Las funciones de los asesores parlamentarios que deben cumplir por ley, son extensas y diversas: desde redactar minutas para la discusión legislativa y escribir discursos en función de las intervenciones en el hemiciclo, hasta responder correos, recepcionar invitados, organizar viajes y gestionar las comunicaciones de los diputados y senadores. Todas estas tareas permiten que la maquinaria legislativa funcione con fluidez, compensando la imposibilidad de que un solo parlamentario pueda abarcar la totalidad de responsabilidades que su cargo demanda.

Precisamente por esta complejidad, bajo la glosa personal de apoyo, los diputados y diputadas tienen la posibilidad de contratar asesores para desplegar esas funciones, como jefe de gabinete, comunicaciones, trabajo territorial y administrativo, entre otras. 

El monto asignado para el pago de estos funcionarios es de $6.739.794 en total, según indica la última actualización del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias que data del 2022. Dicho monto, puede ser distribuído de la manera en que mejor lo estime conveniente el diputado contratante y en el número de asesores que requiera. 

Pero ¿qué ocurre cuando estos asesores ya no tienen parlamentario al cual asistir porque enfrenta un proceso judicial o incluso está en prisión preventiva? El trabajo no se realiza pero los sueldos siguen pagándose.

Asesores que siguen recibiendo sueldos, sin asesorar

Sin parlamentarios a quienes asesorar, sin proyectos de ley que revisar y sin votaciones que coordinar, estos funcionarios siguen percibiendo sus sueldos —que, en algunos casos, superan los 3,5 millones de pesos— mientras sus jefes están impedidos de ejercer sus funciones o, incluso, privados de libertad. En total, la Cámara de Diputados ha pagado la suma de $149.585.624 a los asesores de tres diputados desaforados que tienen poco o nada que hacer. 

Ese es el caso de los equipos de trabajo de María Luisa Cordero, Mauricio Ojeda y Francisco Pulgar, los tres diputados que han sido desaforados en el actual periodo legislativo. Todos han seguido recibiendo sus remuneraciones completas, a pesar de que, en diferentes momentos, los diputados a los que asesoran no pudieron asistir a sesiones, participar en comisiones ni votar proyectos de ley. 

De acuerdo a la última resolución del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, los diputados disponen de $6.739.794 para contratar asesores. Sin embargo, esta cifra puede aumentar significativamente mediante el traspaso de hasta un 40% de los $4.615.005 asignados para gastos operacionales, además de los reajustes anuales. Es decir, por regla general se termina pagando más de lo que la asignación inicial indica. 

Entre los cinco asesores que prestaron servicios a la diputada Cordero durante su periodo de desafuero (que comprendió entre agosto de 2023 y marzo de 2024), se contabilizó un total mensual de $8.891.381 pagado al total de sus cinco asesores, que aumentó a $9.273.710 en enero de 2024 debido al reajuste anual.

En total, la Cámara desembolsó $63.004.325 en asesorías mientras la parlamentaria estuvo inhabilitada.

En el desglose, según información de transparencia de la Cámara, los cinco asesores recibieron mensualmente $2.836.944, el jefe de gabinete; y $1.956.177, $934.528, $2.006.730 y $1.539.331 el resto del equipo, respectivamente, conformado entre profesionales y administrativos.

El equipo del diputado Ojeda, desaforado en septiembre de 2024 y en prisión preventiva desde enero de 2025 a la fecha, está compuesto por cinco funcionarios. Su jefa de gabinete recibe $3.585.955 mensuales, mientras el resto del equipo percibe entre uno y 1,8 millones de pesos. Mensualmente, la Cámara pagó $8.452.132 por este equipo entre octubre y diciembre de 2024, monto que se incrementó a $8.807.121 desde enero de 2025. En total, se han desembolsado $51.777.759 en los seis meses que Ojeda ha estado desaforado.

