Gustavo Gené, abogado de Chile en Caso Apablaza: “Hay un complejo sistema político en nuestros países, pero la respuesta de la justicia me parece adecuada”

Agilizar la extradición del ex frentista Galvarino Apablaza, imputado como autor intelectual del homicidio del senador Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards, fue el objetivo del viaje que emprendió a Buenos Aires, Argentina, la directiva de la Unión Demócrata Independiente (UDI) entre el 19 y 20 de mayo.

Durante la visita, la comitiva gremialista se reunió con políticos y representantes del Ministerio de Seguridad transandino, además del embajador chileno en Argentina, José Antonio Viera-Gallo. También, los líderes de la UDI sostuvieron un encuentro con Gustavo Gené, abogado del Estado de Chile en el caso Apablaza desde 2004, cuando el ex presidente Ricardo Lagos lo contrató para representar al país.

Sentado en un café en el barrio de La Recoleta, en la capital argentina, Gené conversa con EL DÍNAMO —medialuna en mano— sobre los avances de un proceso judicial que se ha extendido por más de 20 años, y volvió a tomar notoriedad tras los dichos de la ministra Patricia Bullrich en Enade 2024. “Nosotros queremos que Galvarino Apablaza vuelva a Chile a cumplir con la justicia, a cumplir lo que tiene que cumplir. No hay que confundir el estatus de un refugiado político con alguien que asesina en democracia”, dijo Bullrich en la ocasión.

—¿En qué situación judicial está Galvarino Apablaza actualmente?

—A él le han retirado el carácter de refugiado desde el punto de vista administrativo. Esto significa que para que ese retiro de la calidad de refugiado adquiera carácter firme tiene que haber una resolución judicial firme. Hay una resolución de primera instancia que ratifica que cesa ese carácter de refugiado, y hace seis meses está en estudio de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, para ver qué se resuelve en segunda instancia. De ahí, va a ir a la Corte, que es la última instancia, y es la que va a resolver.

Aquí interviene también el Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Esto, porque es un tema de gravedad institucional, que significa darle plenas garantías al refugiado de que si le levanta el carácter de refugiado es con todas las garantías constitucionales a su respecto.

—Y que se le van a garantizar sus derechos humanos…

—Yo no veo que Apablaza tenga muy afectados sus derechos humanos. La realidad es que ha tenido los beneficios de refugio y todo tipo de garantías. Ha tenido un debido proceso, Chile ha aceptado todas las características del debido proceso y sus lentitudes propias. No creo que Apablaza tenga ningún motivo de queja. El doctor Rodolfo Yanzon tiene sus opiniones al respecto, totalmente respetables, pero yo de lo que hablo es de lo que corresponde jurídicamente.

—¿Qué cree, entonces, que ha reactivado el proceso?

—Yo creo que lo que más ha movilizado en Chile este tema son las declaraciones de la ministra Patricia Bullrich, que expresó opiniones políticas en relación al tema, totalmente respetables. Ella dijo que el gobierno que ella integra querría mandar a Apablaza a Chile cuanto antes. Pero eso no depende del Ejecutivo argentino, sino que depende del Poder Judicial.

—Hace unos días, el abogado Yanzon reiteró en varias oportunidades que Galvarino Apablaza “es un refugiado político, y seguirá siéndolo”. ¿Mantiene, entonces, ese carácter, técnicamente?

—Sí, técnicamente sigue siendo refugiado político, hasta que no se le revoque este carácter en sede judicial firme. Efectivamente, eso es verdad.

—¿En cuánto tiempo podría haber avances en la justicia respecto al carácter de refugiado?

—Que resuelva la segunda instancia, que lleva seis meses estudiando el caso, y debe estar por resolver de un momento a otro. Y después, que resuelva la Corte Suprema de Justicia, que es el último tribunal que tiene que vertir opinión sobre el tema.

