Subvención de Emergencia Educativa: la propuesta para enfrentar la crisis de inasistencia y deserción escolar

La crisis educativa agudizada por la pandemia de COVID-19 arrojó números desoladores, no solo con el atraso en los aprendizajes generados por los cierres de las escuelas, sino que también por las altas cifras de inasistencia y de deserción escolar, las que profundizaron un problema crónico.

El Ministerio de Educación (Mineduc) detectó que entre 2021 y 2022 hubo 50.529 estudiantes desvinculados, es decir, que estaban matriculados en 2021 y que no aparecen matriculados este año.

En número es 24% mayor respecto de 2019, antes de la llegada de la pandemia de COVID-19 al país. Los sectores más afectados son educación regular básica y media, tanto humanista-científica como técnica-profesional.

En cuanto a la presencia de alumnos en las aulas, se determinó que el 39% de los matriculados a nivel nacional, es decir cerca de 470 mil estudiantes, presentan una inasistencia grave, contemplando menos del 85%.

Diversos actores -entre ellos parlamentarios y la Defensoría de la Niñez– han llamado al Gobierno a tomar medidas inmediatas para enfrentar la crisis. Desde el Ejecutivo, en tanto, buscan fortalecer la Política de Reactivación Educativa Integral “Seamos Comunidad”.

En medio de esta discusión, el centro de estudios Acción Educar presentó una propuesta denominada como Subvención de Emergencia Educativa (SEE), la que de acuerdo a su análisis técnico, podría servir para dar un primer paso en la búsqueda de mejoras para el sistema.

La propuesta

La iniciativa de los expertos consiste en un proyecto de ley para la creación de la SEE, cuya finalidad sea aumentar la asistencia, disminuir la deserción y acelerar la recuperación de aprendizajes. 

En lo concreto, el aporte adicional tendría un monto de cerca de 190 UF mensual por establecimiento, por un máximo de seis meses. El uso de esta subvención será para cinco ítems: (1) Traslados, (2) Profesionales de la asistencia social, (3) Profesionales de la educación física y arte, (4) Material pedagógico arte y educación física, (5) Orientación vocacional y propedéuticos y (6) Apoyo intensivo lecto escritura y matemática para estudiantes con inasistencia crónica.

En cuanto al traslado, se estima una cifra de $500.000 mensuales; para profesionales de asistencia social $1.300.000; para profesionales de educación física y arte $2.000.000; material pedagógico de arte y educación física $200.000; orientación $1.000.000; y apoyo en lecto escritura y matemática por $1.600.000.

De acuerdo al análisis, si se diferencian y priorizan escuelas con mayor deserción usando ponderadores para determinar el monto a transferir por establecimiento, el gasto total, por los seis meses del programa, sería de $168 mil millones.

Manuel Villaseca, investigador de Acción Educar, explicó que la subvención consideraría los resultados del establecimiento, y que la entrega de recursos sería verificada por la Superintendencia de Educación.

“La subvención se transferiría mensualmente y su continuidad dependería del resultado del establecimiento: si luego de dos meses la asistencia promedio en el colegio no ha aumentado, se dejará de transferir dinero fiscal. Además, la Superintendencia de Educación sería mandatada a establecer un plan de fiscalización para que se utilicen de buena manera los recursos fiscales”, señaló el experto a EL DÍNAMO.

Además, el investigador planteó que “la propuesta establece que, además de la subvención, se deberá idear un plan, presentado desde el Ejecutivo después de un eventual estudio de la Agencia de la Calidad, para incentivar de forma permanente la asistencia a clases y combatir la inasistencia crónica”.

En cuanto a los resultados que podría arrojar la entrega de la SEE en los colegios, Villaseca planteó que “se espera que dentro de seis meses se vea un efecto sobre la asistencia a clases, aunque dependerá del compromiso de todo el sistema para combatir este problema”.

“No sólo es una tarea de los padres y un compromiso de los establecimientos, sino un combate que todo el sistema educativo debe realizar”, complementó.

Junto con la subvención, el proyecto propuesto por Acción Educar obliga a la Superintendencia de Educación a crear un plan de fiscalización para resguardar el bien uso de los recursos públicos. En el plazo de un año calendario desde la aprobación de la ley, la Agencia de Calidad debe diseñar y ejecutar una evaluación de impacto de la política, que deberá ser aprobada por el Consejo de la Agencia.

El proyecto obliga asimismo al Presidente de la República a presentar, en el plazo de seis meses contados desde la publicación del estudio de la Agencia, un proyecto de ley que establezca incentivos permanentes a la asistencia y combata la inasistencia crónica.