En el caso del diputado Pulgar, desaforado desde diciembre de 2024 y también en prisión preventiva por el delito de violación a una menor de edad, la Cámara de Diputados ha pagado un total de $34.803.540 a sus siete asesores. El monto mensual ascendió de $8.435.178 en diciembre de 2024 a $8.789.454 en enero de 2025 tras el reajuste anual. Su jefe de gabinete percibe $2.044.934. De sus otros asesores, dos reciben sueldos inferiores al millón de pesos, mientras que el resto su remuneración oscila entre 1,1 y 1,3 millones.

Entonces, si los diputados para los que trabajan no se encuentran realizando su trabajo en la Cámara de Diputados ni en sus distritos,  ¿qué funciones cumplen estos asesores si los diputados ya no pueden asistir a sesiones, realizar su trabajo parlamentario en terreno, votar o participar en la redacción de proyectos de ley? Otros asesores consultados por EL DÍNAMO bajo reserva reconocen que efectivamente su trabajo se ha reducido significativamente, limitándose a mantenerse al corriente en la actualidad legislativa y cumpliendo funciones administrativas de menor exigencia. 

Ante las preguntas planteadas por EL DÍNAMO respecto a las tareas realizadas y el destino de los recursos, la diputada Cordero y su equipo respondieron: “La diputada María Luisa Cordero no responderá estas preguntas. Sin embargo, reitera que tanto sus ingresos como los de su equipo parlamentario han estado estrictamente apegados a lo que establece el reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados. No hay ninguna irregularidad en este ámbito, y cualquier información relevante sobre este tema se encuentra debidamente consignada en los registros oficiales. Si requieren mayor información, les instamos a realizar las consultas pertinentes a través de los canales de transparencia dispuestos por la Cámara de Diputadas y Diputados”.

Quien sí accedió a responder los requerimientos de este medio fue el jefe de gabinete del diputado Pulgar. Consultado por las labores que han desempeñado en el equipo del diputado por El Maule, el funcionario explica que “entendiendo que existen labores que se nos imposibilita realizar en el marco de este desafuero, igualmente el equipo parlamentario ha llevado adelante algunas acciones, y que obedecen a compromisos adquiridos con anticipación con algunas organizaciones o comunidades de la región del Maule”.

“En lo medular, se trata del envío y derivaciones de respuestas de oficios o gestiones realizadas ante instituciones gubernamentales, las cuales se constituyen en documentos de alto interés y sentidos para las comunidades o en algunos para casos particulares, relacionados a diligencias en materia de atenciones urgentes de salud”, asegura. 

Eso sí, confirma que “desde el punto vista legislativo, en este período no podemos desempeñar ningún tipo de función; como tampoco lo tenemos para efectos de representar o fiscalizar”

Por otra parte, el funcionario confirma que la Cámara no ha reasignado tareas. “En cuanto a la reasignación de labores, señalar que el personal de apoyo que forma parte de este equipo parlamentario no fue reasignado a otra tareas o funciones por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados; que es por lo demás con quien suscribimos nuestros contratos de trabajo y por tanto, es esta Corporación nuestro empleador”, aclara.

El equipo del diputado Mauricio Ojeda fue contactado para este reportaje, sin embargo no se obtuvo respuesta. 

Oficinas parlamentarias: arriendos que se pagan aunque no se usen

Pero además de los sueldos de los asesores, la Cámara también debe seguir pagando las oficinas parlamentarias de diputados desaforados en caso de que los contratos se mantengan vigentes. Solo las asesorías externas y gastos operacionales son “cortados” en estos casos.

“Como ya están desaforados, no pueden ocupar bencinas, gastos operacionales, nada, solo las oficinas que están arrendadas hasta el periodo que indiquen los contratos”, confirma a EL DÍNAMO Miguel Landeros, secretario general de la Cámara de Diputados.

Mediante una solicitud de transparencia, EL DÍNAMO corroboró que, a la fecha, Francisco Pulgar mantiene dos contratos por el concepto de arriendo de oficinas parlamentarias; una en Talca y otra en Curicó. Cada una, tiene un costo para la Cámara de $1.118.862, según indica el portal de transparencia activa. En total, se han pagado $8.950.896 por las oficinas de Pulgar, a pesar de que no se pueden ocupar para cumplir funciones ya que el diputado sigue en la cárcel de Cauquenes. 

