Reubicación de estudiantes, ¿un beneficio o un negocio educativo?

Durante el año 2016, la Federación de Estudiantes de la Universidad Arcis (Feuarcis), la Confech, junto a la Bancada Estudiantil (diputados Jackson, Vallejo y Boric) elaboramos una propuesta de proyecto de ley que modificara la Ley N° 20.800 sobre administración provisional y de cierre de instituciones de educación superior, debido a la ineficacia de esta ley y para evitar que el descalabro que se está produciendo en la Universidad Arcis continuara y que no se repitiera. Pese a las propuestas, movilizaciones, apoyo de importantes parlamentarios, el MINEDUC no tuvo voluntad política para cambiar la legislación, ni siquiera a través de la reforma de educación superior, dejando la Ley N° 20.800 prácticamente intacta, sin tocar su fondo.

El panorama actual no es mucho mejor, se ha decretado el cierre de otro plantel (Universidad Iberoamericana) y la reforma de educación superior, exige requisitos para la acreditación de Universidades que son imposibles de cumplir para muchas instituciones, ya sea por razones financieras, ya sea por razones académicas o ambos casos a la vez, incluso en Universidades Estatales. No hay que tener una bola de cristal, para saber qué es lo que se avecina en los próximos años: el cierre masivo de universidades, sin tener una herramienta legislativa que resguarde los derechos de los estudiantes.

La Ley N° 20.800, no sólo deja prácticamente a la deriva a los estudiantes, produciendo también la desvalorización de sus títulos universitarios, sino que además consagra una vez más un sistema educacional de mercado, que cierra universidades a través del mercado educativo, queriendo convertir a los estudiantes en una especie de “bien” que se pueda transar. ¿Cuánto gana una Casa de Estudios al recibir una cantidad importante de estudiantes reubicados? Miles de millones de pesos dispone la ley de presupuesto para la reubicación de estudiantes, lo que permite que un plantel emprenda un gran negocio al ser el único receptor de todos ellos. El Ministerio de Educación, creó un concepto que no está en la ley, que consiste en una forma específica de reubicación en que los estudiantes son trasladados como un “paquete o combo” desde el plantel que se cierra a otro con el que realice un convenio, denominado “movilidad general”. La ley otorga el derecho de elegir a los estudiantes respecto de dónde continuará su futuro académico, si en su propia universidad (que se cierra) o en otra (de su elección) a la cual sean reubicados. Sin embargo, este concepto de “movilidad general” termina por extinguir aquella legítima posibilidad de elegir dónde continuar nuestros estudios, garantizada además por la Constitución en el artículo 19 N° 11 sobre la libertad de enseñanza. El futuro de los estudiantes, finalmente es definido no por nosotros mismos, sino que por la cartera ministerial que realiza una especie de transacción comercial.

Es evidente, que para cualquier plantel es económicamente beneficioso recibir mil nuevos estudiantes (por decir un número, podrían ser muchos más) aunque esto vulnere su derecho a la libertad de enseñanza. Si el Estado tiene recursos para financiar a esta Universidad que reciba a los estudiantes a través de la denominada “movilidad general”, ¿por qué no pudo inyectar recursos en la Universidad ARCIS o en algún otro emblemático plantel en el futuro? La voluntad del Estado parece ser clara, el hacer de la reubicación un nuevo negocio educativo es un objetivo que está por encima de la calidad en la educación, en esta crisis institucional que ya ha comenzado y que el Estado no ha hecho nada por evitar.

Por último, desconocemos totalmente cuál será la política del próximo gobierno respecto a la reubicación de estudiantes, ¿qué ocurriría si los estudiantes fueran reubicados a las Universidades de Laureate o de cualquier poderoso grupo económico? Finalmente, el descalabro de la Universidad Arcis continúa y se siguen sumando planteles a esta crisis sin una verdadera solución que garantice nuestro derecho a la educación.