Los paros y conflictos que descarrilaron las últimas semanas del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz

El 2 de julio, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz (ind), deberá comparecer ante el Congreso. ¿La razón? La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, lo citó ―junto al presidente de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), Eric Martin― a declarar sobre las causas del accidente ferroviario ocurrido el jueves 20 de junio en San Bernardo, que provocó la muerte de dos personas y dejó nueve lesionados.

La sesión comenzará a las 17:30 horas, y el ministro Muñoz indicó que llevará “toda la información de lo que estamos trabajando en materia ferroviaria”. Y es que, para el Gobierno del presidente Gabriel Boric, la red de trenes representa una política fundamental. Eso explica que, rápidamente, el secretario de Estado haya afirmado que el sistema ferroviario “es un servicio que es seguro, que es confiable”.

Pese a las explicaciones del titular de Transportes, el pasado 23 de junio, los trabajadores del servicio Alameda-Nos de EFE iniciaron una paralización. Al día siguiente, se plegaron los maquinistas de EFE Valparaíso y EFE Sur. Los funcionarios reclamaron que la empresa “no ha sido capaz de garantizar la seguridad del tráfico ferroviario. Al día de hoy no se ha realizado ninguna mejora en los sistemas de movilizaciones en los que actualmente operamos”.

“Se mantienen las mismas condiciones operacionales que dieron como resultado la colisión de dos trenes con consecuencias fatales”, insistieron.

Las negociaciones de Muñoz para destrabar el paro de EFE

El paro de los funcionarios de EFE obligó al Ministerio de Transportes a desarrollar un plan de contingencia, que consistió en un refuerzo de las líneas 1 y 2 del Metro de Santiago y la habilitación de un recorrido de buses en el tramo Nos-Estación Central. Pero, en paralelo, Juan Carlos Muñoz comenzó a elaborar una estrategia para destrabar el conflicto.

El primer paso fue conseguir la mediación de la Dirección del Trabajo. El segundo, en tanto, fueron una serie de reuniones que Muñoz gestionó. Una de ellas tuvo lugar el martes en La Moneda, y contó con la participación del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), y el líder de EFE.

A la salida, el titular de Transportes —que asumió el papel de garante en el proceso— emplazó al sindicato y a la empresa a detener el paro a la brevedad. “Son 250 mil los viajes que se hacen en estos servicios ferroviarios en un día normal. Por lo tanto, esto es algo que afecta a muchas personas”, dijo.

Desde ahí, comenzó a delinear, junto a la empresa ferroviaria, una propuesta para sus funcionarios que tomó en cuenta los 10 puntos expresados en el petitorio de los sindicatos. Entre ellos, mejoras en las comunicaciones entre los trenes, la instalación de rejas perimetrales en las vías, señaléticas virtuales y adaptaciones en los guarda cruces.

Así, el miércoles 26 de junio, EFE optó por acoger las solicitudes de los trabajadores y, pasadas las 19:30 horas, se depuso el paro. “Esta es una oportunidad y un hito que va a permitir seguir fortaleciendo el modo ferroviario en esa dirección”, destacó el ministro de Transportes.

En conversación con EL DÍNAMO, el senador Juan Luis Castro (PS), quien integra la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, comenta que “la situación del paro de ferrocarriles después de la tragedia ha significado una dura negociación con los trabajadores que reivindican más seguridad en la línea férrea. Pero, también, la Empresa de Ferrocarriles ha tomado medidas, como desvincular al gerente de operaciones, porque aquí alguien tiene que dar la cara por esto”.

“Yo creo que el Ministerio de Transportes ha estado proactivamente sobre el problema. Pero se requiere más esfuerzo aún para que la línea férrea, que siempre ha gozado de seguridad en el transporte nacional, lo sea aún más y no se vea enfrentada a paralizaciones o movimientos sindicales que provocaron graves trastornos en el acceso a la Región Metropolitana”, plantea Castro.

En tanto, el diputado Felipe Camaño (ind-DC), quien preside la comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, destaca que “la constante vocación de diálogo” de Muñoz —”algo difícil de encontrar en un ministro”— fue fundamental para el fin de la paralización ferroviaria.

Paralización de Puerto Coronel: tres días de reuniones con empresarios, políticos y sindicatos

Otra crisis que debió destrabar el ministro Juan Carlos Muñoz fue el paro que afectó, por más de 50 días, al Puerto de Coronel. El viernes 17 de mayo, viajó a Concepción —donde estuvo tres días— y sostuvo una serie de reuniones y mantuvo contacto permanente con sindicatos, funcionarios, empresas y políticos de la región. Entre ellos, estuvieron el gobernador Rodrigo Díaz (DC), el senador Gastón Saavedra (PS), el alcalde de Coronel, Boris Chamorro (PS), y empresarios como el presidente de la CPC de Biobío, Álvaro Ananías, y el gerente de Personas y Sustentabilidad de Arauco, Charles Kimber.