¿Y quién fiscaliza?

Para saber quién fiscaliza el trabajo de los asesores y el gasto de las oficinas parlamentarias, EL DÍNAMO tomó contacto con el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, con el presidente del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, Rabindranath Quinteros, y con la coordinadora del Comité de Auditoría Parlamentaria, Priscila Jara. Las respuestas de cada uno dieron paso a más dudas.

Respecto a si se han fiscalizado las labores prestadas por los asesores, Landeros responde: “No se ha hecho, porque la verdad es que los tipos van generalmente a la oficina. Ese tipo de actividad a la que le correspondería hacer la fiscalización no es a la Cámara, sino que es al Comité de Auditoría Parlamentaria, el comité que preside la señora Priscila Jara. Ahí radica la responsabilidad, es la que tiene que velar por el cumplimiento de los contratos”. 

Sin embargo, Jara sostiene que la Cámara sí tiene responsabilidad en la fiscalización. De hecho, el primer control recae en los diputados que, en estos casos, están impedidos de velar porque se cumplan las funciones de su equipo al estar en prisión preventiva. 

“Conforme lo previsto por la Resolución N° 11 de 2024, del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, el sistema de control de las asignaciones parlamentarias está concebido en tres niveles, el primero corresponde al propio parlamentario, quien es responsable de la administración, uso, destino y rendición de cuentas de tales recursos. En segundo lugar, corresponde a cada Corporación ejercer un adecuado control interno sobre el uso de las asignaciones; y, finalmente, la tercera instancia corresponde al Comité de Auditoría Parlamentaria, conforme lo establecido en el respectivo plan anual de auditoría”, afirma Jara.

En la resolución a la que hace referencia la coordinadora del comité de auditoría, se especifica respecto al personal de apoyo que “los parlamentarios podrán asignar la función de encargado de asignaciones, a un trabajador contratado como personal de apoyo, sin perjuicio de lo cual, la responsabilidad sobre el buen uso de las asignaciones y las eventuales devoluciones, reintegros o descuentos de la dieta, continuará recayendo en el respectivo parlamentario”.

En otras palabras, los mismo parlamentarios son los responsables de fiscalizar que se cumplan las tareas que se asignan en los contratos de trabajo de su equipo. 

Quinteros, por su parte, sólo se limitó a responder que “el pago de las asignaciones parlamentarias a los parlamentarios desaforados es regulado por cada Cámara, a través de acuerdos de sus comisiones de Ética y de Régimen. Por regla general, estas mantienen el pago de las remuneraciones del personal vigente, atendida la normativa del Código del Trabajo que les rige”.

En cuanto al pago de las oficinas parlamentarias, Quinteros sostiene que “por regla general, se financian los contratos vigentes, como los arriendos, pero no se admiten contratos nuevos”, refiriéndose a los casos de diputados desaforados. 

En definitiva, no hubo respuesta concreta por parte de las autoridades a cargo respecto a si se lleva a cabo una fiscalización efectiva que permita que no se entreguen recursos públicos sin que se realicen las labores asignadas. 

Diputados en prisión siguen cobrando dieta parlamentaria

Paralelamente a esta situación, los dos diputados que actualmente se encuentran desaforados han seguido percibiendo su dieta parlamentaria a pesar de estar privados de libertad.

El diputado Mauricio Ojeda, quien lleva más tiempo desaforado (desde septiembre de 2024) y cumple prisión preventiva desde enero de 2025 a raíz de la investigación en su contra por fraude al fisco en el marco del Caso Convenios, ha recibido un sueldo mensual de $7.348.983. En total, la Cámara ha desembolsado $44.093.898 desde que la Corte Suprema ratificó su desafuero.

