Los dados ya están echados. En este momento están en la comisión mixta, y están trabados en alguna cosa ya menor. Si el plazo que ofreció el Gobierno para devolución de los excedentes que determinó la Corte Suprema es de 10 o 13 años. Lo que están discutiendo es eso. Algunos quieren que sean 10 años, otros quieren 12 o 13.

Pero los acuerdos sustantivos, en la línea de fortalecer Fonasa y que pueda licitar seguros complementarios de salud, y que las isapres puedan recibir estos pequeños salvavidas que les ha entregado el Gobierno cuando se calculó el ajuste del precio base en abril, o el ajuste extraordinario de la prima total en octubre, pueden ser aceptables para la oposición y el oficialismo en la comisión.

―Los problemas en el sistema de isapres se arrastran desde hace varios gobiernos. ¿Por qué cree que no se hizo algo antes? ¿Cree que es necesario hacer un mea culpa también desde su sector?

―La responsabilidad fundamental descansa en el Parlamento. Proyectos de ley, incluso algunos alabados por la actual ministra, han estado en el Parlamento desde 2010, 2011 y 2012. Y, sistemáticamente, el Parlamento se ha negado a avanzar en su legislación, a pesar de que se le ha puesto suma urgencia a los proyectos y, lisa y llanamente, lo han desconocido. Hay una responsabilidad fundamental del Parlamento en demorar este trámite.

Al asumir, el actual superintendente dijo que si se hubiera aprobado el proyecto de Jaime Mañalich en 2011 no tendríamos el problema que estamos teniendo ahora. Lo que es claro es que distintos gobiernos han presentado proyectos de distinto tenor, una y otra vez, se les ha dado urgencia, y el Parlamento no ha llegado a un acuerdo para avanzar.

―¿Esa responsabilidad se la atribuye al actual oficialismo o cree que ha sido algo transversal?

―Ha sido transversal. La actual ley corta sigue inspirada en el mismo tema. El problema es que hay una diferencia radical, conceptual, de principios, entre un sector político que piensa que todo el sistema de salud debe ser manejado exclusivamente por el Estado ―como el programa del actual Gobierno―, y otro sector que piensa que la seguridad social en salud debe ser manejada u ofrecida por prestadores públicos y privados, y por multiseguros públicos y privados. Y ese acuerdo, que es central, no ha permitido avanzar. Son como el agua y el aceite.

―Pero, al mismo tiempo, hay excepciones. Por ejemplo, en la Comisión de Salud del Senado ha habido puntos de acuerdo entre oficialismo y oposición…

―La situación es que el dictamen de la Corte Suprema, no el Parlamento, le pone punto final a este asunto. Le dice a los parlamentarios: señores, ustedes no se han puesto de acuerdo. Entonces, yo voy a decidir, a través de los tres dictámenes. Eso obliga al Gobierno a pensar que si se cumplen los dictámenes de la Corte como está pensado, significa que las isapres caen, y con ello caen los prestadores privados, como las clínicas, que le prestan atención a beneficiarios de Fonasa. El 50% de las atenciones de los beneficiarios de Fonasa se hacen en recintos privados.

―¿Qué efectos podría tener una caída del sistema de isapres en esos prestadores privados?

―Lo que digo es muy simple. Los prestadores privados pueden atender a beneficiarios de Fonasa, que pagan mucho menos por atención, porque tienen el pago de beneficiarios de isapres que pagan mucho más por el mismo servicio. Eso le permite a las clínicas usar una parte de su capacidad y recursos médicos en pacientes beneficiarios de Fonasa. Eso lo vivimos intensamente durante la pandemia, donde estructuramos por un decreto una coordinación público-privada, que permitía que independiente de la previsión de la persona, se garantizara la atención.

―En entrevista con El Mostrador, usted le puso una fecha de muerte a las isapres: el 31 de mayo de 2024. ¿Mantiene esa postura?

―Desde el punto de vista conceptual, en el sentido de que ya no pueda haber aseguradoras privadas que reciban el 7% de cotización, que es lo que hacen las isapres y Fonasa, efectivamente tienen esa fecha de defunción si no se aprueba la ley corta. Hay un proceso administrativo, hay que intervenir la isapre, liquidarla y todo eso tomaría algunos meses.

―Una minuta del Gobierno responsabiliza de la actual situación a las isapres y le quita la culpa al Ejecutivo. ¿Qué le parece esa postura?

