El caso del doctor Manuel Álvarez y los más de US$280 mil en acuerdos por demandas laborales que arrastra la Clínica Las Condes

El 11 de diciembre de 2017, la noticia de su despido tras una denuncia por un presunto abuso sexual en contra de una paciente tomó por sorpresa al entonces jefe del Centro del Cáncer de la Clínica Las Condes (CLC), Manuel Álvarez Zenteno.

Dicha información alertó al profesional respecto a la delicada situación que se había iniciado días antes, cuando se le notificó verbalmente de su desvinculación, considerando, además, que en ese momento el oncólogo aún era parte del staff de médicos del centro privado de salud.

Según se lee en la demanda laboral presentada por Álvarez ante el 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, fue despedido recién el 14 de diciembre de 2017.

Una semana antes de la publicación, Álvarez se había enterado de la denuncia a través de un mensaje enviado por WhatsApp por una de sus asistentes. Tras una serie de reuniones informales con los directivos de la CLC y la prohibición de seguir atendiendo a sus pacientes, el médico especialista se reunió con el gerente general, Jaime Mañalich. Allí, el exministro de Salud del primer gobierno de Sebastián Piñera le habría sugerido renunciar.

“La reunión tuvo lugar en el Café Mozart, según el señor Mañalich lo había propuesto. La reunión fue breve. En ella, el señor Mañalich intentó por todos los medios manipular psicológicamente a mi representado, tratando de hacerlo renunciar. Le expresó las consecuencias penales, laborales y mediáticas que le esperan, e intentó debilitarlo aún más. Le consultó si su mujer todavía lo apoyaba, y lo mismo hizo respecto de sus hijos. Le informó que había rezado por él. Que debe irse de la ciudad, reinventarse en otro lado, empezar de nuevo. Nunca el señor Mañalich informó a mi representado de qué se le acusaba. Le dijo, en definitiva, que esperaría su renuncia por 24 horas. El doctor Álvarez se paró y se fue del lugar todavía más angustiado y desorientado”, se lee en la demanda por despido injustificado y vulneración de derechos fundamentales presentada por el oncólogo.

Nueve días después, el caso sería portada de vespertinos y medios digitales, incluyendo declaraciones de Mañalich en las que señala que se desvinculó al médico basándose en la denuncia de una enfermera antes de que la justicia se pronunciara “porque desde el punto de vista de la protección de los pacientes no puede haber ninguna duda de la actitud de la Clínica Las Condes”.

Álvarez presentó la demanda el 13 de marzo de 2018, y en ella asegura que su despido se hizo en términos humillantes, con publicidad en los medios de comunicación nacional, y con vulneración gravísima de su derecho a la honra, de su derecho a la integridad psíquica y de su libertad de trabajo. En ella, solicitó una indemnización por más de 3 mil 400 millones de pesos.

El 27 de julio de 2018, la justicia sentenció que el despido de Álvarez había sido injustificado y condenó a la CLC a pagar al médico la suma de $327.211.760 por indemnizaciones, estableciendo además la “obligación de publicar a su costa en el diario La Segunda, la declaración que por medio de esta sentencia se ha establecido que el despido llevado a cabo por la denunciada Clínica Las Condes S.A. fue vulneratorio a la garantía de la honra del denunciante don Manuel Álvarez Zenteno”.

Frente a esta condena, la CLC presentó un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, junto con un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Con este último paso judicial, la clínica alegó que la sentencia del tribunal laboral le genera un severo perjuicio a su patrimonio, así como a los destinatarios de los servicios y prestaciones que otorga, alegando que “cumple una importante función colectiva” y que su exclusión de la contratación pública vulnera la Constitución, al establecer la ley la prohibición de participar en licitaciones con el Estado a empresas que hayan sido condenadas por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los últimos dos años.

Según se estableció durante el juicio en el TC, la CLC registra como proveedor del Estado un total de ventas en Mercado Público por $16.920.353.934 en los últimos 5 años, tal como aparece en su ficha de proveedor.

Este recurso de inaplicabilidad, finalmente, fue acogido por el Tribunal Constitucional en enero de este año.

Millones en acuerdos

Pero este mediático caso no es el único que ha llevado a los abogados de la clínica del sector oriente de Santiago hasta los tribunales laborales, en medio de una delicada situación financiera que enfrenta la empresa.

Un total de 30 juicios ha debido enfrentar la Clínica Las Condes (CLC) desde el año 2017 por demandas laborales interpuestas en su contra por despidos injustificados y vulneración de derechos fundamentales.

Casi en su totalidad (25), dichos requerimientos han sido resueltos por la vía de acuerdos de conciliación, transacción o avenimiento con los extrabajadores demandantes, acordando con ellos montos significativamente más bajos que los solicitados por los funcionarios despedidos, en su mayoría, argumentándoseles el artículo 161, inciso 1° del Código del Trabajo, más conocido como “Necesidades de la Empresa”.

Algunos de ellos, incluso, corresponden al mismo equipo de trabajo que se desempeñaba con Manuel Álvarez en el Centro del Cáncer. Dos de las asistentes de Álvarez también fueron despedidas a principios de 2018 y ambas presentaron demandas laborales.