Misma situación ocurre con Francisco Pulgar, en prisión preventiva por el delito de violación que se le imputa. En su caso, se le ha pagado su dieta durante cuatro meses estando desaforado, significando un gasto de $29.395.932 para la Cámara Baja.

La diputada María Luisa Cordero, primera parlamentaria desaforada en el actual ciclo legislativo, estuvo impedida de cumplir sus funciones entre agosto de 2023 y marzo de 2024, período en que enfrentó una querella por parte de la senadora Fabiola Campillai por injurias y calumnias. Durante esos siete meses, Cordero recibió, en total, $51.442.881.

En suma, la Cámara ha desembolsado un total de $124.932.711 por concepto de dieta a estos tres diputados. Sin perjuicio de que este monto seguirá aumentando por cada mes que transcurra sin resolverse la situación judicial de Ojeda y Pulgar, quienes seguirán recibiendo su sueldo sin cumplir funciones hasta que se reincorporen o sean condenados y se les revoque su condición de diputados.

¿Cómo se justifica que los diputados sigan recibiendo dieta sin prestar funciones? El secretario general de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, explica: “Los diputados y senadores tienen tal cantidad de prohibiciones que si no tuvieran la dieta, la verdad es que no podrían trabajar en prácticamente nada. La única alternativa es que tuvieran empresas privadas propias, pero si fueran empresas muy grandes, también tendrían que tenerlas en fideicomiso. Y segundo, porque se produciría una desigualdad ya que los que son profesionales, y no son empresarios, no podrían prácticamente tener ingresos”.

Landeros, además, reconoce que “no se ha hecho un estudio tampoco que se haya acabado” sobre la dieta que se paga a los parlamentarios desaforados, pero es tajante en subrayar que la eventual solución de la controversia le corresponde a los propios diputados y diputadas.

Esta práctica de mantener el pago de dietas a parlamentarios desaforados tiene sus raíces históricas. En 1948 se legisló por primera vez sobre la dieta parlamentaria en caso de que un diputado o senador perdiera su fuero, a propósito del desafuero del senador Pablo Neruda. En dicha ocasión, se planteó que la dieta constitucional, por estar establecida con ese rango, no era objeto de ningún tipo de descuento, porque si bien el parlamentario no cumplía funciones, seguía siendo diputado o senador; no había perdido el cargo. Ese criterio persiste hasta la actualidad.

El caso de Catalina Pérez

El lunes 7 de abril de esta semana, la diputada Catalina Pérez, independiente ex Frente Amplio, se sumó a la lista de parlamentarios suspendidos de sus funciones al estar enfrentados a un proceso judicial. En su caso, la Fiscalía de Antofagasta le imputará —una vez se concrete la audiencia de formalización de cargos— el delito de fraude al fisco en el marco del caso denominado Democracia Viva. 

Pérez, al igual que Pulgar y Ojeda, seguirá recibiendo su dieta aunque no cumpla funciones en la Cámara de Diputados. Incluso, en la eventualidad de que le sea impuesta alguna medida cautelar como la prisión preventiva. 

Lo mismo ocurre con su equipo, uno de los más numerosos de la Cámara, con ocho funcionarios en total. De hecho, para costearlo, la diputada traspasa $2.420.538 de los gastos operacionales asignados a su personal de apoyo, según la última actualización disponible en el portal de la Cámara (que no ha subido la información sobre gastos en todo lo que va de 2025, pese a que la obligación legal dice que deben estar disponibles al mes subsiguiente). 

En total, entre los ocho funcionarios, la Cámara desembolsa $10.199.384 mensuales. La jefa de gabinete y el encargado de comunicaciones de la diputada reciben los montos más altos: $2.511.189 y $2.192.088, respectivamente. Más abajo están tres asesoras que reciben $1.202.007, $1.345.521 y $1.034.639, respectivamente. Otros tres funcionarios reciben menos de un millón de pesos. 

En conjunto, entre los sueldos de asesores y la dieta de Pérez, la Cámara estará pagando $17.548.367 por una labor que no se realizará.