Niños y niñas: indefensos ante la pandemia

Mucho se habla del feroz impacto que la pandemia que vivimos tendrá en la economía, la política y las personas en general. Menos se ha comentado sobre el efecto muchísimo más grave que se prevé sobre niños, niñas y adolescentes, para quienes la crisis sanitaria exacerba vulnerabilidades preexistentes como la pobreza, la explotación sexual, el maltrato infantil, y tantas otras, a nivel internacional y nacional.

Un reciente análisis global de las organizaciones Save the Children y UNICEF (basado en las proyecciones económicas del FMI y el Banco Mundial entre otros) señala que, a menos que se tomen medidas urgentes, el número de niños que viven en hogares pobres en los países de bajos y medianos ingresos podría aumentar un 15%.

Al mirar sólo América Latina y el Caribe, esa cifra se estima en más de 22%, lo que representa un total de 672 millones de niños, niñas y adolescentes.

El mismo estudio señala, además, que el incremento de la pobreza debido a la pandemia afectará más duramente a las niñas y los niños, que ya son altamente vulnerables.

¿Cuál es la situación de Chile? Según el último Censo 2017, tenemos más de 4 millones de niños y niñas, 60.796 viven en mediaguas, mejoras, carpas o casa rodantes; 716.775 de ellos en viviendas con carencias en términos de materialidad; 717.436 en situación de hacinamiento y aproximadamente 500 en situación de calle, según los últimos estudios.

Con la pandemia, y en atención al análisis de Save the Children y Unicef, todas estas cifras van a aumentar.

La amplificación y profundización de la pobreza incide en los procesos biológicos, psicológicos y finalmente en el desarrollo de los niños.

La pobreza no es otra cosa que una vulneración a los derechos humanos, y en el caso de la infancia es aún peor, dada su posición más vulnerable.

Por ello no podemos perder de vista que el acceso de niños y niñas al alimento, vivienda, educación y salud entre otros, son derechos inalienables, que los Estados están obligados a cumplir en virtud de los compromisos y obligaciones establecidas en la Convención Internacional sobre Derechos del Niño.

Pero la pobreza no es el único temor: un previsible aumento en el consumo de drogas y alcohol podría agravar las situaciones de maltrato infantil.

En tanto, la Organización de Naciones Unidas admite que niñas en todo el mundo podrían verse forzadas a practicar sexo por supervivencia, que habrá un incremento del trabajo infantil y, en general, un retroceso en el acceso a derechos en los cuales se había ganado terreno en los 30 años transcurridos desde la firma de la Convención.

Este escenario global, cuando se proyecta en las poblaciones chilenas, abre la puerta a que la respuesta a la emergencia económica venga primero desde el narcotráfico.

La llamada dinámica de Robin Hood, en que el mundo narco asiste y ayuda a las familias a cambio de su lealtad, puede traer al país los fenómenos de maras y pandillas que se observan en países como el Salvador, Honduras Guatemala, donde es habitual el uso de menores de edad en la comisión de delitos como extorsión y homicidios. Esa puerta, una vez que se abre, es difícil de cerrar.

Esta emergencia no sólo es sanitaria, se transformó en una emergencia social y económica, por lo que es esencial contar con políticas sociales que tengan un enfoque de derechos y desarrollo de niños y niñas. Hoy más que nunca necesitamos reconstruir el tejido social, fortaleciendo a las propias comunidades. Ello requerirá un trabajo transversal, que involucre al gobierno, partidos de oposición, organizaciones civiles, la Academia, el sector privado y todo el país.

Nuestros niños y niñas no pueden seguir esperando.