El Hospital Salvador y las concesiones

Desde hace unos días los trabajadores del Hospital Salvador están en paro argumentando que es necesario suspender la concesión del recinto hospitalario lo cual fue adjudicado durante el gobierno del Presidente Piñera, pero aprobado en el primer gobierno de la Presidenta Bachelet. La opinión pública duda entre dos posiciones. De una parte, que si no se concesionan las inversiones el país debiese esperar demasiado tiempo para desarrollar su infraestructura; de otra parte, que las ganancias que obtienen las empresas mediante el sistema de concesiones son exageradas. Probablemente ambas aseveraciones son ciertas, pero lo que cabe discutir es cuál es el punto de equilibrio en cada momento histórico para tomar las decisiones.

En efecto, un país –como Chile- con pocos excedentes y ajustes fiscales restringidos no tenía posibilidades de invertir con fondos propios en infraestructura. Esto, sin duda, fue la situación de Chile en los 90 y, justamente, allí se desarrollaron las concesiones viales que conoció el país. No obstante, desde hace unos 15 años se estableció el criterio del superávit estructural que permitía que el país tuviese excedentes a depositar en cuentas internacionales. El criterio, como se sabe, es esperar que esto fondos sirvan para actuar contracíclicamente en épocas de recesión. Esta situación es plausible y fue usada en 2009 por el gobierno chileno.

El problema es que las autoridades en estos 30 años han privilegiado conceder beneficios al sector privado, aun en desmedro del sector público, porque si las concesiones están garantizadas por el Estado y las tasas de retorno están garantizadas en los contratos ¿por qué no es el propio Estado, que tiene excedentes depositados a menores tasas en otras latitudes no invierte en estas actividades?

En el caso de los hospitales los estudios disponibles han manifestado diferencias enormes entre los costos mediante concesiones y otras modalidades. Nuestra experiencia acepta que hay necesidad de precisar aspectos técnicos como, por ejemplo, los costos de los seguros involucrados. Sería necesario que se hiciesen estudios serios en este sentido y muy transparentes porque si bien el sector público no puede asumir que siempre es más competitivo que el privado, hay indicios internacionales que a calidades similares lo favorecen.

Retroceder en el caso del Hospital Salvador en cuanto a la concesión se justifica de una parte, porque el análisis de costos no permite pensar que el Estado esté haciendo un buen negocio. No obstante, hay que someter a un análisis técnico estos parámetros.

De otra parte, el esquema adoptado por la administración Piñera no contempló temas trascendentales en el caso del hospital Salvador. El nuevo hospital debe construirse en el mismo lugar que hoy funciona el viejo hospital. ¿Dónde se atenderá a los miles de usuarios de la atención ambulatoria (atenciones de especialidades en particular?; ¿dónde se trasladarán los hospitalizados?; y, sobre todo, ¿qué pasa con los trabajadores en el intertanto? Con mucha razón, ellos sienten una gran incertidumbre porque, como ya es habitual, los trabajadores y los usuarios son los que menos se toma en cuenta a la hora de las reformas importantes.