―Esas son bajadas de diálogo para que los ministros y subsecretarios repitan lo que desde la minuta que se les transmite. Pero no le doy ninguna importancia profunda a esa discusión, porque no tiene ningún valor. Hace algún tiempo, el presidente Gabriel Boric se refirió a una familia, y se definió una minuta de lo que había que decir respecto a lo que dijo él. Las minutas no son información, son órdenes de lo que hay que decir.

―Usted ha participado en hospitales públicos y en empresas privadas de salud. ¿Qué mea culpa cree que debiese hacer la industria sanitaria por la situación actual? Esto no es sólo responsabilidad del Parlamento o del Estado…

―Por una parte, ha habido una falencia muy grave de parte del Estado en mejorar la calidad del servicio que presta en hospitales y servicios públicos de salud. Los hospitales están paralizados, en la práctica, en su construcción. Eso genera una tremenda necesidad que, en parte, es derivada al sector privado.

En el sector privado prestador hay una falta de control de costos que ha llevado a una inflación histórica en los gastos de salud de los beneficiarios de isapres, mucho más alta que la UF o el IPC. Esto no se controló a tiempo, y las isapres simplemente pagaban la cuenta que les ponían por delante, con poco control, para competir unas con otras. Y este aumento de los costos lo traspasaban a la cuenta de los afiliados. Ahí hubo un problema bastante serio.

Pero también cuando las isapres fueron advertidas en 2011 de que había que corregir eso, se la jugaron porque la reforma que propuse no ocurriera. Lo hicieron a través de lobby y múltiples mecanismos. Esa ley podría haber ayudado a resolver este problema, y no se tramitó oportunamente. Se pudo haber hecho más. Además, es muy difícil lucrar con un servicio social, como la educación o la salud, porque hay mucha resistencia a eso. Por eso, las isapres, desde la mirada de la opinión pública, han estado siempre en una situación de falta de cariño o de validación social por parte de la ciudadanía. Siempre se las ha visto con mucho recelo, dado que no se entiende el papel que juegan en la seguridad social. Hace mucho tiempo las isapres debieron haber comprendido ese rol, y destinar una parte mayor de sus utilidades a atender a los más vulnerables.

―¿Cree usted que desde el sector privado y la clase política hubo poca voluntad de regular fenómenos como la integración vertical o los cobros en exceso? ¿Cree que se miró para el lado?

―Todos esos elementos están incluidos en el proyecto de reforma que sigue parado en el Congreso. Pero resulta auspicioso que ahora mismo se esté discutiendo en una comisión mixta el seguro catastrófico de Fonasa, que es un avance, y viene de ese proyecto. Pero insisto. Aquí no se trata, como a veces pasa, de hacer una micro ley que corrija este aspecto, sino de hacer una reforma integral que corrija el sistema de isapres.

―El Gobierno ha propuesto en las indicaciones a la ley corta que las devoluciones a los afiliados fueran en 13 años y no en 10. ¿Qué le parece esa idea?

―Yo propuse que el pago fuera a 10 años, porque en mis modestos cálculos era un plazo prudente para mantener el equilibrio del sistema, mientras se perfeccionaban seguros complementarios. Eso es lo que quedó plasmado en la indicación original del Gobierno. Ahora se produjo una negociación de último momento, con una indicación del Ejecutivo de los 13 años. Pero, a final de cuentas, es algo menor, no es un tema sustancial. Es para tratar de llegar a acuerdos en la comisión mixta y lograr la mayor cantidad de votos favorables en la sala de la Cámara y el Senado. Esto tiene que pasar ojalá antes del domingo.

―En caso de que llegado el plazo fatal no se apruebe la ley corta, ¿qué pasa con los afiliados de las isapres? ¿Qué alternativas quedan para ellos?

―Las isapres, a pesar de que sean intervenidas, tienen la obligación de seguir administrando los recursos que tienen como garantía a través de la Superintendencia (de Salud). Esto, en primer lugar, para mantener las atenciones que los beneficiarios de esas isapres necesitan, como los tratamientos de cáncer o las diálisis, que no pueden suspenderse.

El director de Fonasa ha hecho una promesa, que no está reflejada en las indicaciones de la ley corta. Él dice que si una persona que tiene necesidad de un tratamiento, va a poder, mediante la modalidad de cobertura complementaria, mantener sus prestadores y beneficios como si nada hubiera pasado. Yo creo que eso no tiene un informe financiero asociado y me parece medio utópico.

