¿Qué hacemos con el voto voluntario?

El año 2012 se publicaba la ley de inscripción automática y voto voluntario. El gobierno de Sebastián Piñera había impulsado este proyecto y contaba con el apoyo de parlamentarios y dirigentes políticos y sociales de diversos sectores.

La idea que inspiraba esta iniciativa era simple: vivimos en una sociedad libre y ahí, el voto debe entenderse como un derecho. La gente debe tener la libertad de decidir si quiere o no participar de los procesos políticos, no verse forzada a concurrir cada cierto tiempo a la urna a votar, inclusive en aquellos momentos que no se sintiera representada por ninguna de las opciones.

Quienes respaldaron el proyecto dijeron que no solo habían logrado conquistar un derecho, sino que además esta medida impulsaría a que cada candidato se la jugara por convencer a sus electores, ya que no sería posible proyectar adecuadamente el nivel de participación. Además, se agregó que la ciudadanía podría exigir a sus candidatos más compromiso con ciertas causas a cambio de su confianza y, no menos importante, comenzaríamos al fin a tratarnos como adultos. Esto atraería a nueva gente a la política, porque ahora los jóvenes jugarían un rol central si se decidían a participar.

Las consecuencias de esta decisión están a la vista.

Las candidaturas no han cambiado mucho, los jóvenes siguen sin participar masivamente y el “derecho” conquistado ha aumentado la brecha de participación entre quienes tienen más y menos recursos –sobre esto, se puede ver http://www.chile.tresquintos.com/tag/mauricio-morales/.

¿Qué hacer?

Algunos dirán que la mejor idea es volver al voto obligatorio –ya vimos que Carolina Goic se está jugando por eso, hoy-. Son dos los principales problemas de esta tesis: Hay intereses creados en los partidos políticos, considerando la nueva ley de financiamiento electoral que, como sabemos, establece un aporte por cada voto recibido, y, también, porque esta respuesta no resuelve los problemas de desconfianza y desapego que la ciudadanía siente respecto de la clase política.

Si queremos, seriamente, medir los efectos de una política pública, debemos darle la oportunidad de ser evaluada en su plenitud.

Tenemos que otorgarle al sistema de voto voluntario la posibilidad de contar con garantías que permitan resolver algunos de los problemas que a la fecha hemos identificado. Para eso sería ideal contar en cada elección con un sistema de transporte gratuito para todos; espacios abiertos y de fácil acceso para votar; actualizar efectivamente el padrón electoral y permitirle a la gente votar en lugares cercanos a su hogar o territorio electoral; contar con zonas de cuidado infantil dentro de los locales de votación para quienes puedan tener problemas el día de la elección; entre otras medidas.

Además, me parece crucial discutir otras cuestiones asociadas a la idea de participación electoral y el rol que a los ciudadanos les cabe en una democracia.

¿Porque contamos con un sistema penal que permite atribuir responsabilidad criminal a jóvenes de 16 años, pero no les permitimos participar del proceso de decisiones colectivas? ¿Por qué no hemos sido capaces de respetar el derecho que tiene toda persona, particularmente las privadas de libertad, de concurrir a la urna en un proceso electoral?

Implementando estas medidas y abriendo la discusión sobre estos últimos puntos, podremos juzgar adecuadamente si la reforma que hace unos años se aprobó en nuestro país, realmente puede reclamar para sí el logro de los objetivos que se planteó. Y si creemos que esto no ha ocurrido, pues empezar a discutir en el fondo las premisas detrás de esta idea y contrastarla con las ideas que subyacen a un sistema con voto obligatorio.