En un punto de inflexión se encuentra la Comisión para la Paz y el Entendimiento (CPE). El pasado 30 de enero, la Secretaría General de la Presidencia anunció un nuevo aplazamiento de la entrega del informe final que buscará proponer al presidente Gabriel Boric soluciones al conflicto latente entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. 

Este aplazamiento, el tercero desde su creación, ha despertado preocupaciones sobre la viabilidad de implementar soluciones efectivas al histórico conflicto territorial presente en las regiones del Biobío, la Araucanía y de Los Ríos, zona bautizada como la Macrozona Sur; y que involucra a las comunidades del pueblo mapuche, empresarios de la zona y la sociedad civil. 

Hasta la fecha, todos los gobiernos desde el retorno a la democracia —a excepción del segundo de Sebastián Piñera— han entablado mesas de diálogo y comisiones para intentar dar con posibles mecanismo de resolución al conflicto que, año a año, parece escalar entre actos de violencia y el distanciamiento entre el Estado y las comunidades que alegan soluciones. 

Sin embargo, ninguna ha dado con la respuesta ni con medidas que resuelvan definitivamente el conflicto que pasa, entre otras muchas cosas, por la restitución de tierras y la autonomía que exigen las comunidades indígenas.

Para revertir ese escenario, el presidente Gabriel Boric firmó en junio de 2023 el decreto que creó la comisión, la cual lleva 22 meses cumpliendo funciones. 

Víctor Ramos Muñoz, en la secretaría ejecutiva; Francisco Huenchumilla y Alfredo Moreno, en las co presidencias; junto a los comisionados Carmen Gloria Aravena, Gloria Callupe Rain, Nicolás Figari, Adolfo Millabur Ñancuil, Sebastián Naveillán y Emilia Nuyado, fueron los designados —según el acuerdo transversal firmado en el Congreso en 2023— para redactar un informe que proponga al presidente Boric una serie de medidas con el fin de abrir un camino al entendimiento entre los diversos actores implicados en el conflicto.

Inicialmente, la fecha fijada para que emanara el informe fue noviembre de 2024, según dijo el mismo Boric en la Cuenta Pública del año pasado. No obstante, la comisión recientemente solicitó aplazar por tercera vez la entrega del documento para el 30 de abril.  

“El trabajo de las y los comisionados ha permitido procesar un nivel de información y detalle que el país no tenía sobre la situación de la tierra indígena, de los problemas de las víctimas de la violencia, del reconocimiento, del desarrollo de estas regiones y de las garantías de implementación que requieren estos esfuerzos de Estado. Esta comprensión permite estar en un lugar mucho más propicio a encontrar caminos de acuerdos del que se estaba al iniciar un proceso que parecía imposible”, mencionaba el comunicado que informó el nuevo aplazamiento.

Pero lo cierto es que mientras más tiempo pasa, las ansiedades comienzan a crecer. Y no sólo por la incertidumbre de que la comisión no ha esbozado las medidas que propondrá —hasta el momento las actas son secretas, y sólo han existido trascendidos—, sino que también por las condiciones políticas que enfrentará el informe una vez que salga a la luz. 

Los nudos que han retrasado las conclusiones

Desde que la Segpres dio luz verde para una nueva prórroga, las tratativas al interior de la comisión se han intensificado. De hecho, desde esta semana, la instancia pasará de sesionar dos veces a la semana, a reunirse día por medio. Sin embargo, algo que complica el arribo a acuerdos es que se llegó a la conclusión de que todas las medidas que proponga la comisión sean respaldadas por la unanimidad de los comisionados. 

Así lo confirma a EL DÍNAMO Alfredo Moreno, copresidente de la comisión.

“Nosotros tomamos como decisión propia, no impuesta por el mandato de la comisión, que lo que vayamos a proponer sea por unanimidad. Esto le pone una complicación adicional, pero lo hace mucho más valioso. Creemos que podemos poner un granito de arena al poder proponer algo que esté apoyado por gente de izquierda, derecha, mapuche y no mapuche. Queremos mostrar que si uno estudia el problema a fondo, si uno ve todos los ángulos, las diferencias de opinión no son tantas”, dice el ex canciller.

Fuentes de la comisión transmiten a EL DÍNAMO que durante esta semana debería comenzar la redacción del informe preliminar que será entregado a Boric quien, tras la recepción del documento, deberá tratar de materializar las medidas propuestas a través de proyectos de ley o, en caso de que lo amerite, medidas administrativas. 

Por lo pronto, desde la comisión transmiten que el principal nudo radica en la propuesta que deberá hacerse cargo de la “reparación” de las víctimas del conflicto. Así lo plantean los comisionados quienes hacen hincapié en que no sólo se debe velar por las comunidades indígenas, sino que también por las víctimas de los episodios de violencia rural. 