No veo al Ministerio de Hacienda poniendo $300 o $500 millones de dólares ―que es lo que se calcula que se requiere si estas personas pasan a Fonasa― para mantener esas prestaciones. Ese es uno de los motivos fundamentales para tratar de que las isapres se mantengan al menos por un tiempo, para que estas personas no vean desatendidas sus necesidades, que existen, son contingentes. Son personas que necesitan una cirugía de cáncer, una quimioterapia, y tienen que mantenerlo.

―Una de las alternativas, que usted mismo ha planteado, es el traspaso a los seguros complementarios…

―El problema es que hoy los seguros complementarios de salud tienen una declaración muy estricta de preexistencia. Eso hace que para estas 800 mil personas que están hoy en el mundo isapre con preexistencias tengan vedado el ingreso a un seguro complementario de salud. De alguna manera, la modalidad complementaria trata de superar esa dificultad. En el sentido de que Fonasa le dice al mercado de los seguros que tiene, por ejemplo, 100 mil beneficiarios para los cuales solicita un precio para una cobertura complementaria para todos ellos, incluidos los que están enfermos.

Pero es una hipótesis muy ácida, porque no es claro que las compañías de seguros se vayan a interesar por esto, ni que Fonasa tenga los mecanismos para licitar estas carteras. Es más bien un buen deseo que algo que genere certezas para los afiliados de las isapres.

“Utópica” reforma a la salud

―Una de las grandes promesas del actual Gobierno es la reforma integral a la salud. ¿Cree que sea factible avanzar en esa materia?

―Cero. La ministra de Salud, para aprobar el proyecto en el Senado, comprometió enviar un gran proyecto de reforma en octubre próximo. Pero eso, sabemos, es completamente utópico. Por la estructura que tenemos en el Parlamento, el periodo legislativo del presidente Boric, en la práctica, está terminado. Ya tiene mucho trabajo con lo que está… la reforma tributaria, la reforma a las pensiones, lo que fuera. Entonces, presentar un proyecto de gran reforma a la salud, que tenga luz luego, cuando estamos con el ciclo electoral desatado, yo creo que es imposible.

―Usted ha señalado que el Gobierno veía en esta gran reforma a la salud una posibilidad de estatizar todo el sistema sanitario. ¿Pierde el Gobierno esta posibilidad, entonces?

―Eso ya está renunciado. Hoy, en la práctica, nosotros hemos avalado, por omisión a la falta de un proyecto de otro tipo, el mantener un sistema mixto de aseguradores y prestadores. ¿Cuál es el sistema que va a tener Chile en los próximos dos años? Va a ser un sistema mixto, prestador y asegurador. Y en cuatro años más, probablemente igual. Eso en realidad ocurrió con el rechazo al Plebiscito del 2022, donde estaba la propuesta de estatizar todo el sector salud. Todo el programa del Gobierno que iba en esa línea terminó ahí. Ahora, otro gobierno podría tomarlo…

―¿Y cree que sea posible avanzar, con una ley corta vigente, en una reforma al sistema de isapres?

―Creo que hay puntos específicos donde se puede avanzar. Los proyectos que ya están presentados, como el seguro catastrófico de Fonasa, el término de la declaración de salud para cambiarse de isapre, y generar un pool de financiamiento que sea arrastrado por los enfermos hacia las isapres que los reciben. Esas son cosas de mejoría posible, y ojalá ocurran.

Por lo menos la ministra (Ximena) Aguilera ha dicho, claramente, que quiere avanzar en el seguro catastrófico de Fonasa. Eso implica que la gente no se endeude ni gaste dineros que no tiene cuando tiene una necesidad de salud y con su protección de Fonasa no puede cubrirla, y tiene que sacar de su bolsillo dineros que no tiene.

―¿Qué saca en limpio de la crisis a la que llegaron las isapres?

―Lo que digo, claramente, es que los parlamentarios tienen que tener un nivel de accountability mucho mayor al que tenemos hoy. El diagnóstico está hecho desde 2010, cuando el Tribunal Constitucional se manifestó en contra de que cada isapre definiera una tabla de factores. Se trató de legislar, y nunca representó ninguna urgencia para el Parlamento.