Así, el 20 de mayo, llegó a un preacuerdo con el que se depuso la movilización, con la condición de que se creara una mesa de trabajo para fomentar el diálogo entre los sindicatos y la empresa. El puerto logró reactivarse, sin embargo, funcionarios cuestionan que el ministro de Transportes no está actuando como “garante de las bases de la mesa”.

Consultado por Emol, Muñoz declaró que “seguimos mirando el diálogo, entendiendo que esto lo tienen que resolver ellos. Hemos estado presentes, tratando de acercar las partes”. Añadió que el Gobierno ha estado presente en el proceso, a través de los subsecretarios de Transportes y Trabajo.

La paralización en el puerto generó un impacto económico que, según la Corporación Chilena de la Madera (Corma), causó un aumento de costos de entre US$75 y US$120 millones en la actividad forestal. En el ámbito pesquero, empresas apuntaron que las pérdidas sobrepasaron los US$800 mil.

Las dudas por el retiro del reglamento de la Ley Uber

Otro flanco que se mantuvo abierto durante estos meses para el Ministerio de Transportes es el debate por el reglamento de la polémica Ley Uber. El pasado martes, la repartición optó por retirar de la Contraloría General de la República el documento que el organismo revisaba desde el 5 de enero.

La normativa generó una disputa entre las empresas de aplicaciones de transportes (EAT) y Transportes. Esto, porque según un estudio de la Universidad Católica, la entrada en vigencia de la Ley Uber podría dejar automáticamente a 40 mil conductores fuera del sistema. En ese sentido, el director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, David Bravo, advirtió en Biobío que “lo que se está tratando de hacer ahí es transformar en taxistas a personas que manejan como conductores, pero en verdad no trabajan jornada completa en esto. El impacto que eso puede tener en el largo plazo puede llevar a cambiar significativamente lo que esta industria representa hoy”.

Durante la tramitación del reglamento, las aplicaciones ingresaron una serie de reparos a la Contraloría. En la mayoría de los casos, el ministerio optó por responder duramente.

“Las empresas de aplicación de transportes irrumpieron en Chile hace años, prestando servicios de transporte de pasajeros sin sujeción a regulación alguna y ―derechamente― infringiendo la legislación”, señalaron.

Desde Transportes explicaron que al reglamento se le realizarán ajustes de forma y contenido, y descartaron que se trate de cambios de fondo. Lo mismo sostuvo, este viernes, en conversación con Radio Pauta, Juan Carlos Muñoz. “Es un proceso natural con Contraloría. Nos devolvieron el reglamento para que contestáramos algunas aclaraciones, es el mismo proceso en el que estábamos antes”, señaló.

“Vamos a responder las observaciones y vamos a reingresar el reglamento a Contraloría […]. Este plazo es importante porque permite que la industria se vaya adaptando a exigencias que tienden a equiparar la cancha con los taxis básicos”, sostuvo.

Para el senador Castro, sin embargo, subsisten dudas “más que razonables”. “No hay una explicación clara que se nos haya dado. Yo pediría a la Comisión de Transportes que el propio ministro responda directamente a qué obedece esto”, expresó el parlamentario.

“Sería curioso que hiciera ahora un gesto hacia el mundo de las aplicaciones cuando ellos saben que hay reglas nuevas, discutidas por año en una ley y que ahora tienen que implementarse claramente para beneficio de la población”, planteó.

A juicio de la diputada Paula Labra (RN), “el ministerio de Transportes es un ministerio que durante este Gobierno se ha tornado cada vez más político. Debido a una serie de problemas de gestión y de coyunturas, el ministro Muñoz ha tenido que dar un paso al frente y salir desde la retaguardia del gabinete a dar la cara y a explicar una serie de hechos, en los cuales se le ha visto bastante incómodo. Él tiene un perfil para estar en una segunda línea política. Y, en ese sentido, transformar su cartera en el epicentro de la atención mediática le ha jugado en contra”.

Según Labra, desde ahora, Muñoz debiese “enfocarse en volver a lo sectorial” y mejorar la relación con el Congreso. “Hay ministros que en las crisis salen fortalecidos, y otro que no. Creo que el ministro es de este segundo grupo y por tanto debe trabajar para que los problemas de su cartera no escalen hasta la primera línea de la agenda”, sostiene a EL DÍNAMO.