Pensiones y regiones

Cuando hablamos de la necesidad de introducir cambios de fondo al actual sistema de pensiones chileno generalmente hacemos el análisis a partir de criterios tales como la disparidad entre hombres y mujeres, en relación a los ingresos de las personas, sobre si aumentar o no la edad de jubilación y acerca de la cotización de los independientes. También hablamos sobre los gastos de administración del modelo y como los recursos de todos los chilenos (que cotizan) terminan siendo un capital vital para que muchas grandes empresas puedan ampliar o emprender nuevos negocios.

Pero un tema que la mayoría de las veces se nos queda fuera de este necesario análisis y debate es la relación entre las características del sistema de las AFP y la heterogeneidad territorial de Chile, es decir, la diversa realidad que existe entre muchas zonas y regiones, incluso a veces dentro de una misma región. Este lunes a las 19 horas en el Museo de Artes Visuales (MAVI), la bancada de Senadores Socialistas presenta su propuesta para un nuevo sistema de pensiones, que contempla pasar de un marco de invidualismo a un enfoque solidario. Es en momentos como éste cuando se vuelve aún más necesario introducir la variable regiones en el debate.

Porque no es muy complejo darse cuenta que no es lo mismo la vida en las grandes urbes, donde existen mayores posibilidades de un trabajo formal, con contrato y cotizaciones previsionales, que la vida laboral que muchos hombres y mujeres llevan en zonas apartadas, extremas o rurales o donde, como lo reconoce la propia existencia de un programa gubernamental, hay zonas rezagadas, sobre todo económicamente.

O sea, a todas las críticas que ya existen sobre las deficiencias del actual sistema de capitalización individual, debemos agregar la inexistencia de un mínimo criterio de equidad territorial, que sea capaz de diferenciar las posibilidades de obtener jubilación decente de un profesional que se desempeña como ejecutivo en una gran empresa, que no tiene lagunas previsionales y que incluso puede tener ahorro previsional voluntario, de un modesto jornalero o pequeño agricultor de una localidad rural de una región del sur de Chile, que pocas veces en su vida laboral tuvo un contrato, que registra enormes lagunas de cotizaciones y que lejos de obtener una pensión digna, apenas tendrá como meta una pensión básica solidaria, piso mínimo instaurado desde la reforma previsional promovida por la primera administración de la Presidenta Michelle Bachelet.

Según las cifras de un estudio de la propia Asociación de AFP, de junio de 2017, la región de Aisén tiene la menor cobertura del país en materia de cotizaciones de los trabajadores, con un 51% de los ocupados, seguida por la región de Los Ríos con un 54,1% de cotizantes y la región de la Araucanía, con un 53,9% de cotizantes. Es decir, como sosteníamos más arriba, la menor cotización se registra precisamente entre aquellas regiones con mayor ruralidad y precariedad laboral. Ello contrasta con la realidad de las regiones de Arica, Antofagasta y Metropolitana, que según ese mismo estudio, tienen las más altas coberturas, presentando niveles de 86,4%, 77,7% y 77,1% de cotización, respectivamente.

Curiosamente hay un estudio de la misma asociación, de mayo de 2005, es decir más de una década antes que el último en que se aborda esta materia, en que ya se indicaba que “las distintas zonas geográficas del país albergan el desarrollo de distintas actividades productivas, las cuales son más o menos intensivas en mano de obra y con diferente nivel de formalidad. Dado lo anterior, es interesante analizar cómo influyen en el tema previsional todas estas variables en las distintas regiones del país”. Lo que a las AFP les parecía “interesante” de analizar sobre esta diversa realidad sigue siendo, lamentablemente, una realidad para muchas y muchos chilenos de trabajo.

Y aunque en ese estudio de 2005 las propias AFP descubrían que “se puede observar que en aquellas regiones en que los trabajadores independientes presentan una mayor participación dentro de los ocupados, la cobertura tiende a ser inferior” y que en “aquellas regiones donde predominan las actividades agrícolas, silvicultura y pesca, por lo general presentan una menor cobertura dada la mayor informalidad existente en este sector”, hasta hoy no hemos conocido ninguna propuesta proveniente de esta rentable industria -salvo ahorrar más- que permita superar esta brecha de permanente y estructural desigualdad.

No queremos que este diferente dinamismo que ha permitido a algunos analistas constatar y caracterizar la existencia de “regiones ganadoras y perdedoras”, en lo económico, pese a la inversión de muchos de los fondos de las propias AFP en dichos territorios a través de grandes empresas, termine naturalizándose y aceptándose como un sino inevitable que condene, como efecto colateral, a trabajadoras y trabajadores de esas regiones consideradas como “perdedoras”, a pensiones de miseria, que los hagan vivir en la precariedad económica y social, apenas soportada vía subsidios estatales, hasta el fin de sus días.

Por todo lo anterior, es ineludible una propuesta de cambios de fondo al sistema de AFP, que incluya medidas concretas que permitan que en aquellas regiones o zonas donde probadamente la precariedad laboral es un obstáculo para que las personas, pese a su esfuerzo, puedan tener pensiones que tras su jubilación les permita seguir viviendo una vida digna, como recompensa a años de trabajo, de aporte al país… y de cotizaciones.