El régimen de Nicaragua allanó este miércoles la vivienda de la periodista y líder opositora Cristiana Chamorro, con una orden de detención presentada por el gobierno de Daniel Ortega.
La orden fue dictada por la jueza Karen Chavarría Morales del distrito noveno de Audiencia Penal, según indican medios locales.
El Ministerio Público de Nicaragua la acusa por delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos por lavado de dinero, bienes y activos.
La presidenta de la organización no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, declaró a periodistas que la policía irrumpió “violentamente” en la residencia de Cristiana Chamorro, ubicada a unos 11 kilómetros al sur de la capital, para detenerla.
Durante los últimos días, Cristiana Chamorro, de 67 años e hija de la ex presidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, se inscribió como precandidata por el Partido Ciudadanos y fue descalificada horas después por el régimen de Daniel Ortega.
Los opositores al régimen han alertado que las elecciones, previstas para el próximo 7 de noviembre donde Ortega busca su tercer período, podrían ser fraudulentas, ante el proceso judicial contra Chamorro.
“Qué miedo le tienen al cambio. Unida, Nicaragua volverá a ser república”, escribió ayer Cristiana Chamorro en su cuenta de Twitter.
Condena transversal a la detención
El director Ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, expresó la gravedad del arresto e indicó que se deben respetar los derechos humanos de la candidata y principal referente de la oposición nicaragüense.
“Exigimos que se respeten sus DDHH. La comunidad internacional debe estar alerta ante esta campaña de abusos que busca impedir cualquier posibilidad de elecciones justas en el país”, dijo Vivanco.
Por otro lado, la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechazó el proceso de inhabilitación de la candidatura de Cristiana Chamorro en Nicaragua y aseguró que el país “se encamina a las peores elecciones posibles”.
A través de un comunicado el organismo calificó como un “nuevo atentado a la democracia”, ya que, imposibilita más aún la existencia de “elecciones libres, justas y transparentes”.
