Ecuador anuncia amnistía y regularización de todos los inmigrantes venezolanos
El proceso de regularización de los migrantes venezolanos se extenderá por ocho meses en Ecuador, el formulario de inscripción será gratuito, pero los involucrados deberán pagar el visado y la cédula de identidad.
AGENCIA UNO/ARCHIVO
Ecuador anunció una amnistía migratoria y comenzar un nuevo proceso de regularización a todos los inmigrantes venezolanos que se encuentren en el país y que aún no tengan un visado especial o su certificado de permanencia migratoria caducó.
El decreto firmado por el presidente Daniel Noboa permitirá “otorgar amnistía migratoria y establecer un proceso extraordinario de regularización para personas de nacionalidad venezolana en situación de movilidad humana y su grupo familiar“.
Los venezolanos beneficiados deben haber concretado el proceso de Registro de Permanencia Migratoria que se activó en junio de 2022, tener un certificado caducado o no haber obtenido el Visado de Residencia Temporal de Excepción (Virte II), emitido en un proceso anterior de legalización de migrantes.
Para ello, el Ministerio del Interior renovará todos los certificados y autorizaciones de permanencia para que puedan acceder a un nuevo visado.
El proceso de regularización de los migrantes venezolanos se extenderá por ocho meses en Ecuador, el formulario de inscripción será gratuito, pero los involucrados deberán pagar el visado y la cédula de identidad.
El visado tendrá una vigencia de dos años y solo podrá ser extendido por una vez por un periodo similar, lo que no afectará si la persona quiere cambiar su estatus migratorio.
Además, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) apoyará el proceso de regularización y amnistía migratoria para niños y adolescentes venezolanos que estén “solos, no acompañados o separados”.
Junto con ello, todas las instituciones ecuatorianas que participen de esta iniciativa, deberán aceptar pasaportes o documentos de identidad con hasta cinco años de vencimiento, mientras se evaluará el perfil de “riesgo o amenaza a la seguridad pública” de los solicitantes.
