Con apoyo transversal y una cuota de resignación: Gobierno consiguió aprobar la Ley Corta de Isapres pese a descuelgues

“La aprobación de este proyecto resulta imperiosa para la estabilidad del sistema de salud en su conjunto. Llamo a que se apruebe este proyecto de ley”. Con esa exhortación de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, se inició en la sala del Senado, la tarde de este lunes, la votación de la Ley Corta de Isapres. Con esta iniciativa se busca generar un mecanismo para que las aseguradoras privadas cumplan el fallo de la Corte Suprema sobre la devolución de fondos cobrados en exceso a los usuarios.

La ministra Aguilera continuó afirmando que “hemos llegado a esta situación por responsabilidad de la industria y la inacción legislativa”. Luego, añadió que fue esto lo que llevó al máximo tribunal a obligar a las isapres a adecuar sus planes a una nueva tabla de factores y a devolver los cobros en exceso.

A juicio de la autoridad, “el Ejecutivo ha actuado con responsabilidad” al proponer una ley corta que “da estabilidad al sistema”. La titular de Salud alertó, además, que “se arriesga seriamente que las aseguradoras puedan continuar con su función y continuar con el financiamiento de las prestaciones a los afiliados”. En esa línea, señaló que sin la ley corta se caería en una insolvencia que “arrastraría a prestadores privados, quienes son fundamentales para cubrir las necesidades de salud de toda la población”.

Los descuelgues en el Senado: la penúltima valla de la Ley Corta de Isapres

La sesión del Senado ―que comenzó con 20 minutos de retraso― continuó con la intervención del presidente de la Comisión Mixta, Javier Macaya (UDI), quien presentó el informe elaborado por la instancia. El parlamentario destacó que el Ejecutivo se comprometió a ingresar en octubre una “ley larga” de reforma a la salud que abordaría “la eliminación de las preexistencias y discriminaciones por edad y sexo”.

Tras ello, comenzaron las alocuciones de los senadores, que tuvieron tres minutos para expresar las razones de su voto. Uno de los que alzó la voz fue Francisco Chahuán (RN), quien aseveró que “votar en contra, de parte de los senadores oficialistas, es votar en contra de su propio Gobierno”.

Así, el parlamentario se adelantó al descuelgue de parlamentarios de Gobierno que optaron por abstenerse o rechazar el proyecto, que resultó aprobado con 39 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones.

El senador Juan Luis Castro (PS), ex presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, fue uno de los que optó por abstenerse. “No puedo acompañar una solución que sólo le deja la carga a los propios usuarios. No puedo pensar ni imaginar cómo los 1.200 millones de deuda ―que están ahí, que la justicia dijo que sí― la terminarán pagando las personas mes a mes, en un flujo creciente de migraciones que van a continuar en el sistema”, argumentó.

Castro agregó que “esto requiere una solución. Esto todavía está en suspenso. No está hecho el dilema final que debiera ser la solución a la integración a la seguridad social sobre la base de un rescate provisorio a la industria para ganar un poquito de tiempo, pero a costa de esos 2 millones 700 mil afiliados. Por eso yo me abstendré de acompañar en esas condiciones. Pero mi voluntad de lucha para continuar buscando soluciones está intacta”.

Quien también se abstuvo fue Rojo Edwards (Ind). En tanto, los rechazos provinieron de los senadores Alfonso de Urresti (PS), Esteban Velásquez (FRVS) y Karim Bianchi (Ind).

El parlamentario Juan Ignacio Latorre (RD), quien votó a favor, valoró “el acuerdo de la Comisión Mixta. Que se pague la deuda completa, sin mutualización como quería la derecha, sin retiro de utilidades”. Mientras que su par Isabel Allende (PS) respaldó los dichos de la ministra Aguilera y planteó que la situación de las isapres “no es la responsabilidad de este Gobierno”.

En esa línea, resaltó que “aquí hubo un actor irresponsable. Son las isapres. A mí no me interesa que me vengan a decir que quiero salvar las isapres. A mí lo que me interesa es que aquí se cumpla un fallo, pero sobre todo que pensemos en las personas y en los pacientes”. Con un tono similar, Ricardo Lagos Weber (PPD) fundamentó su voto a favor en que es un acto de “responsabilidad”.

Desde la oposición, por su parte, cuestionaron que el Gobierno llevara al Tribunal Constitucional la mutualización y lamentaron el fallo de la Corte Suprema. Con ese ánimo, el senador Juan Antonio Coloma (UDI) reconoció que votaba a favor “sin entusiasmo y con resignación”.

El rol clave de los diputados del Socialismo Democrático en el fin de la incertidumbre

Pocos minutos después, la discusión se trasladó a la Cámara de Diputados, que aprobó ―con bastantes reparos― la ley corta por 122 votos a favor, 14 en contra y 10 abstenciones. Entre quienes rechazaron el proyecto estuvieron los parlamentarios René Alinco (Ind), Juan Santana (PS), Pamela Jiles (AH), Marcos Ilabaca (PS) y Gonzalo de la Carrera (Ind) ―que había adelantado su opción en sus redes sociales―.

Mientras, los oficialistas María Candelaria Acevedo (PC), Carmen Hertz (PC) y Matías Ramírez (PC), además de diputados independientes y opositores se abstuvieron de votar.

Para superar el quórum y terminar con la incertidumbre, el Gobierno debió ordenar a sus filas. Para ello, fue clave el rol de los legisladores del Socialismo Democrático, cuyo voto no estaba seguro.

