Le llueve sobre mojado al holding Dávalos-Compagnon
En resumen, conocidos los casos Penta-Caval y otros tantos similares, aquellos que detentan el poder político dicen que se harán los cambios legislativos necesarios para terminar con la connivencia pública-privada, a pesar de que estamos llenos de leyes que a cada rato se vulneran.
Patricio Herman es Presidente Fundación Defendamos la Ciudad
Se ha hablado bastante sobre la compra en $ 6.500 millones, por parte de la empresa Caval, de las 44 hectáreas rurales situadas en Machalí, las que después de unos meses fueron vendidas en $ 9.500 millones a un empresario de Rancagua que acaba de interponer acciones judiciales en contra del “holding presidencial” por presunta estafa, ya que no se aprobó oportunamente el cambio de uso de suelo que él requería para llevar a cabo sus lucrativos negocios inmobiliarios. Se siente perjudicado en su expectativa comercial y expresa que el culpable en el desaguisado es el escándalo mediático que se observó desde que la revista Qué Pasa dio a conocer la incómoda noticia.
Recordemos que tal empresa había recibido un oferta de compra por $ 27.000 millones, por las mismas hectáreas, es decir, en un precio 4 veces más alto que el pagado por los emprendedores Compagnon-Dávalos a un agricultor en dificultadas financieras, siempre y cuando el Gobierno de la 6ª Región de O¨Higgins hubiera aprobado su cambio de uso de suelo a urbanas. Como ello no aconteció en la ocasión requerida, el negocio no prosperó y Caval se tuvo que conformar con una ganancia menor aunque sí altísima. ¿El inversionista rancagüino que se siente engañado habrá conocido esta cuantiosa oferta?
Dado que el precio de mercado de esos terrenos se acrecentará en un altísimo porcentaje cuando se produzca el cambio de uso de suelo, recientemente le solicitamos a la ministra de Vivienda y Urbanismo que congelara la tramitación del Plan Regulador Intercomunal (PRI) hasta que en el Congreso se apruebe la legislación que busca la equidad, probidad, captura parcial de plusvalías por parte del Estado y la ausencia del tráfico de influencias en este ámbito de materias. Pero la ministra Saball no aceptó la propuesta.
Ella nos señaló “….. en este momento está en curso un estudio sobre la Modificación del Plan Regulador Intercomunal de Rancagua, contratado por la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de O´Higgins el 23 de septiembre pasado (…..) y está recién en su etapa II de IV totales. En este contexto, tenga la certeza que asumiremos a cabalidad el rol que corresponde a esta Secretaría de Estado, esto es: asegurar que se cumplan las normas legales y técnicas sobre planificación urbana, lo que incluye garantizar que las decisiones sean fundadas y se adopten en forma transparente y participativa”
Como vemos, salvo que el Ministerio Público en boca del Fiscal Regional diga otra cosa, la tramitación administrativa en el PRI sigue campante como si este escándalo especulativo de marca mayor no existiera.
Así las cosas, la nueva legislación anunciada por la presidenta Bachelet no tendrá aplicación ni en este caso ni en ninguno otro similar de los tantos que hay en trámite, siendo el más impúdico el de Los Molles, comuna de La Ligua, 5ª región de Valparaíso, en dónde los malulos desean reducir drásticamente un sitio prioritario de conservación -reserva ecológica- que tiene una significativa avifauna y flora, para que allí se construyan un sinnúmero de edificios.
Si bien es cierto la decisión anterior del Minvu la consideramos muy negativa, más feo es lo que acaba de hacer el Congreso Nacional, ya que rebajó sustancialmente las penas fijadas para los delitos de lavado de activos. Así, mientras Bachelet se esfuerza por mejorar la institucionalidad con el objeto de que los distintos actores del mercado se ciñan a las buenas prácticas comerciales, los parlamentarios, especialmente los senadores, actúan como meros comparsas de aquellos empresarios de cuello y corbata expertos en pillerías.
En resumen, conocidos los casos Penta-Caval y otros tantos similares, aquellos que detentan el poder político dicen que se harán los cambios legislativos necesarios para terminar con la connivencia pública-privada, a pesar de que estamos llenos de leyes que a cada rato se vulneran. Debemos tener presente que a raíz de lo sucedido con las platas del MOP-GATE, hace 12 años, también se hicieron modificaciones legales para enmendar el rumbo, a las autoridades públicas les subieron los sueldos en un alto porcentaje para que los lindos no se fueran al sector privado y la corrupción se mantiene igual. Vislumbramos que la institucionalidad chilena no tiene solución mientras las cúpulas no entiendan que la descomposición que se está conociendo le hace muy mal al país.