En ese sentido, yo creo que aquí hay un tema muy relevante. Si los parlamentarios creen que las urgencias sociales pueden esperar mientras ellos se ponen de acuerdo en quién preside la Cámara de Diputados o si hay que censurar o no a la mesa, para un ciudadano de a pie eso es un escándalo. El foco del Parlamento chileno, sobre todo con los múltiples partidos que existen ―y ojalá haya una reforma política―, afecta los intereses de la ciudadanía. Y el ejemplo de salud es paradigmático. Es un modelo de cómo no tomar en serio las preocupaciones de la ciudadanía. Y pareciera que da lo mismo.

―Porque parece que el foco está en discutir quién provee el servicio más que la situación de los afiliados…

―Como yo dije al asumir, mi partido es el partido de los enfermos. Es desesperante que los intereses de los enfermos ―y recuerdo ahí a Ricarte Soto―, porque no marchan, no representen una urgencia política, salvo en el periodo de la pandemia.

“El rol que Sebastián Piñera jugaba como articulador del sector no ha sido reemplazado”

―El año pasado usted firmó como militante de Amarillos por Chile. Más de alguna vez aseguró que estaba feliz pues le permitía transparentar su “identidad de centro”. ¿Qué lo llevó a dejar ese partido hace unos días?

―En realidad, en un lenguaje técnico, nunca pertenecí a Amarillos, porque Amarillos no está constituido en la Región Metropolitana. Cuando mandé mis documentos al Servicio Electoral para renunciar, me dijeron que no estaba afiliado a ningún partido, cosa que me sorprendió. Pero yo pagaba mis cuotas y todo eso.

Lo que ocurre es que efectivamente yo tengo una vocación, una historia, de centro político. Veo con preocupación que ese centro político no se mantiene firme. Claro, tomé una gran adhesión a Cristián Warnken en la discusión frente al Plebiscito y su posición me admiró profundamente. Pero hoy veo una polarización del país que hace que el centro político tenga poca significancia.

―¿Cree que se ha derechizado ese centro político?

―Sí, pero también se ha izquierdizado, si tomamos en cuenta a la Democracia Cristiana. Pero efectivamente, el centro político hoy es un conjunto bastante vacío.

―¿Y eso dejó de atraerle de Amarillos?

―Mejor la independencia y decir lo que uno piensa siempre.

―Ya han pasado tres meses desde la muerte del ex presidente Sebastián Piñera. ¿Cómo ha visto a Chile Vamos y al sector que el ex mandatario lideró tras su fallecimiento?

―Yo soy esencialmente piñerista, así me describiría políticamente, independiente del legado o no que vaya a dejar el ex presidente. Lo que es cierto es que el rol que Sebastián Piñera jugaba como articulador del sector no ha sido reemplazado y es bien difícil de reemplazar.

Veo con preocupación que la centroderecha y la derecha se nutre, fundamentalmente, de una agenda anti, de seguridad, de los errores del presidente. Pero no veo una propuesta. ¿Cuál es el Chile con que la centroderecha sueña de aquí a cinco, 10 o 20 años? ¿Cuáles son sus ejes conductores? No los veo claros, y eso me produce mucha preocupación. Un sector político que se define, fundamentalmente, por estar anti el actual Gobierno no es suficiente para generar una agenda que haga sentido ciudadano. A lo mejor sirve para ganar una elección. Veo que no hay un programa bien fundamentado, ideológicamente razonado, maduro, y pienso que ahí hay harto que hacer.

―¿Cómo ha visto el rol que ha tomado la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei? Tras la muerte del ex presidente Piñera se la apuntó como la nueva articuladora del sector.

―Coincido con que la persona mejor aspectada para tomar un rol ordenador y articulador del sector es Evelyn Matthei. No cabe ninguna duda, por su personalidad, su historia, su conocimiento. Creo que ella ha tomado una decisión de encarnar eso. Sin embargo, querámoslo o no, se ha desatado el ciclo electoral, y ella ha estado obligada o arrojada ―en un lenguaje filosófico― a esta contienda.

Pero creo que es imprescindible que Matthei tome una cierta distancia, para poder encarnar mejor un rol de estadista. A lo mejor es muy importante apoyar a alguien como candidato municipal. Pero, insisto, ella tiene que avanzar ―y estoy seguro de que lo va a hacer― hacia un rol más de jefa de Estado de todos los chilenos.