Así torturan a los presos políticos en Venezuela: Molly de la Sotta denuncia las vejaciones que ha sufrido su hermano

Molly De La Sotta es hermana del capitán de navío Luis De La Sotta, de 48 años, quien fue detenido el 18 de mayo de 2018 en Venezuela y que desde entonces ha sido torturado en la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Hace 28 meses exactamente, el militar fue acusado de “Traición a la Patria”, luego de denunciar que el vicealmirante Edward Ojeda Sojo utilizaba vehículos de la unidad para fines personales y desde esa fecha está detenido en un sótano infrahumano, torturado, sin poder ver la luz, sin baño y con enfermedades de base, que evidentemente no han sido tratadas.

“Mi hermano está viviendo un infierno en el sótanos de la DGCIM. Él se encuentra recluido en una pequeña celda donde solo le permiten bañarse una vez por semana. Ha sido torturado innumerables veces y le prohibieron el contacto con su abogado y con su familia hace ya cinco meses”, relata a EL DÍNAMO la politóloga Molly de la Sotta. 

“El cuarto de los locos”

Luis de la Sotta fue privado de libertad desde su lugar de trabajo, en la Base naval en Bahía de Turiamo, junto a otros 200 oficiales el año 2018.

“Su jefe lo entregó a ocho hombres fuertemente armados de la DGCIM. Fue trasladado en helicóptero sin ninguna orden de detención. Lo esposaron de manera tal que sus muñecas se rompieron, le taparon la cara con una capucha y lo golpearon en reiteradas oportunidades. Además le han aplicado electricidad y lo obligan, cada cierto tiempo, a auto inculparse por haber conspirado contra el gobierno de Nicolás Maduro”, cuenta Molly de la Sotta, quien además preside la ONG Familiares de Presos Políticos Militares en Venezuela (FPPM).

Durante este año, Molly denuncia que su hermano ha sido sometido a torturas físicas, asfixia, privación de comida y de agua potable en un lugar llamado “el cuarto de los locos”. Es tanta la oscuridad de ese lugar, que según su hermana, ni las manos pueden verse. Ahí los dejan en el piso, les dicen que tienen detenidos a su esposa, a sus hijos y los obligan a declararse culpables de delitos que no han cometido.

“Mi hermano estuvo en esa pieza 32 días, luego de ello, lo trasladaron a una celda con la puerta cerrada, con cuatro personas más y todos deben hacer sus necesidades en bolsas plásticas porque no hay baño. La puerta solo la abrían una vez a la semana para que pudieran bañarse previo a las visitas”, reveló.

Luis de la Sotta.

Desde marzo de este año que el capitán de navío no ve a su familia. Actualmente está con restricción de llamadas y no ha podido ver ni a esposa ni a su abogado. Su salud se encuentra muy deteriorada, ya que padece hipertensión, problemas cardíacos e incluso se contagió de COVID-19.

“Mi hermano tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de DD.HH, hemos puesto las denuncias tanto en los tribunales militares, en la Defensoría del Pueblo de Venezuela y en el Ministerio Público solicitando el traslado médico de Luis para que se coloque un holter, chequeos urológicos que debe hacerse hace más de un año, pero nada ha sido posible. Todo esto es una red de cómplices. Las instituciones acá en Venezuela hacen la vista gorda ya que están todos involucrados desde el fiscal militar hasta el presidente de la Corte Marcial”, denuncia de la Sotta.

En julio de este año, la familia de Luis de la Sotta hizo la denuncia ante la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General, a cargo de Tarek Willliam Saab, solicitando un fiscal nacional para que ingresara a la DGCIM y comprobara el estado físico y mental del detenido. Sin embargo, la Fiscalía designó a la Fiscal Nacional Dusay Dueñas, quien se dirigió a la DGCIM, pero no pudo ingresar por haber casos positivos de COVID-19 en sus sótanos.

La oficina de la ONU en Caracas

En junio del año pasado, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se reunió con la FPPM en Venezuela, donde según De la Sotta, hubo un compromiso de parte de la ex Presidenta chilena de proteger a las víctimas de la dictadura de Nicolás Maduro. Sin embargo, según la organización FPPM, los resultados no han sido como esperaban.

“Desde que la oficina de Michelle Bachelet está en Caracas, la violación a los DD.HH. se ha acentuado más. El 90% de las actividades de esa comisión ha sido dar cursos de DD.HH. a la Defensoría, a los tribunales militares, al Ministerio Público sobre procedimientos en DD.HH., pero no han evitado la tortura”, expresó Molly de la Sotta.

“De verdad no sabemos dónde poner nuestras denuncias. La Cruz Roja Internacional, Bachelet, la Asamblea Nacional y Juan Guaidó tienen las denuncias (…) no es posible que 200 personas estén en un sótano, olvidadas, sin juicio”, se lamentó.

“Un hombre (Nicolás Maduro) que mantenga un centro de tortura, que mantenga seres humanos en sótanos como animales , que mande a perseguir, a torturar a mujeres, hombres y adolescentes debe ser señalado por toda la Comunidad internacional como un criminal de lesa humanidad”, sentenció Molly de la Sotta.