Uno de los que intervino en esa línea durante la votación para fundamentar su opción a favor fue el independiente pro PPD Carlos Bianchi. “Aquí ganó desgraciadamente la usura. Nos han puesto entre la espada y la pared. No podemos hacer otra cosa más allá de manifestar nuestra rabia y nuestra impotencia. Porque el orden económico ganó, ganó la usura, ganó el abuso grosero”, remarcó.

“Pero tenemos aquí de rehenes capturados a más de 600 mil personas que tenemos que darle solución”, agregó Bianchi con resignación.

Luego, fue el turno de la diputada Gael Yeomans (CS). Según la parlamentaria oficialista, “efectivamente, no es el proyecto ideal. Lo sabemos, hay cosas que no nos gustan. Pero también sabemos que este es el Congreso que nos tocó para legislar. Que hay parlamentarios que insistieron hasta el último minuto en un perdonazo“.

“Las Isapres han logrado generar una dependencia en la que sería tremendamente irresponsable su quiebra. No por ellas, porque francamente han ganado bastante como para preocuparnos de su negocio, sino por la salud de los afiliados”, enfatizó Yeomans.

Desde la Democracia Cristiana, en tanto, su presidente Alberto Undurraga, comentó que “se resuelve la deuda de las Isapres de una forma que no nos gusta. El monto que se determina está OK. No se puede repartir utilidades mientras no pague todo, también OK. Pero con plazos muy largos y sin tener aumentos de capital, lo que nos parece mal”.

“Pero, por otro lado, se da la facultad a Fonasa de contratar seguros complementarios y colectivos para los usuarios. Eso, probablemente, es el mayor cambio en la salud pública en muchos años, que permitirá ofrecer a Fonasa servicios similares a los de las Isapres. Quienes queríamos otras condiciones para el pago de la deuda, cedimos. Quienes no querían nuevas facultades y planes para Fonasa, cedieron. Por eso votaremos a favor. Porque sumando y restando es un avance para la salud de millones de chilenas y chilenos”, expresó el diputado Undurraga.

Las dudas que persisten entre los senadores tras la aprobación de de la ley corta

La aprobación de la Ley Corta de Isapres en el Senado y la Cámara de Diputados no dejó satisfechos a los parlamentarios del oficialismo y la oposición. El socialista Juan Luis Castro expresó con desazón que “no tengo motivo para celebrar hoy. Podrá haber habido una mayoría que producto de una presión política se vio compelida a tener que darle el visto bueno al proyecto de ley, sabiendo que en la práctica el costo de esos 1.200 millones de dólares que la deuda las isapres es un costo que va a salir del bolsillo de las personas”.

“Este era el momento de iniciar una reforma a la salud en Chile. Pero a mí me duele que no se le diga con claridad a la gente lo que técnicamente está en el texto. Además, no se cambia ni una regla del juego respecto a la odiosa discriminación por sexo, que sigue latiendo como si nada en el sistema de isapres. Hay un pequeño tuvo de oxígeno que alivia las finanzas de las isapres más en riesgo. Pero no es la solución que significaba cambiar con reformas mínimas el esquema discriminatorio que tiene este sistema”, cuestionó.

En ese sentido, Juan Ignacio Latorre planteó que “ciertamente no es un acuerdo perfecto. Hubo que ceder de distintos lados […]. Espero que esto sea el punto de partida de una discusión mucho más de fondo. Que una vez superada la ley corta, superado el fallo de la corte, podamos discutir qué reforma necesita Chile en pleno siglo XXI para que la salud sea entendida como un derecho social, no como una mercancía”.

Por su parte, el senador Sergio Gahona (UDI) sostuvo que “no es un proyecto que nos deje conformes a todos. Pero sí es lo suficientemente razonable para poder tener un tiempo adecuado que nos permita mejorar de manera integral el sistema de salud en Chile y, especialmente, el sistema privado de salud”.

“En alguna medida ayuda a disminuir el riesgo de colapso del sistema. Aquí está en juego la salud de 3 millones de personas que son afiliadas al sistema. 300 mil pacientes crónicos que dependen de sus tratamientos y coberturas del sistema privado. Y también cerca de 6 millones de chilenos que se atienden en la modalidad de libre elección”, resaltó.

En qué consiste el proyecto que aprobó el Congreso y los pasos que vienen

El informe que despachó la Comisión Mixta el pasado 8 de mayo contempla que las isapres devuelvan los montos adeudados a sus afiliados menores de 65 años en un plazo de 13 años. En tanto, los usuarios de entre 65 y 80 años podrán recibir un pago preferente en cinco años. Mientras, los mayores de 80 años podrán obtener los fondos en dos años.

El proyecto ―que será revisado por el Tribunal Constitucional antes de su promulgación― establece, además, que la adaptación de los planes a la nueva tabla de factores debe ocurrir en paralelo al ajuste de los planes del 7%. A su vez, consagra que el cálculo de las devoluciones no debe considerar los montos ya restituidos mediante los excedentes.

Otro aspecto que regula la iniciativa es un alza extraordinaria para los afiliados. Ésta se concretará mediante una prima extraordinaria que considerará los costos operacionales, costos no operacionales y medidas de contención de costos. El tope de la prima será un 10% de los contratos registrados a julio de 2023.

Asimismo, se extendió la vigencia del criterio utilizado en 2024 para el cálculo del Indicador de Costos de la Salud (ICSA) hasta 2027 o hasta que se dicte una nueva ley.