Zona de franqueza
Geoconda Navarrete Arratia es Intendente Regional de Aysén
La demostración más explícita de nuestro Gobierno de levantar una zona franca en la Región de Aysén –una de las demandas del movimiento social– quedó plasmada en la voluntad política de sacar adelante la ley que la crea en 2013, durante la primera administración del Presidente Sebastián Piñera; luego vendría la adquisición por parte del Estado de un terreno de 20 hectáreas, ubicado entre Aysén y Puerto Chacabuco, cuyo valor asciende a 880 millones de pesos. Tras ello, se dio inicio a un proceso de diseño para la concesión de la zona franca, que incluía la construcción del predio, así como el desarrollo de actividades económicas en su interior.
Con la compra se valida el compromiso de resolver una sentida necesidad de la población regional: contar con un recinto franco que permita acceder a las rebajas tributarias para la venta de algunos productos que autoriza la ley, tanto de consumo masivo como de alta gama.
La adquisición del predio también fue la ocasión para ratificar la existencia de la zona franca, la que sin haberse materializado del todo –mediante la construcción de un espacio físico como esperaban los vecinos en 2012–, en los hechos sí lo es como zona de extensión de la zona franca de Punta Arenas, realidad que permite el acceso en territorio aisenino a la respectiva exención arancelaría magallánica.
En medio del proceso de diseño se constituyó una mesa técnica compuesta, entre otros, por Corfo y el ministerio de Economía, cuya finalidad era elaborar las bases de licitación; no obstante, este no llegó a término debido a la incapacidad de superar las observaciones realizadas por la DIPRES, entre ellas, no haber incorporado información de requerimientos mínimos que se le debiesen hacer al oferente, además de incorporar determinadas consideraciones que realiza el Banco Mundial; observaciones que durante el gobierno anterior no lograron ser subsanadas.
Luego del cambio de administración, desde marzo de 2018 el actual gobierno intenta sacar adelante el proceso licitatorio, siendo reiteradas las mismas observaciones por parte de DIPRES, cuestiones que hoy buscan resolver la Intendencia de Aysén y la Subsecretaría de Hacienda. En esa línea, se contemplan los estudios de suelo (calicatas, sondajes), los que debiesen ayudar a estimar cuál debiera ser el nivel de inversión en infraestructura.
Una vez estimada la inversión se podría avanzar hacia un modelo estratégico para licitar; aspecto este último de vital importancia, pues, los anteriores intentos de crear bases de licitación –sin la suficiente información necesaria para los oferentes– se vieron frustrados por no haber determinado una inversión estimada (infraestructura) y un modelo estratégico (tipo de negocio) que incentivaran a los oferentes. En rigor, una licitación poco atractiva para potenciales inversionistas, con alto nivel de riesgo, ya que el gasto en infraestructura podría elevarse demasiado.
Con todo, hoy nos encontramos evaluando los recursos necesarios que permitan viabilizar la zona franca, toda vez que el Ejecutivo ha manifestado su intención de concretar el proyecto, considerando los beneficios inmediatos y ulteriores implicados para la población regional, como se demostró en Iquique y Punta Arenas con sus zonas francas. No obstante, resulta aconsejable tener presente la recomendación del Banco Mundial de sumar nuevos elementos a esta zona económica especial, tales como la incorporación de industria y el hecho de agregar valor a productos, que a la vez incentiven la economía regional.
Hablemos con franqueza, como Gobierno somos conscientes de las expectativas y ansiedad que genera en los habitantes, en los líderes sociales y actores políticos de la región la entrada en funcionamiento de la zona franca, necesidad de la que nos hacemos cargo, para lo cual estamos cumpliendo y respetando los pasos legales que se requiere dar para su construcción, comenzando por el estudio de suelo del predio, requisito indispensable para superar las observaciones técnicas de la DIPRES.
Tal como nos hemos comprometido concretar el mandato legal de construir el CFT de Aysén, valga decir que no nos sustraeremos de trabajar para dotar a Aysén de una zona franca que cuente con todas las condiciones y herramientas que faciliten, más allá del crecimiento económico, el desarrollo integral de la región, teniendo presente el mayor bienestar de todos sus habitantes.
