La comuna de Quilicura ha acaparado parte de la atención de la opinión pública estas semanas, tras conocerse un brote infeccioso de COVID-19 en una vivienda colectiva de la población Parinacota, sector de marcada vulnerabilidad social, inseguridad y violencia.
A diferencia de ocasiones anteriores, ahora el riesgo no provenía del narcotráfico ni las balaceras: el peligro era un grupo de inmigrantes haitianos, entre los cuales se encontraban 33 casos confirmados de contagiados con coronavirus.
Diversos medios de comunicación se concentraron en el sector, en una cobertura que fue pronto criticada por su tratamiento hacia los ocupantes de la vivienda, que antecedió a intentos de ataques a la misma y declaraciones al borde de la xenofobia por parte de
vecinos, sin mencionar la virulencia hacia estas comunidades en redes sociales.
Una revisión a las noticias publicadas en torno al hecho revela un detalle en apariencia irrelevante, pero que oculta un problema histórico de la ciudad y sus habitantes agravado hoy por el contexto de una sociedad en crisis de toda índole. Gran parte de los medios se refirió en sus notas a un cité, galicismo adoptado en Chile en las primeras décadas del siglo para definir una forma de vivienda en áreas relativamente céntricas de las principales ciudades del país, y en particular de Santiago.
Se trataba de un conjunto de viviendas independientes estructuradas en torno a un patio común, con servicios sanitarios y cuartos diferenciados, surgidos como respuesta a las leyes que desde inicios del siglo XX surgieron para enfrentar a uno de los grandes problemas urbanos del período: el conventillo.
A diferencia del cité, el conventillo era una vivienda donde varios cuartos sin más ventilación que sus puertas de ingreso daban a un patio común, de baños compartidos, con canales o zanjas muchas veces abiertas para desechar las aguas servidas. Miseria pura.
Su masividad, alentada por la alta ganancia para los propietarios del suelo la construcción de un espacio con mínima inversión, se transformó hacia el Centenario republicano en uno de los motivos centrales de la llamada Cuestión Social. Denunciada por políticos y ensayistas, el conventillo era la opción de habitación más común para los sectores populares, que imposibilitada de acceder a la vivienda propia, se veía obligada al arriendo de estos espacios.
El avance de las miradas higienistas sobre las políticas públicas hizo del conventillo un fenómeno a combatir: éstas favorecieron el surgimiento de cuerpos legales como la ley de habitaciones obreras de 1906 o la de 1925, que promovieron la demolición de los considerados insalubres, favoreciendo la aparición de nuevas soluciones habitacionales como el cité. Sin embargo, el acceso a estas viviendas sólo estuvo al alcance de pequeños sectores de la población; migrantes del campo o las zonas mineras que arribaron tras la Gran Depresión de 1929 no contaban con más expectativa que el arriendo de piezas.
Con cada vez menos conventillos, imposibilidad de acceder al cité y la necesidad de quedarse en Santiago por mejores expectativas económicas, los sectores populares ocuparon los terrenos degradados de la ciudad y luego tomaron sus periferias, transformándose en pobladores, ciudadanos que ante la incapacidad política de dar respuesta a la demanda de vivienda, se saltaron la legalidad del Estado.
Como hace más de siglo atrás, hoy está nuevamente en la mesa el problema de la vivienda, que había sido parte de las demandas del estallido social, pero algo invisible en medio de tanto debate en juego. Mirado desde el contexto sanitario actual, la opinión pública ha descubierto que este problema no sólo se manifiesta en las periferias, sino que está latente en muchas comunas de la ciudad.
Las del periurbano, en especial hacia el poniente y el norte del área central, han visto crecer fenómenos como el allegamiento por la subdivisión de viviendas antiguas e improvisación de habitaciones para el arriendo a población inmigrante, pero también de chilenos pobres, como lo ha expuesto en estos días el periodista José María del Pino respecto a las cifras sobre hacinamiento de la encuesta CADEM, donde más del 80% de los habitantes de estos núcleos son nacionales. No es un problema de pasaportes, es la pobreza lo que está por detrás de la vivienda precaria.
Así, en la obligación de apegarnos a la historicidad del término cité en Chile, lo que vemos hoy en día parece más bien el triste retorno del conventillo. Y si en algunos casos se puede tratar de propietarios ambiciosos hasta la inmoralidad, en muchos otros se trata de personas cuya ausencia de cobertura social o estabilidad económica las empuja a construir piezas en sus patios o habitaciones desocupadas para solventar sus gastos.
Así, no es tan sólo un problema para quienes habitan estos lugares, sino de una sociedad donde amplios sectores sufren graves carencias en materia de pensiones o coberturas sociales, impulsando estas formas de subarriendo como una solución a las problemáticas básicas de una población en la precariedad.
La crisis pandémica de hoy es así un rebrote más de la crisis social que estalló hace medio año. Y plantea desafíos múltiples respecto a cómo se abordaran aspectos como las condiciones higiénicas en el diseño de las viviendas y las ciudades; pero también a cómo solventar una sociedad urbana donde la falta de condiciones sociales mínimas sea la norma.
Evidentemente, esto no se resolverá dictando leyes contra los nuevos conventillos ni mucho menos demonizando a la población que ocupa estos espacios, ante la cual muchas veces no tiene más opciones. La obligada reflexión que nos plantea la crisis sanitaria no puede descuidar los antecedentes sociales que la acompañan, así como las proyecciones futuras para las políticas gubernamentales a mediano y largo plazo en un momento de definiciones mayores.
