El vínculo judicial con el Caso Conscriptos de Putre que inclinó la balanza en el INDH para querellarse por tráfico de influencias

Tras una serie de cuestionamientos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) publicó el acta de la sesión del 10 de junio en que el consejo decidió querellarse por presunto tráfico de influencias en el nombramiento de jueces de la Corte Suprema. Según el documento —solicitado por diversos sectores políticos—, la acción legal apunta a enfrentar un “caso de corrupción que afecta dos casos importantes para el instituto: Conscriptos y Operación Topógrafo”.

El escrito relata que el coordinador nacional de litigio de la Unidad de Protección de Derechos del INDH, Pablo Rivera, conversó con el fiscal Jaime Retamal, quien le hizo llegar un informe de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI).

“El día martes en la tarde llegó desde Fiscalía el informe […] hecho con ocasión de la causa Operación Topógrafo y de la Operación W sobre interceptaciones telefónicas espurias”, se lee en el acta.

“Señala que se logró rescatar mucha información desde el celular, en el que se encontraron conversaciones de WhatsApp bastante delicadas. Y es por esto que el fiscal abrió este informe, que llegó a todos los querellantes de la causa. El mismo jueves había un alegato en esa causa, momento en el que se le hizo ver al fiscal que como INDH habían tomado conocimiento del informe que él mismo había enviado. Luego se publicó el reportaje en el sitio web de Ciper y que les parecía bastante grave especialmente por el nombramiento de una persona que actualmente es ministra de la Corte Suprema”, añade el texto.

Según el resumen de la sesión, “el fiscal de la causa, sr. Jaime Retamal, le señaló que justamente por aquello compartió el informe. Luego, bajo reserva le informó que, atendido a los hechos, había tenido que elevarlo a la Fiscalía Regional. Y que el fiscal [Xavier] Armendáriz lo había elevado a la Fiscalía Nacional y en estos momentos está asignado a un abogado asesor de la misma, de la Unidad Anticorrupción, para estudiar los hechos de corrupción involucrados”. Tras ello, Rivera compartió a los consejeros la información reservada que recibió.

“Garantía de un tribunal independiente e imparcial”: el argumento tras la querella del INDH

El documento argumenta que es necesario “buscar la garantía de tener un tribunal independiente e imparcial, que es un estándar que se debe cumplir. Por lo tanto, es en el marco de identificar la necesidad de hacer todo lo que esté al alcance para asegurar la justicia independiente e imparcial conforme a estándares, es que el instituto ha planteado la independencia judicial como un eje de este trabajo”.

En ese sentido, sostienen que en el reportaje de Ciper —que muestra los chats para designar a María Teresa Letelier en el máximo tribunal— “se observa la comisión de hechos que revisten características de delito, en que el tema de la independencia judicial se ve afectada”.

“Afecta el derecho a la independencia e imparcialidad de los tribunales. Eso termina afectando, directa o indirectamente, otros derechos humanos de las personas como el derecho al acceso a la justicia”, añade el acta del INDH.

El organismo complementó que hay un vínculo directo entre la jueza Letelier y el caso Conscriptos, donde son querellantes. Esto, por “la contienda de competencias en la que está el INDH. Puesto que la ministra María Teresa Letelier está actualmente integrando la Segunda Sala Penal de la Corte, lugar donde se va a resolver esta contienda de competencias”.

Tras las palabras del coordinador nacional de litigio del INDH, los consejeros debatieron la presentación de la querella. La acción legal, finalmente, fue aprobada por siete votos a favor y cuatro abstenciones, y con una serie de reparos de los miembros de la instancia.

El primero en hablar fue Ignacio Covarrubias, quien optó por abstenerse argumentando que no veía la conexión del instituto con la causa. Una postura similar tuvo Beatriz Corbo quien se abstuvo y cuestionó la manera en que se votó la interposición de la acción legal. Su par Sebastián Donoso justificó su abstención en que “una aprobación como esta no se puede solicitar por correo electrónico, en forma urgente y sin los antecedentes indispensables para evaluarla”. Y, a juicio del consejero Cristián Pertuzé —otro que se abstuvo—, “se está flexibilizando el accionar del instituto en materia de persecución judicial”.

En tanto, quienes aprobaron fueron la directora del INDH, Consuelo Contreras, las consejeras Lieta Vivaldi, Paula Salvo, Constanza Valdés y Haydee Oberreuter. Además, los consejeros Francisco Ugás —cuestionado por no inhabilitarse en la votación al ser querellante en el Caso Topógrafo— y Juan Carlos Cayo. Entre sus fundamentos estuvo la gravedad de los posibles delitos de tráfico de influencias.

Según Cayo, pasar a llevar la independencia judicial compromete la seguridad democrática, lo que justificaría presentar la querella. La consejera Valdés fue más allá y apuntó a la posibilidad de que exista “un patrón sistemático en lo que tiene que ver con nombramientos y tráfico de influencias en el Poder Judicial”.

Conocida el acta, el candidato a alcalde de Santiago por Chile Vamos, Mario Desbordes (RN), informó que este martes interpondrá una querella en contra del INDH por prevaricación. “Me interesa discutir del fondo, y en nuestra querella vamos a presentar todos los argumentos para eso”, adelantó en conversación con EL DÍNAMO. El ex ministro de Defensa agregó que no descarta presentar acciones legales contra la Fiscalía por posibles presiones al instituto.