¿Tiempos? Los tiempos de la justicia no son mensurables de forma anticipada, porque no existen límites. Menos aún la Corte Suprema. En ese sentido, yo creo que el interés de la UDI era ver si pueden apurar esos tiempos, por eso tuvieron unas reuniones institucionales. Bueno, se verá qué efecto producen esas reuniones.

—Usted ha dicho que el gobierno argentino tiene un interés político en este asunto, que se ha manifestado en las declaraciones de la ministra Bullrich y del propio presidente Javier Milei. ¿Cree usted que el manejo del caso ha variado dependiendo del gobierno de turno?

—Probablemente, ha habido gobiernos que son más afines a la posición de Apablaza, como el de Cristina Fernández de Kirchner, y otros menos, como fue el de Mauricio Macri y el de Milei. Pero su incidencia en el proceso judicial es prácticamente nula, porque los que tienen que resolver son los jueces. Las garantías constitucionales, la imparcialidad de la justicia y todo lo demás resuelve la justicia.

—¿Y existen esas garantías y esa imparcialidad en Argentina?

—Sí, yo creo que existe, y el señor Apablaza lo ha comprobado largamente, porque se le han otorgado muchos de los beneficios que persiguió. No hay ningún elemento que haga pensar que no existen. Lo que dice la defensa de Apablaza es que en Chile no existen esas garantías, y por eso se resiste a irse para allá. También nosotros creemos que existen plenamente esos derechos en Chile, tanto como en la Argentina.

—¿En qué está Galvarino Apablaza actualmente?

—No lo sé. Pero está viviendo en Moreno, provincia de Buenos Aires. Tiene que presentarse periódicamente y acreditar que está acá. Pero qué es lo que hace sinceramente no lo sé, no, no, no es ningún incumbencia. Digamos, no sé en qué trabaja y la esposa de él trabaja en la Casa Rosada, porque es funcionaria de carrera.

—¿Cree que el rol de su esposa en la Casa Rosada influyó en cómo avanzó o no el proceso?

—En el gobierno de Cristina Fernández, la esposa fue la secretaria privada del vocero presidencial, Alfredo Scoccimarro.

—Entonces, ¿no cree usted que ella haya podido influir un poco? No parece normal que un juicio de extradición dure más de 20 años…

—Bueno, hay muchos casos que duran muchísimos años en la justicia argentina y en la justicia internacional. Muchísimos. El régimen de normalidad corre por su cuenta, no lo digo yo. ¿Podría resolverse más rápido? Sí, pero no está a nuestro alcance hacerlo. Hay que esperar que lo resuelva la justicia.

Hubo gobiernos distintos en ambos países, y si hubiera incidido tanto el gobierno de turno, en las administraciones menos favorables a Apablaza hubiera avanzado mucho más. Y ha avanzado en un ritmo común durante todo este tiempo.

—Hablando de tiempos, ¿en qué horizonte temporal usted vería probable una posible extradición de Apablaza?

—Mi función como abogado es cumplir con los trámites procesales y avanzar todo lo que pueda. Hacer de augur de cómo van a resolver los jueces no es mi función y jamás lo haría. No tengo idea.

—¿Qué compromiso ha visto usted por parte del Gobierno de Chile, que ha pasado por distintos signos políticos?

—Yo empecé a trabajar para el Gobierno de Chile en tiempos de don Ricardo Lagos. He pasado una administración de Lagos, dos de Michelle Bachelet, dos de Sebastián Piñera y una de Gabriel Boric. Siempre ha sido una política de Estado del Estado chileno. Con cualquier administración, yo he informado a todos los que han pedido información, a los distintos profesionales, tanto de la UDI como de la familia de Jaime Guzmán.

No ha cambiado nada en ninguno de los gobiernos que mencioné. Siempre Chile impulsó esto hasta sus últimas consecuencias. Tanto es así que cuando se le dio el carácter de refugiado, como esto no cumplía con las formas, hicimos una jugada muy fuerte y fuimos al Contencioso Administrativo para plantear que era nulo, porque se le concedió ese carácter diciendo que era un delito político, cuando la Corte había dicho que era un delito común.

