El fracaso de la política indígena del ministro Moreno no se resuelve con un simple llamado

En relación a la situación de La Araucanía, y sobre algunas declaraciones oficialistas sobre que “en La Moneda destacan que han tenido mejoras en el área económica en la zona debido al Plan Impulsa…”, o el llamado del ministro Moreno a mapuches y a todos los sectores políticos a trabajar juntos para sacar adelante agenda indígena, resulta paradójico que el secretario de Estado hable de mejoras económicas pretendiendo atribuirle al actual gobierno ciertos logros en un escenario que presenta desigualdades históricas innegables. De hecho, los resultados de la encuesta Casen 2015 y una investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), precisan que en Chile el 30,8% de los indígenas se encuentra en situación de pobreza multidimensional, mientras que el resto del país registra solo un 20,9%.

Además, revela que el Estado gasta tres veces menos recursos en las zonas con alta densidad indígena, lo que gestó un “desarrollo rural dispar” en comparación con los territorios no indígena. Es decir, la pobreza mapuche nace de políticas del Estado evidentemente discriminatorias e injustas. Todo ello, deja en evidencia como se ha condenado a la pobreza a las comunidades indígenas, especialmente en La Araucanía, que concentra un tercio de la población indígena del país, pero también el porcentaje más alto de hogares con carencia de servicios básicos (14%).

Las estrategias de desarrollo indígena han fracasado, relegando deliberadamente a los mapuche a una condición de vulnerabilidad permanente. Si se observa el ingreso en la actividad silvoagropecuaria, este registra un monto promedio $588.631 en el caso de los indígenas, mientras que alcanza $1.114.477, en los no indígenas. Estos datos concuerdan con el estudio del Observatorio Nacional Laboral, que indica que los ingresos de la población indígena son menores a los no indígenas en un 39%, esto es $340.000 versus $472.000.

Por lo que acá se deben decir las cosas claramente, y es que el mundo indígena sufre una desventaja brutal. Además, se comprueba una discriminación laboral y salarial que contraviene abiertamente el artículo 20 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por parte de los gobiernos, y la actual gestión no es la excepción.

En efecto, se desmitifican con estas evidencias los prejuicios sociales enraizados en la sociedad chilena que hablan de “millonarios gastos del gobierno en los pueblos indígenas” o “al mapuche le dan todo”, ratificando la responsabilidad política del Estado que ha fabricado la pobreza y segregación de los pueblos indígenas.

Ergo, el Estado ha gastado más dinero en financiar a las empresas forestales que en comprar tierras, desde la creación de la Ley Indígena. El mismo catastro de CONAF dice que desde el año 1974 al 2013, el Fisco ha gastado 875 millones de dólares en subsidiar a las forestales, de los cuales 600 millones de dólares han sido entregados a las familias Angelini y Matte. En compras de tierras, hasta el año 2016 se habían gastado 600 millones de dólares. ¿Tiene esto alguna justificación razonable?

No obstante, el diputado Miguel Mellado indicó que “es fácil despotricar contra los gobiernos, contra el Estado de Chile, pero colocando la mano para recibir plata”. Este honorable parece desconocer que, aparte de grandes empresas, los verdaderamente beneficiados por el Estado han sido los inmigrantes europeos o colonos, así lo denunciaron al Diario Austral el año 1924 los propios chilenos, “A los extranjeros que traen al país les costean sus gastos… llegados al país… el gobierno ordena entregarles a cada uno 150 hectáreas de terrenos planos y escampados y 300 si son lomas o montañas, un caballo ensillado, una vaca parida, semillas, una yunta de bueyes con carreta aperada, todas las herramientas de labranza y 30 pesos mensuales”.

El emprendimiento económico exitoso de estos inmigrantes se logró gracias a la expoliación indígena, que dio origen a una nueva élite económico-agraria, ideológicamente racista y políticamente reaccionaria. Este grupo, habitualmente asociados a algunos clubes de rodeos, como al que pertenece el ministro Moreno, es el que administra el país y no tienen voluntad efectiva de resolver la deuda histórica con los indígenas. De hecho, ninguno de sus proyectos resuelve la brecha salarial, ni aumentan la inversión que cambie los tres tercios de déficit que tiene el mundo indígena.

Al mismo tiempo, el Ministro Moreno parece desconocer que en Wallmapu se implantó una violencia estructural que ha originado la pobreza y la segregación política del pueblo mapuche, por lo tanto, mientras no se resuelva ese problema de fondo, todo lo que se haga es mucho más efectista que real.

A juicio del Premio Nacional de Historia, Jorge Pinto, estas causas estructurales son la violencia económica, que se manifestó a través del despojo de tierras y la aplicación de impuestos, además de la explotación laboral de que fueron objeto al interior de los nuevos latifundios; la violencia simbólica, que obligó al mapuche a cambiar por la fuerza de jinete y ganadero al oficio de campesino, con la construcción de una imagen colectiva de salvajes, alcohólicos y flojos, que legitimó la cultura política de la usurpación que opera hasta hoy; y la violencia política, que se ejecutó en el plano normativo y asentó la indefensión del mapuche, donde simultáneamente se persiguió la asimilación a través del sistema escolar, que desterró el mapudungun y realizó un ejercicio de la violencia física, asesinatos individuales y colectivos, como es el caso de la Matanza de Forrahue el 19 de octubre de 1912, donde carabineros asesinó entre 15 a 20 mapuche, que buscaban expulsar de sus tierras ancestrales.

“Oprimido con leyes propias para un pueblo esclavo, soportando el duro peso de las injusticias… caminan como pontificados ante tanta ignominia… arrebatadas sus riquezas, son hoy unos pobres, miserables víctimas del gobierno y de la sociedad en que viven; ¿cómo es posible que un gobierno republicano como el de Chile haya procedido así?” …, decía Manuel Manquilef en 1915.

Parece increíble que un siglo después, nos encontremos en la misma situación. ¿Parece aceptable esperar cien años más?