Sin embargo, en el caso de las dos excolaboradoras del médico oncólogo, sus casos terminaron en un acuerdo de conciliación con la empresa, a diferencia de su exjefe.

Sólo en acuerdos de conciliación, avenimiento y transacción, la CLC ha debido cancelar $193.800.575, equivalentes a US$286.094 en “salida alternativa” a los conflictos laborales, lo que incluye los montos que ha debido desembolsar por una de sus filiales: Servicios de Salud Integrados S.A. (Medired S.A.). Otras demandas, que luego fueron desestimadas, fueron presentadas por trabajadores despedidos en contra de Centro de la Visión S.A, otra de sus empresas relacionadas.

De este total, $42.150.000 corresponden a montos que ha debido pagar al ser demandada por su responsabilidad subsidiaria en las obligaciones laborales al ser contratante de otra empresa.

En estos acuerdos con la parte demandante, según la información disponible en el sitio web del Poder Judicial revisada por El Dínamo, la clínica acuerda el pago “sin reconocer los hechos expuestos en la demanda y con el solo animo de poner término al presente juicio”.

Uno de estos casos fue el de Fabián Contreras Machuca, trabajador que fue contratado por una empresa contratista como ayudante para la instalación de pisos en las dependencias de la clínica ubicadas en calle Suecia 142.

En marzo de 2017, mientras realizaba la instalación de pisos vinílicos, ocurrió una explosión en la habitación de la clínica en donde estaba trabajando, resultando con el 30% del cuerpo quemado y graves consecuencias físicas y sicológicas.

El trabajador demandó tanto a su empleador como a la clínica, argumentando que era ésta última la que debía proveer las medidas de seguridad en la faena, fundamento que fue respaldado por la empresa demandada.

En su demanda por indemnización de perjuicios por accidente del trabajo, presentada en agosto de 2017, solicitaba 148 millones de pesos por daño moral y lucro cesante, además de reajustes e intereses.

A finales de diciembre de 2017, la sentencia del 2° Juzgado dictaminó un pago de $47.300.000 al trabajador, estableciendo “responsabilidad directa y de naturaleza solidaria por los perjuicios ocasionados por el accidente del trabajo” por parte de la clínica. Sin embargo, el 9 de enero de 2018 las partes establecieron una transacción notarial, acordando la clínica el pago de 40 millones de pesos, de los cuales el demandado principal/contratista aportó $1.500.000. Con este acuerdo se establece que las partes “no reconocen los hechos fundantes de la demanda”.

Consultada al respecto, desde la CLC aseguraron que el año 2017 se puso en marcha un profundo proceso de reestructuración que implicó desvincular a 187 personas en el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2017 y el 30 de enero de 2018.

Respecto a las conciliaciones en juicios presentados por diferencias respecto al monto de las indemnizaciones entregadas, aseguraron que en estos acuerdos entre las partes que alcanzó un monto correspondiente -en promedio- al 40% de la diferencia solicitada por este grupo de trabajadores.

Problemas financieros

En una de las acciones legales presentadas por un médico cirujano del área de intermedio coronario, quien solicitaba $10.827.674 por despido injustificado y recibió a través de un acuerdo $6.496.604, señalaba en su demanda que la razón de su desvinculación había sido “una racionalización y reestructuración general que se está haciendo en distintas unidades y dependencias de la Clínica Las Condes, motivadas por cambio en las condiciones del mercado, bajas en índices de ocupación y bajas de productividad, que obligan a adoptar las medidas señaladas, necesarias para el mejor desenvolvimiento de la empresa”.

Este argumento esgrimido por el centro médico se repite en varias de las cartas de despido entregadas a los extrabajadores.

Por su parte, el argumento de “Necesidades de la empresa” es relevante a la hora de presentar las demandas, ya que todos los extrabajadores solicitan que se les reintegren los dineros del aporte del empleador al Seguro de Cesantía que les fueron descontados por la empresa en sus finiquitos.

Esta situación puso en alerta a los extrabajadores, considerando los problemas financieros que venía arrastrando la empresa.

La clasificadora de riesgo Feller Rate mantuvo en noviembre de 2018 la clasificación “A-” asignada a Clínica Las Condes S.A. (CLC), lo que implica que el perfil de negocio es considerado “Satisfactorio” y su posición financiera “Intermedia”.

Esta clasificación fue obtenida el año anterior, cuando la empresa disminuyó su desempeño, según la clasificadora, por a un “deterioro en los indicadores crediticios por sobre lo esperado, producto de una caída en los márgenes y un crecimiento en los niveles de deuda financiera”.

En agosto de 2017, el mismo presidente del directorio, Andrés Navarro, reconocía que se habían cometido “errores contables” por más de $ 10.000 millones. Asegurando además que dicho escenario “había quedado atrás”.

Respecto a las perspectivas de solvencia, pasó de negativas a positivas entre febrero y octubre de 2018, según la misma calificadora.

Mismo diagnostico entregó la clasificadora Humphreys en mayo del año pasado, cuando decidió confirmar la clasificación de la Clínica Las Condes S.A. en “Categoría A-”, con tendencia “Estable”.

La empresa aún mantiene juicios pendientes en demandas laborales por un total de $343 millones.