—La defensa de Apablaza ha planteado, entre otras cosas, que el Estado de Chile lleva 20 años pagando a un estudio de abogados que no ha logrado nada. ¿Qué le parece esa afirmación?

—No contesto tonterías. Lo que ha hecho el estudio y el Estado de Chile consta en múltiples expedientes judiciales. No tengo intención de controvertir opiniones con Rodolfo Yanzon, no me sirve. Estoy muy tranquilo con cómo hemos trabajado. No tengo que darle exámenes de esto a nadie, porque nuestra actividad consta en los expedientes, con mucho éxito además, porque se consiguió la extradición en su momento. También logramos que se le reconociera a Chile el carácter de interviniente en este caso. Seis administraciones diferentes, de muy distinto carácter político, ratificaron la confianza en nosotros.

—Después de 20 años llevando el caso, ¿qué saca en limpio?

—Primero, que nuestros países latinoamericanos hemos vivido circunstancias muy graves institucionalmente. Hemos vivido procesos apartados del sistema democrático dentro de diferentes periodos. Eso ha significado que ha habido quienes tomaran decisiones complejas para la vida de otros y la institucionalidad en su conjunto.

Uno de los dictámenes de este caso hablaban de cómo nuestros países latinoamericanos debían reconstituir una institucionalidad. Y advierte que a Jaime Guzmán y a Cristián Edwards lo mataron y lo secuestraron en un Estado de derecho, cuando las normas regían, no durante la dictadura de Pinochet. En esa época, Yanzon y Apablaza dicen que había en Chile una democracia tutelada, una democracia de menor entidad. Entonces, yo me pregunto… ¿Esto le da derecho a asesinar a una persona y a secuestrar a otra? No, me parece que hay reglas del juego a las que nos sometemos todos en un Estado institucionalmente válido.

Suena medio complejo que uno se atribuya la facultad de decir qué está bien y qué está mal y, en base a eso, decidir. Los procesos complejos dan lugar a situaciones complejas.

Hay algo interesante en esto. El régimen de extradición en la Argentina permite que, aún concedido por la justicia, en los 10 días posteriores, el Poder Ejecutivo puede decir que no da lugar a la extradición por razones políticas. Eso fue algo que la administración argentina rehuyó todo el tiempo, porque le significaba, políticamente, tener una mala relación con Chile. Entonces, el refugio de carácter administrativo evitó ese conflicto. Pero claro, con el diario del lunes, todos sabemos el resultado de los partidos del domingo… Entonces, ¿qué lectura hago? Hay un complejo sistema político en nuestros países, pero ha habido una respuesta de la justicia que a mí me parece adecuada en el tiempo. Además, hay una tensión en qué tiene que resolver la justicia.

—¿Usted ha podido hablar con Galvarino Apablaza durante el proceso?

—Sí. Siempre tuve un buen trato con él, en las audiencias públicas. Siempre conversábamos naturalmente. La que está más enojada conmigo era la señora.

—¿Qué han conversado? ¿Qué ha visto usted en Apablaza?

—No me parece que yo tenga derecho para juzgar la vida de otras personas. Pero lo he escuchado, y en las conversaciones conmigo ha dicho que él no es responsable de esto que se le imputaba, y que él había tenido que respaldar una acción que habían cometido otros y con la que él no estaba muy de acuerdo. Esto es lo que decía él, de ahí a que sea verdad…

Pero hay una cosa bastante graciosa. Mauricio Hernández Norambuena, que estaba condenado y se escapó en el helicóptero, estaba detenido por secuestro extorsivo en Brasil. Y, mientras Apablaza decía que no quería volver a Chile porque era un Estado tutelado, Norambuena pedía por favor que lo llevaran a Chile. Y estaba condenado, no es que lo fueran a condenar, como a Apablaza.