En cuanto a la restitución de tierras, el aspecto más complejo, la instancia ha comenzado a explorar otras fórmulas para dar solución a esta demanda. Esto, considerando que, según los cálculos de la misma comisión, tardaría más de 100 años en restituir los terrenos a todos los solicitantes. 

En ese sentido, Salvador Millaleo, académico de la Universidad de Chile y ex asesor para Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, sostiene a EL DINAMO que el informe de la comisión debe apuntar a “medidas que parezcan posibles de implementarse y que sean sustantivas, es decir, que respondan a elementos reales del conflicto. Y el tema de la tierra es clave, cómo procesar la demanda de tierra, que es un núcleo de la controversia”. 

Las expectativas y dudas que tensionan a la comisión

Las expectativas respecto a los resultados de la comisión son variadas. Actores de las regiones involucradas advierten que el fracaso de las comisiones anteriores es un precedente que, de antemano, pone en duda los resultados que pueda dar la mesa negociadora actual. 

Sumado a eso, tanto al interior de la comisión como quienes han seguido el proceso temen que el polarizado ambiente político —sobre todo en año electoral— termine echando por tierra la viabilidad de las medidas que proponga el informe. 

“Hay incertidumbre en varios sectores; las comunidades indígenas, el mundo académico y la sociedad civil, acerca de la factibilidad de implementar las medidas que proponga la comisión. Y el problema radica en que esta extensión en la entrega hace que el informe caiga en un periodo donde ya estamos empezando todas las campañas y procesos electorales. Que es un periodo muy inapropiado, muy poco adecuado para una comisión que precisamente ha querido trabajar sobre el consenso”, dice Millaleo.

Y agrega: “Cuando nació la Comisión, hubo un acuerdo transversal con los actores de ese momento. Pero hay nuevos actores, como Johannes Kaiser, que no fue parte del acuerdo inicial. Tampoco sabemos si los actores iniciales van a ratificar su apoyo en este contexto electoral. El timing no es bueno para una comisión de esta índole”.

Por su parte, Moreno reconoce que “no hay duda que el proceso electoral agrega una complicación. Cuando estamos en procesos electorales, llegar a acuerdos siempre es difícil en política, particularmente en la política actual de Chile, que está polarizada y fragmentada. En época de elecciones es peor aún, todos quieren destacarse y es difícil que un tema se mantenga al margen de esa dinámica”.

De todas maneras, el ex canciller hace hincapié en que “este es el único acuerdo que incluye a todos los partidos de Chile, incluido el gobierno, en muchos años. Hemos seguido teniendo reuniones con todos los partidos políticos, manteniéndolos informados, y hasta el día de hoy siguen expresando su apoyo. La unanimidad dentro de la comisión ayuda, porque personas de distintos colores políticos estarán diciendo lo mismo si logramos encontrar ese acuerdo”. 

¿Qué pasa con la seguridad?

Otro aspecto del trabajo de la comisión que causa resquemores es el pronunciamiento que se pueda realizar sobre la crisis de seguridad que afecta a la zona. Si bien los comisionados subrayan que esta materia quedó fuera de las atribuciones de la comisión, otros actores de la zona remarcan que “la espera” por el informe sólo se justificaría ante un pronunciamiento en seguridad. 

“La comisión tiene que hablar del tema de violencia y seguridad. Son condiciones sine qua non. Aquí tenemos que restablecer el Estado de Derecho, eso es lo fundamental (…) Si no, tendrían que haber sacado las resoluciones mucho tiempo antes. A mí me parece que no es justificable perder esta oportunidad de no hablar de seguridad”, asegura el diputado por La Araucanía, Andrés Jouannet.

Y agrega: “El narco lamentablemente ya está extorsionando a las comunidades, las tiene bajo la amenaza y la violencia. Entonces, hoy día tenemos una oportunidad con esta comisión de verdad para que salga una propuesta que traiga tranquilidad a la región de La Araucanía”. 

Moreno, ante las dudas sobre el pronunciamiento que podría realizar la comisión de seguridad, es tajante en descartar que la instancia tenga dicha atribución: “El tema de seguridad y el desarrollo económico, o los programas que se están implementando día a día por los servicios públicos, no es nuestra tarea, es responsabilidad del gobierno”, dice el copresidente de la comisión. 

Eso sí, recalca que “creemos que al resolver las causas del conflicto, se ayuda de alguna manera a aislar a aquellos grupos que ya han abandonado la causa original y hoy están más bien en un negocio bajo la cobertura de esa causa. Al resolver el origen del problema, quedan más claros cuáles son esos grupos y no se producen las confusiones que hoy existen”.