El desafío de descentralizar las capacidades científicas

La concentración social y económica es una realidad en muchos países y que en Chile tiene grados superlativos en términos de población, aparato productivo, decisores públicos y privados y, en general, en las posibilidades de desarrollo de las comunidades.

Y las universidades regionales, en tanto, nacieron como una expresión de rebeldía de las comunidades locales contra esa anómala característica de nuestra historia. Ellas han valorado la diversidad socioeconómica y cultural del país; han desafiado el círculo vicioso del centralismo; se han esmerado en formar personas y profesionales; han generado conocimientos para responder a las necesidades de sus habitantes y territorios; y, entre otros aspectos, han compartido iniciativas y proyectos con los actores públicos, privados y comunitarios de su entorno.

En la lucha contra la actual pandemia por COVID-19, diversos actores y medios de comunicación valoran que en todas las regiones haya capacidades humanas, científicas y tecnológicas que, con conocimientos y compromiso, han estado en la primera línea y lo seguirán haciendo, para enfrentar sus secuelas sanitarias, sociales y económicas. Aunque se menciona poco que esas capacidades se han incubado al alero de las universidades regionales.

La política de asignación de recursos, y particularmente de los fondos concursables, aplicada en muchos ámbitos de la gestión pública, tiene elementos positivos y justificables, pero también otros negativos que deben enfrentarse. Invariablemente, en esta competencia, pierden las comunidades vulnerables, los municipios débiles y también las regiones en relación a Santiago.

Chile destina pocos recursos al quehacer científico y es razonable aplicar criterios que, en especial, velen por la calidad de los proyectos. Sin embargo, todos los criterios y en especial éste pueden revisarse en su aplicación práctica y resultados. “La calidad debe ser medida en el contexto”. La aplicación acrítica o descontextualizada de esos criterios puede generar efectos negativos que, en último análisis, constituyen un obstáculo al desarrollo del país como un todo.

En los países más atrasados sus capitales nacionales muestran niveles anómalos de concentración territorial, víctimas de un efecto de “bola de nieve” o de retroalimentación difíciles de revertir. Santiago es ejemplo destacado en población, aparato productivo, entre otros.

Los países más avanzados aprecian las ventajas de la aglomeración, las economías de escala y del prestigio que genera constituir grandes comunidades de investigadores, pero de manera simultánea sus políticas y recursos públicos también buscan un desarrollo territorial armónico.

Chile ostenta hoy un compromiso político y social transversal para enfrentar el centralismo. Por un lado, lo justifican problemas tan agudos y diversos como la contaminación, la congestión, la inseguridad ciudadana y en general la gobernanza de Santiago. A ellos, debe agregarse la amenazante crisis hídrica que se cierne sobre los 7 millones de capitalinos.

La descentralización también tiene factores favorables, como la riqueza de las regiones chilenas –ambiental, productiva, cultural-, el empuje de sus comunidades locales y el contar con una red de universidades regionales que cubren desde Arica a Magallanes.

El estallido social y la crisis generadas por la pandemia están llamando a todos los actores a revisar los esquemas de desarrollo y hacer los ajustes necesarios. Y en la búsqueda de un nuevo pacto socio-territorial estamos todos llamados: autoridades de gobierno y parlamento, instituciones académicas, organizaciones sociales, municipios, gobiernos regionales actuales y sus futuras autoridades electas.

Sin duda, por todo lo indicado, y para avanzar hacia un nuevo Chile, una política de descentralización de las capacidades científicas debiera ser uno de los objetivos prioritarios y las instituciones deberían velar por ello.